Representantes de la Iglesia, DD.HH. y la Defensoría del Pueblo dicen que no pueden hacer mucho para acercar a las partes en conflicto debido a las posiciones cerradas.

Las condiciones que impone el Gobierno para acceder al diálogo con los cocaleros —la entrega de los asesinos de los uniformados y la exclusión de Evo Morales y otros dirigentes campesinos de la negociación— alejan las posibilidades para una intervención de los facilitadores, reconocieron éstos ayer.

El panorama para las siguientes horas es incierto para los facilitadores. Sin embargo, las tres instituciones que conforman esta instancia de acercamiento ya tienen definida una línea de trabajo tras los sucesos de ayer.

La Defensoría del Pueblo decidió que dejará de interponer sus oficios toda vez que el conflicto dejó de tener un matiz socioeconómico. La posición del Gobierno de no negociar con los dirigentes cocaleros le asignó un tinte político. Por eso “hacemos un alto en el camino”, dijo Ricardo Pol, representante de esta institución en Cochabamba.

Por su lado, los representantes de la Iglesia y Derechos Humanos de esa ciudad afirmaron que insistirán en pedir el diálogo entre las partes en conflicto, pero no saben cuándo. Ello dependerá de la evolución del problema, mientras se realiza un proceso permanente de reflexión y análisis, dijeron los sacerdotes Eugenio Coter y Luis Sánchez, miembros de las dos instituciones, respectivamente.

Entretanto, los tres facilitadores vigilan el respeto a los derechos humanos de los detenidos.