CRISIS, CONCERTACIÓN Y DEMOCRACIA
INTRODUCCIÓN
Este
Informe Confidencial tiene por objeto presentar algunas
reflexiones sobre la coyuntura económica y política que vive
el país, caracterizada por un sentimiento generalizado de
crisis, además, pretende contribuir con algunos elementos de
juicio que faciliten el diálogo y que permitan encontrar
salidas viables y creíbles a la coyuntura actual. Müller
& Asociados ha invitado al Lic. Carlos Toranzo Roca para
que presente, en la segunda parte de este documento, un
análisis de la coyuntura política. No
cabe duda que en el país aumenta cada vez más el descrédito
de los partidos políticos, junto a ello periódicamente
emergen rumores de algunos sectores sobre la viabilidad del
actual Gobierno. Lo evidente es que el país ha ingresado
prematuramente en un proceso preelectoral con miras a las
elecciones del 2002, lo que introduce una serie de factores
que evitan que Bolivia pueda lograr y acelerar algunos
consensos para superar la actual coyuntura.
Por
otro lado, es importante recordar que las encuestas muestran
que ningún partido político lograría una mayoría absoluta
en las elecciones del 2002, en consecuencia, lo más probable
es que se dé nuevamente la necesidad de conformar un gobierno
de coalición. La percepción general -sin introducir otros
elementos que alteren radicalmente el escenario político- es
que los partidos con mayores chances de obtener las primeras
votaciones son el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
y el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), en tanto
que ADN (Acción Democrática Nacionalista) podría á definir
con su voto en el H. Congreso Nacional cuál de los dos
partidos arribaría al gobierno. Esta realidad es la que
genera, al interior de la coalición gobernante, una serie de
fricciones ya que no existe dentro de ADN una coincidencia
total sobre a qué partido apoyará. Por otra parte, ADN
todavía no ha elegido a su candidato presidencial para las
próximas elecciones, lo cual le impide definir una clara
estrategia política con miras al 2002, así como tampoco
puede planificar sus pasos para un 2007 que todavía está muy
lejano.
Finalmente,
mientras que la población espera que los partidos logren
acuerdos que permitan generar confianza política para superar
la difícil situación que se vive en el campo económico, la
aceleración del proceso preelectoral marcha por su lado y
conduce al país hacia un falso debate en la coyuntura con
relación a los siguientes temas:
-
¿Quién
es el responsable de la situación actual? La
capitalización y la reforma de pensiones o, por el
contrario, la reducción de los recursos emergentes del
narcotráfico y el impacto de la Ley de Aduanas en la
economía informal.
-
Bolivida
o Bonosol
-
Crisis,
recesión o desaceleración
A
esta altura de los acontecimientos, lo cierto es que hay una
crisis política y se vive una situación económica y social
delicada y difícil y que la capitalización y la reforma de
pensiones, son hechos irreversibles. En el caso de la reforma
de pensiones, de lo que se trata actualmente es de asegurar el
ahorro de los trabajadores bolivianos y permitir que esos
recursos -estables y de largo plazo- sean utilizados
fundamentalmente para financiar el proceso de inversión en el
país (que es la única manera de asegurar el crecimiento y el
empleo), evitando el incremento del déficit fiscal. A
la población la asfixia la subsistencia de un fuerte
centralismo, por eso le interesa saber cómo se profundizará
el proceso de descentralización. Esto supone definir con
precisión aún las competencias de los municipios,
prefecturas y del Gobierno Central, de manera tal que sepa en
qué escenarios debe discutir y plantear sus problemas, así
como ubicar los escenarios de las soluciones.
A
las regiones les interesa que se defina con la más absoluta
claridad y a la brevedad posible, los mecanismos y criterios
de distribución y uso de los fondos emergentes de alivio de
la deuda, así como los criterios de la asignación de la
inversión pública (aplicación de las conclusiones del
Diálogo 2000). A los
productores les interesa asegurar que el Servicio Nacional de
Caminos administre los recursos de inversión en
infraestructura de manera eficiente y transparente, no del
modo discrecional que es costumbre de esa institución; esa
necesidad se orienta a maximizar la utilización del limitado
presupuesto y asegurar que la producción del campo y de la
industria llegue a los mercados.
A
los contribuyentes les interesa contar con procedimientos
transparentes, no discrecionales, que le aseguren al Estado la
posibilidad de cobrar de manera oportuna y universal los
tributos, pero garantizando su derecho de defensa. Les
interesa además una institución recaudadora, profesional y
despolitizada (aprobación del Código Tributario e
institucionalización del Servicio Nacional de Impuestos
Internos). A los
depositantes del sistema bancario les interesa contar con un
sistema financiero solvente que garantice y provea seguridad a
sus ahorros (Ley de Garantía de Depósitos).
A
los empresarios les interesa el acceso a recursos financieros,
a tasas de interés razonables, para dinamizar la economía
(desarrollo del mercado de capitales). A
los desempleados les preocupa la generación de empleo
temporal de emergencia, mientras la economía se reactive y se
oriente a un crecimiento más sostenido. A
la sociedad en su conjunto le interesa mejorar la cobertura y
calidad de los servicios de salud y educación mayor seguridad
jurídica y menos corrupción, pero, sobre todo, saber que
existe una luz al final del túnel y que no es, precisamente,
la de un tren que viene en dirección contraria (eficiencia de
la inversión pública social). A
los paceños les interesa tener una ciudad acogedora y no
bloqueada por manifestaciones y protestas por problemas que no
hacen a su municipio ni a su población. Es
por ello, que la población boliviana espera de su clase
política madurez y de su gobierno firmeza dentro de la ley,
porque de otra manera, la crisis política y la sensación de
desgobierno que se vive actualmente podría agravar la
situación económica conduciendo al país a una crisis
económica de magnitud.
Con
relación a la crisis económica, -más allá de la
profundidad de la misma-, en la coyuntura actual, es necesaria
una reflexión que apunte a comprender que existen otros
factores que pueden agravarla y que hay elementos que
ayudarían a solucionarla. Con
este propósito se presenta un análisis de las causas, de la
forma de gestación y las formas de enfrentar una crisis, a
partir de las lecciones internacionales. Se acompaña el
análisis con datos y gráficos de la realidad económica
nacional.
II.
CRISIS ECONOMICA
En
el último número de The American Economic Review, que resume
las ponencias de los más influyentes economistas a nivel
internacional, en la 112º Reunión anual de la American
Economic Association, el Secretario del Tesoro Norteamericano,
Lawrence H. Summer presentó una evaluación sobre las crisis
internacionales, en ella analiza sus causas, los mecanismos de
prevención y sus soluciones posibles. No
cabe duda alguna que, la experiencia teórica y práctica de
Summers, en el campo económico puede ser analizada a la luz
de lo que está sucediendo en Bolivia. Según
Summers, cada crisis financiera es diferente y tiene sus
propias particularidades. No obstante, existen elementos
comunes que deben ser destacados y entendidos para poder
desarrollar estrategias anticrisis. Está claro que, aunque el
desarrollo de una crisis en Bolivia no tiene implicaciones
internacionales, ello no significa que en un mundo globalizado
como en el que vivimos, que se desarrolla dentro de un modelo
de economía de mercado, la gestación y desarrollo de nuestra
crisis no posea elementos comunes a las de países más
grandes.
La
gestación de una crisis incluye el desarrollo de los
siguiente elementos:
En primer lugar, luego de un período sostenido de afluencia
de flujos de capital, los inversionistas nacionales y
extranjeros deciden reducir el stock de sus activos como
consecuencia del cambio de la situación económica del país.
Esto puede tener varias causas tales como la preocupación
sobre la capacidad del gobierno de mantener su política
cambiaria; inquietud por aumentos en el déficit fiscal;
preocupación por el tamaño del déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos y por el debilitamiento de la
solvencia del sistema bancario, como efecto de su bajo nivel
de capitalización o la debilidad de la autoridad supervisora.
En el caso boliviano, los dos
factores que influyen en el comportamiento de los agentes
económicos son la pérdida de la disciplina fiscal y el
relajamiento de las normas prudenciales en el sistema
bancario.
Efectivamente,
existe preocupación de que el Gobierno, por razones de
política coyuntural flexibilice la disciplina fiscal más
allá de las posibilidades del país. Esta inquietud se genera
a partir de hechos concretos como, por ejemplo, el aumento
salarial concedido a los policías en la crisis del mes de
abril pasado y su efecto de contagio hacia otros sectores que
están demandando un tratamiento similar; la aprobación para
la creación de una universidad en El Alto; el congelamiento
del precio de los combustibles, financiado con créditos de
corto plazo otorgados por las empresas petroleras
contratistas, los mismos que deberán ser honrados por el
Tesoro General de la Nación, si es que el precio del
petróleo en el mercado internacional no desciende por debajo
de US$. 28/barril. Todo eso junto a la imposibilidad política
del Gobierno de aumentar los impuestos en esta coyuntura y,
peor aún, la posibilidad de que algunos sectores obliguen al
gobierno a reducir algunos impuestos.
Por
otro lado, los grandes depositantes en el sistema financiero y
la banca internacional que concede líneas de crédito al
sistema bancario boliviano, están observando con
preocupación, el probable debilitamiento de la autoridad
supervisora y la flexibilización de las normas prudenciales
impuestas. La emisión de los bonos de NAFIBO (Nacional
Financiera Boliviana S.A.M.), no es otra cosa que la
reducción del índice de adecuación patrimonial del sistema.
Pero, más grave aún, observan con preocupación la
posibilidad de un deterioro de la calidad del sistema bancario
nacional si es que el Superintendente de Bancos cediera ante
las presiones para disminuir los requerimientos de previsión
de cartera o de calificación de la misma. El congelamiento en
el crecimiento de los depósitos bancarios, más la drástica
reducción de la concesión de créditos de la banca
internacional al sistema bancario nacional, son pruebas de
esta inquietud (ver Gráficos Nº 1 y Nº 2).

En
segundo lugar, Summers señala que, cuando se agota la
situación anterior, los inversores dejan de evaluar la
situación económica del país, pasan a concentrarse en el
comportamiento de otros inversores y, de esta manera, se
desarrolla un clima psicológico de corrida de bancos, en el
cual nadie quiere ser el último en irse. Este estado anímico
se empieza a desarrollar a partir de rumores como los de la
moratoria de los créditos, la implantación de controles al
libre flujo de capitales, etc. En el caso boliviano,
felizmente no hemos llegado a esta etapa, de todas formas,
esperamos que la responsabilidad y sensatez de la dirigencia
empresarial y de la clase política -en el proceso de diálogo
que se está llevando a cabo-, se imponga para no
subalternizar el interés del país a sus intereses puntuales.
De no ser así, el desenlace será obvio, los ahorristas
transferirían sus recursos al exterior, la banca
internacional disminuiría sus líneas de crédito y el
sistema bancario nacional colapsaría.
Si
estos son los elementos comunes a una crisis, la siguiente
pregunta es ¿cómo prevenir una crisis?. La
experiencia internacional como resume Summers, muestra que los
factores que anteceden a toda crisis son los siguientes:

-
Debilitamiento
del sector financiero (la política de previsiones muestra
en el caso boliviano que, aunque la mora del sistema
bancario se ha incrementado, la solvencia de los bancos no
se ha deteriorado, como se observa en los Gráficos Nº 3
y Nº 4).
-
Tipo
de cambio fijo, sin contraparte coherente en la política
monetaria.
-
Deterioro
de la situación financiera, incluyendo un aumento de los
pasivos de corto plazo.
Si
ello es evidente, la estrategia sugerida por Summers para
disminuir la posibilidad de una crisis deberá orientarse
hacia:
-
El
mantenimiento de un sistema financiero sólido. Ello
implica establecer una normativa prudencial efectiva y
eficaz, que asegure la capitalización de los bancos, un
adecuado e idóneo equipo gerencial, mecanismos creíbles
para hacer cumplir la Ley, además de un código para
enfrentar las quiebras bancarias. En este orden de cosas,
más allá de la normativa de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras, lo importante es que el H.
Congreso Nacional apruebe, la Ley del Fondo de Garantías
de Depósitos, ya que de esta manera, se generarán los
mecanismos para asegurar los depósitos del público, se
establecerá la normativa prudencial para garantizar la
solvencia de los bancos y se dispondrá de las reglas de
juego para la liquidación de instituciones financieras en
problemas, minimizando el efecto contagio hacia el resto
del sistema.

Por
su parte, la Ley de Garantías Muebles, aprobada por el H.
Congreso Nacional, es un complemento para asegurar, sobre
todo, la atención a clientes pequeños, pero solventes.

-
Mantenimiento
de los equilibrios macroeconómicos e impedir la
vulnerabilidad de la política monetaria o fiscal, lo que
implica evitar un déficit fiscal superior a la capacidad
genuina de financiamiento del mismo (el déficit fiscal,
se explica en gran medida por el costo que tiene la
reforma de pensiones y el déficit de la cuenta corriente
de la balanza de pagos es consecuencia de la importación
de bienes de capital que está íntegramente financiado
por inversión extranjera, como se observa en los
Gráficos Nº 5 y Nº 6).
-
Reducción
de la vulnerabilidad de liquidez o "bicicleteo"
de las obligaciones con el sistema financiero.
La
política económica aplicada por el Gobierno actual, durante
1998 y 1999 respondió a esta lógica, empero, aunque se
evidenció un deterioro en la calidad del empleo y se registró
un reducido crecimiento económico, se logró aislar –parcialmente-
al país de una crisis financiera internacional severa,
debilitando los mecanismos de contagio generados por el
deterioro de los términos de intercambio y la transferencia de
los shocks de precios relativos en el comercio, especialmente
con Brasil (ver Gráfico Nº 7).
A
su vez, el impacto de la crisis internacional, agravado por la reducción del
flujo de recursos importantes, como el que se generaba a partir del circuito
coca-cocaína, ha puesto en evidencia las debilidades del sector productivo
boliviano. En el caso de la agricultura comercial, se ha ratificado que el
crecimiento de la producción de soya, estuvo basado en la ampliación de la
frontera agrícola, financiada más allá de lo prudente, con crédito bancario
y no así con aumentos de la productividad. Lo mismo puede decirse del caso del
algodón. Empero, donde la baja productividad es todavía más evidente es en el
sector azucarero, no solamente porque esta industria se encuentra
sobreendeudada, sino porque los rendimientos de la caña son muy pobres, por
decir lo menos.
Pero,
el sobreendeudamiento no es únicamente una particularidad del sector
agroindustrial, sino que es una característica del sector empresarial boliviano
en general. Este fenómeno se generó en el pasado por la ausencia de un mercado
de capitales, se vio agravado por la inseguridad jurídica y política del país
que indujo a la clase empresarial a financiar sus actividades con créditos,
para preservar su patrimonio de riesgos de nacionalización y/o de
confiscación. Esta tendencia se reforzó con la reforma tributaria inicial que
estableció, en vez del Impuesto a las Utilidades, la aplicación del Impuesto
al Patrimonio. Por otro lado, la existencia
de una escasa conciencia tributaria que responde, en gran medida, a la
ineficiencia y corrupción estatal en el manejo de los recursos públicos, ha
consolidado la práctica empresarial del "doble balance", uno para el
Servicio Nacional de Impuestos Internos y, otro, para los accionistas y
banqueros. A pesar de ello es importante relievar el incremento sostenido que ha
tenido la presión tributaria en Bolivia (ver Gráfico Nº 8).
En períodos de crisis, donde el sistema bancario empieza a ajustar sus
políticas crediticias, se rompe el "bicicleteo" financiero, ya sea
por motu proprio o por imposición de las autoridades supervisoras; en estas
fases se evidencia el riesgo de liquidez de las empresas, expresado en un
aumento de la mora del sistema que impulsa la necesidad de los bancos de
incrementar sus provisiones y su capital.
Por
su parte, la reforma de pensiones, que en los últimos tres años tuvo un costo
anual equivalente a casi 3.5% del PIB, impone severas restricciones al gasto
publico y a la capacidad del Estado de destinar mayores recursos a la inversión
pública, o al gasto focalizado para encarar políticas de empleo coyuntural,
que sólo se justificarían en la medida en que genere un ahorro privado estable
y de largo plazo en el país, el mismo que debería destinarse a la inversión y
al financiamiento del sector privado, en el segmento de empresas grandes. Dicho
de otra manera, es importante inducir un cambio estructural en el funcionamiento
de las empresas, en especial, de las grandes, de suerte tal que éstas accedan
al mercado de capitales liberando recursos en el sistema financiero para las
empresas medianas y pequeñas. Baste señalar que en la actualidad, el 29,8% de
la cartera bancaria se concentra únicamente en 325 préstamos; el 11,5% en 381
créditos y el 58,7% en 287 mil créditos (ver Gráfico Nº 9 y Nº 10).
Estos
fueron precisamente los motivos por los cuales el H. Congreso Nacional, como
parte de las políticas de Estado, aprobó la Ley de Valores y la Ley de
Seguros, que se constituyen en el marco legal para el funcionamiento de la Bolsa
de Valores. Actualmente, se cuenta con importantes recursos administrados por
las AFP’s, existe un marco jurídico apropiado, pero los actores privados que
deberían participar en la Bolsa de Valores brillan por su ausencia. Una de las
razones de esta última, es que su participación presupone transparentar la
información financiera de las empresas, de forma tal, que el balance para fines
tributarios sea el mismo que el confidencial. Para muchos, transparentar la
información financiera de las empresas tiene un costo muy alto, no solamente
porque aumentaría el monto de los impuestos que pagan, sino porque el Servicio
Nacional de Impuestos Internos podría aplicarles multas e intereses sobre los
tributos no declarados en el pasado.
Es por ello que existe la necesidad de modernizar el Código Tributario,
institucionalizar el Servicio de Impuestos Internos y, eventualmente, encontrar
mecanismos para conceder una especie de regularización tributaria que permita a
los empresarios sincerar su situación tributaria y participar en el mercado de
capitales.
Lamentablemente, aunque en un principio se consensuaron las modificaciones al
Código Tributario con los representantes del sector privado, éstos se echaron
atrás. El proyecto original introducía una serie de modificaciones que
hacían, entre otras cosas, más difícil recurrir al proceso contencioso
tributario, que es uno de los mecanismos más utilizados para postergar el pago
de impuestos. Asimismo, introducía el concepto del delito penal tributario, lo
que implicaba que la defraudación tributaria tendría un castigo monetario y
también penal.
El
falso debate entre Bonosol o el Bolivida, la no utilización de los recursos que
administran las AFP´s en el mercado de valores, la postergación de la
aprobación de las reglas de juego en el sector tributario, la lentitud de
reacción de los empresarios privados preocupados por encontrar mecanismos de
refinanciamiento de sus obligaciones crediticias y tributarias, la pérdida
paulatina de la capacidad de concertar políticas (atribuibles tanto al gobierno
como a la oposición), el aumento de conflictos sociales que no tienen que ver
con el Estado, -tales como el del presupuesto de la Universidad de Siglo XX, la
pelea entre el rector de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre y los
transportistas-, los conflictos generados por una mala política comunicacional
del Gobierno, como es el caso de la Ley de Aguas; todos éstos son solamente
algunos ejemplos de una lista más larga de problemas que vive el país. Pero,
todo ello se agrava por la pérdida de esperanza de la población de lograr
mejores perspectivas de trabajo y de alcanzar mejores condiciones de vida; bajo
ese contexto se ha conformado un cuadro de situación caótico y de sentimiento
de existencia de una profunda crisis en el país. |