La democracia creció con el voto local y la participación popular

Desde 1985 se elige alcaldes en Bolivia. El proceso, que nació pegado a las elecciones nacionales, se fue perfeccionado.
El gran respaldo fue la distribución de recursos fiscales a los municipios. Aún se deben vencer desafíos en esta materia.

El país está próximo a cumplir dos décadas de democracia municipal, lapso en el que se celebraron siete procesos electorales para autoridades ediles.

No todos fueron iguales y, mucho menos, perfectos. Al contrario, el proceso maduró con los años. Está claro, sin embargo, que 1994 y 1995 marcaron el hito más importante porque nació la Ley de Participación Popular y se celebraron elecciones con nuevas reglas de juego en un país municipalizado.

El vocal de la Corte Nacional Electoral, Salvador Romero, autor de varias publicaciones sobre procesos electorales, rememora que Bolivia volvió a elegir alcaldes en 1985, en los últimos meses del gobierno de la UDP, aunque en esa ocasión, la lista de autoridades ediles estuvo amarrada a la del presidente, del vicepresidente y de los parlamentarios.

Dos años después, es decir, en diciembre de 1985, se llevaron a cabo elecciones municipales independientes. Desde entonces, se repitió este proceso cada dos años hasta 1995, cuando se instituyó que el período municipal dure cuatro años, al cabo de los cuales, es decir, en 1999, se celebró otro proceso, esta vez la diferencia es que el nuevo período municipal sería de cinco años.

El municipalista Rubén Ardaya, en un Balance de las elecciones municipales de 1999, publicado por la fundación Fundemos, señala que "las elecciones municipales de diciembre de 1995 fueron el primer laboratorio en el que se ponía a prueba la participación popular".

El ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, considera que la participación popular modificó el escenario social e institucional en el país. Y cita los siguientes datos: en Bolivia, antes habían 24 municipios que recibían recursos, ahora hay 314 (este año se incluirán otros 13); la inversión municipal representaba el 3 por ciento de la inversión pública, ahora es más de un tercio; además, se conformaron 314 comités de vigilancia, se reconoció a 15.000 organizaciones de base y se conformaron nueve asociaciones departamentales de municipios y una nacional.

Sin embargo, Barbery dice que esos datos no deben servir "como coartada" para disimular la mala administración en algunos municipios. El mismo Ministro destaca que más del 60 por ciento de los municipios son administrados eficientemente.

Barbery identifica algunas deficiencias en el manejo municipal. Cita entre ellas la contradicción existente entre los cultural e institucional, la falta de una visión integral para administrar las políticas municipales, la incapacidad del país para reconocerse como multiétnico y pluricultural (falta de una visión sincrética y prevalencia de las visiones particularistas) y la ausencia de articulación entre el nivel nacional y el municipal, a través del nivel intermedio.

"Hemos pasado del idioma único del gobierno central a la Torre de Babel de los 314 municipios", dice la autoridad.

Pese a las dificultades, Barbery destaca que la participación popular "ha generado la multiplicación de los escenarios democráticos porque la descentralización es un instrumento de la democracia, y centralizar debilita la democracia".

No todos los pensadores son devotos de la participación popular. El historiador José Luis Roca, por ejemplo, en el libro Voces críticas de la descentralización (2004), sostiene que "la participación popular y la capitalización son dos elementos esenciales de la aventura antinacional del gonismo y ambas medidas sirvieron para mantenerlo como sistema". El estudioso califica a la Ley de Participación Popular como "un mero mecanismo de transferencia de fondos públicos a unos entes artificiales". Entre los convencidos de que es un buen proceso, pero que tiene serios problemas está el municipalista Iván Arias, quien también en Voces críticas de la descentralización dice que "la participación popular se ha reducido a los recursos; a la coparticipación tributaria, de cuánto recibe un municipio y cuánto deja de percibir, cuánto se puede robar, y no se hace énfasis en los procesos de participación cada vez más cualitativos, de diálogo, de presupuesto participativo, que es lo más rico del proceso".

Hitos históricos

1952 • Se hicieron elecciones municipales en el país hasta 1952, cuando se buscó reforzar el centro estatal en desmedro de los particularismos locales, según una publicación de Salvador Romero, de 1988. Ese año se inauguró un paréntesis de 40 años. Los presidentes nombraban a los alcaldes, quienes, al no contar con recursos, carecían de importancia.

1985 • Volvieron las elecciones municipales a finales de la gestión de Hernán Siles Suazo, aunque absorbidas por la elección presidencial, en una sola plancha que incluía presidente, vicepresidente, parlamentarios y munícipes. Sólo en 1987 adquirieron personalidad propia y se hicieron unas elecciones para elegir alcaldes y concejales. Desde el retorno de las elecciones municipales (1985) hasta 1995, éstas se hacían cada dos años.

1995 • Definitivamente, este es el año más importante para la democracia municipal. Un año antes había entrado en vigencia la Ley de Participación Popular, por lo tanto, los municipios desde este año contarían con los recursos de la coparticipación tributaria. Antes de este hito, sólo 24 municipios recibían dinero. La mayor parte se quedaba en el poder central. Además, ese año se dispuso que la nueva gestión municipal tenga cuatro años.

1999 • En esa ocasión se eligieron a las autoridades ediles que terminan sus mandatos este fin de año. Desde entonces, la gestión municipal es de cinco años. Elección que pasa, pese a que son los partidos nacionales los que intervienen en las municipales, las lógicas locales son diferentes, aunque se ha replicado la política de pactos y se ha puesto en práctica el voto de censura que ha llevado a muchas crisis a los municipios.