¿Queda esperanza?
Hacer un análisis del momento por el que le toca pasar a la economía del país no resulta fácil. Se habla de la crisis que llegó con rostro de recesión, las críticas aumentan cuando se pone en interrogación si el Gobierno tiene o no un programa económico coherente y claro, las dudas aumentan al ver el incremento en las tasas de desempleo y pobreza en todas sus categorías... ¿Y este panorama se ensombrecerá, más aún con las crisis en países de la región?

Para encontrar respuestas invitamos a uno de los analistas económicos más destacados del país, el ingeniero Herbert Müller, ex ministro de Hacienda en la actual administración; y él tuvo la gentileza de escribir para Bolivia.com, el artículo que publicamos a continuación. 

Ing. Herbert Müller Costas [1]

Si tuviese que sintetizar en pocas líneas las luces y sombras de estos cuatro años de gestión gubernamental, podría señalar los logros alcanzados para sacar a Bolivia del circuito de la coca-cocaína; el inicio de uno de los procesos más serios de institucionalización de los principales organismos de recaudación y gasto de los recursos públicos. La despartidización e institucionalización de la Aduana Nacional y de los diferentes fondos (FNDR, FIS, FDC) constituyen una prueba de ello.  Queda pendiente realizar el mismo trabajo para el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Caminos que estoy seguro será una de las prioridades del último año de gestión gubernamental a cargo de Don Jorge Quiroga.  Pese a los shocks externos, el país ha logrado mantener la estabilidad y la solvencia de su sistema financiero y mantener un déficit fiscal razonable evitando, de esta manera, el rebrote de un proceso inflacionario   que  logró  mantener  el poder  adquisitivo  de  un importante sector de la población entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el magisterio y los empleados del sector de la salud.  El control del déficit fiscal que, lamentablemente, que en los últimos meses de este año se ha flexibilizado, evitó un aumento de las tasas de interés y evitó iliquidez en el mercado financiero, evitando que la crisis económica que vivimos sea de mayor profundidad.
La experiencia de Argentina, muestra con absoluta claridad, que en un mundo cada vez más globalizado, una administración económica seria, requiere del mantenimiento de la disciplina fiscal y de los equilibrios macroeconómicos.  No hacerlo, implica que más temprano que tarde, se deberán realizar ajustes severos en la economía con un elevado y doloroso costo social para la población, basta observar las medidas aplicadas por el zar económico Domingo Cavallo que tuvo que reducir los sueldos y pensiones de los jubilados argentinos.

La apertura del mercado brasilero para el gas y la estabilidad de las reglas de juego en el sector energético, han permitido una fuerte inversión extranjera que se ha reflejado en un espectacular aumento de las reservas gasíferas, que garantiza al país una importante fuente de ingresos por concepto de impuestos y regalías en el mediano y largo plazo y que, a su vez, le permitirán ejecutar un programa agresivo de inversión pública en infraestructura, salud y educación. 

Definitivamente ya se ve una luz al final del túnel.  La ampliación de nuevos mercados para el gas, como la exportación de LNG (gas licuado natural) demandará del Gobierno la definición de una política internacional muy clara con Chile, México y EE.UU. que son los tres países claves para materializar la comercialización de LNG a los mercados del Pacífico.  Jorge Quiroga deberá dar continuidad y acelerar el trabajo iniciado por él hace meses en este campo.

Por otro lado, el aumento de las reservas de gas ha permitido incrementar significativamente la capacidad instalada de generación termoeléctrica que, en el futuro mediato, debería reflejarse en una disminución de los precios de energía eléctrica en el país contribuyendo a la economía popular y a la competitividad del sector productivo.

La renegociación de la deuda externa, tanto dentro del Club de París como dentro de la Iniciativa HIPC, ha permitido reducir significativamente el servicio de la deuda externa, liberando recursos para ser invertidos en los diferentes municipios con un criterio redistributivo más justo, lo que refleja los consensos logrados en el Diálogo Nacional 2000 y que han sido recogidos en la Ley del Diálogo Nacional, recientemente aprobada por el H. Congreso Nacional.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD, confirma que los indicadores sociales han mejorado aunque de manera modesta.

No obstante, el crecimiento se ha dado casi exclusivamente en los sectores modernos de la economía (hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones) caracterizados por ser intensivos en capital y, en consecuencia, no ha permitido mejorar la calidad y cantidad del empleo en el país.  Esto explica porqué, pese a registrar relativamente  buenos indicadores económicos, un porcentaje significativo de la población está mal.  Esta situación se ha agravado porque el sector empresarial boliviano no ha logrado adaptarse a las condiciones que exige una economía globalizada, que anteriormente lidió con la crisis asiática y en la actualidad debe hacer frente a la desaceleración de la principal economía mundial que son los EE.UU.  Así por ejemplo, para mejorar la competitividad de la agricultura comercial boliviana se tendría que aumentar la productividad y no necesariamente la frontera agrícola, que fue financiada con créditos y no con capital de riesgo.

El apoyo estatal deberá orientarse a mejorar la infraestructura vial, tarea en la cual el esfuerzo gubernamental ha sido modesto, por decir lo menos, y a la creación de condiciones para el desarrollo de un mercado de capitales que permita canalizar recursos de largo plazo en la economía boliviana.  El anterior gobierno encaró la reforma de pensiones, en la presente gestión se completó e implantó el marco regulatorio para que el ahorro que se genera como resultado de la reforma de pensiones (US$. 830 millones acumulados a marzo de 2001) pueda canalizarse hacia el mercado. Lo que falta son los actores que utilicen estos recursos.

El proceso de adaptación del sector productivo nacional no es una tarea fácil ni rápida y eso plantea al gobierno la necesidad de crear programas de empleo que permitan al país cruzar el vado.  Los programas de empleo – una prioridad en la coyuntura actual -, deberían generarse, principalmente, a partir de las alcaldías municipales con el apoyo de los distintos fondos agrupados en la Dirección Única de Fondos.

Lamentablemente, la Ley de Participación Popular, no se ha complementado con definiciones claras sobre las competencias que corresponden al Gobierno Central, las prefecturas y los municipios.  Esta es precisamente una de las tareas pendientes  que deberá encarase a la brevedad posible, definiendo el alcance y ritmo con que se debe ejecutar la descentralización en el país.  En esta área, debe destacarse, el esfuerzo que viene realizando el gobierno central para sanear las finanzas municipales, lo que ha puesto en evidencia, al mismo tiempo, la débil institucionalidad municipal que impide una mayor eficiencia, eficacia y rapidez en la ejecución de la inversión pública y, por ende, en la generación de empleo, situación que se ve agravada por la incapacidad administrativa y ejecutiva de la mayoría de las prefecturas departamentales.

Sin lugar a dudas, la sostenibilidad en la creación del empleo provendrá del proceso de inversión que realicen las empresas bolivianas, sobre todo, en el sector de la pequeña y mediana industria.  Esto supone que las empresas grandes se deberían financiar fundamentalmente en el mercado de capitales y la pequeña y mediana industria en la banca. El ingreso al mercado de capitales, obliga a las empresas a transparentizar sus estados financieros, lo que implica para muchas de éstas un elevado costo, ya que deberán regularizar su situación impositiva.

Es por ello, que la institucionalización y despartidización del Servicio de Impuestos Internos, deberá estar acompañada de la aprobación del nuevo Código Tributario que, entre otras cosas, haga de la evasión y defraudación tributaria un delito penal, pero, al mismo tiempo, permita regularizar la situación impositiva de las empresas nacionales por única vez a un costo razonable y sin penalidades.

El camino que ha tomado el gobierno de flexibilizar las normas prudenciales de la banca y la creación de la Ley FERE para apoyar el refinanciamiento de las empresas en mora, no solamente que está debilitando la solvencia del sistema financiero, sino que además envía señales equivocadas al mercado.  Parecería ser que los buenos pagadores son castigados y los malos son premiados.

La crisis argentina, en el mejor de los casos, repercutirá en la contracción del flujo de recursos hacia la región, obligará a los países a ajustar sus tipos de cambio y, probablemente, generará tendencias proteccionistas.  Sin lugar a dudas, este aspecto presionará aún más al sistema financiero nacional.  Es por ello, que la Ley de Fortalecimiento Bancario que ya esté en el H. Congreso Nacional y que fija las normas prudenciales y de supervisión para asegurar un sistema solvente y la  oportuna intervención de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cuando la situación amerite, debería ser aprobada a la brevedad posible.

Uno de los riesgos y tentaciones que enfrentará el gobierno de Jorge  Quiroga es que con el pretexto de aumentar la demanda agregada, el sector empresarial podría ejercer presión para que se aumente el déficit fiscal, el mismo, por las limitaciones que imponen los mercados financieros, sería financiado con deuda interna.  De hecho, el menor nivel de crecimiento del PIB; la caída en las recaudaciones tributarias, especialmente, por concepto de IEHD  (US$. 26 millones) que permitió financiar en parte el congelamiento de los precios de los carburantes; la otra parte, fue financiada por las empresas petroleras a quienes se les debe hasta la fecha aproximadamente 20 millones de dólares.  La subvención del gas licuado en el mercado, con un costo de cuatro millones de dólares mensuales y un incremento del gasto como consecuencia del aumento en el mínimo de la renta de jubilación que representa para el Tesoro General de la Nación un costo de 30 millones de dólares y la garantía de no coparticipar, sino de garantizar los ingresos presupuestados a las universidades públicas, elevarán el déficit fiscal este año a más de un 4.5%.

El financiamiento del déficit fiscal con deuda interna implica un aumento significativo en el pago de intereses por concepto de deuda pública. Actualmente, los intereses por deuda interna son más o menos iguales a los de la deuda externa (aproximadamente 100 millones de dólares anuales) aunque ésta última es cuatro veces más que la deuda interna. Esto es lógico ya que la tasa de interés  por la deuda interna es significativamente mayor que la tasa de interés promedio que se paga por concepto de la deuda externa .

Pero lo más grave es que de mantenerse el ritmo de endeudamiento interno actual, en los próximos años el gobierno deberá aumentar los impuestos para repagar la deuda pública o incumplir el pago de la deuda a las AFP´s.  Es decir,  confiscar el ahorro de los asalariados bolivianos o reducir el monto de los salarios y jubilaciones como se está haciendo en  Argentina.

Finalmente, pero no por ello menos importante, la gestión de Jorge Quiroga deberá revertir en este año, una percepción generalizada sobre la corrupción gubernamental. La población necesita ver un gobierno con autoridad que más allá de preocuparse por la crisis, se ocupe de la misma de manera transparente optimizando la recaudación impositiva y el gasto en inversión pública.  Esperemos que en el próximo Grupo Consultivo que tendrá lugar en el mes de septiembre, el Gobierno obtenga donaciones y créditos concesionales en tasa de interés y plazo para coadyuvar en un programa de emergencia para crear empleo en el corto plazo. 

29.07.2001