Los principales dirigentes fueron identificados como los autores intelectuales de los crímenes en Sacaba. La Fiscalía de Cochabamba emitió 60 mandamientos de aprehensión.

El Gobierno lanzó ayer una ofensiva contra los productores de coca concentrados en Cochabamba y descabezó en gran parte a ese movimiento con la intervención de la sede de la Federación de Cocaleros del Trópico. La Policía detuvo a 22 dirigentes sindicales, entre ellos a Delfín Olivera, Feliciano Mamani, Silvia Lazarte y Leonilda Zurita, todos considerados parte del entorno del diputado Evo Morales.

La Fiscalía de Cochabamba emitió 60 mandamientos de aprehensión contra quienes supuestamente actuaron durante los luctuosos hechos de violencia que sacudieron a la población de Sacaba desde el pasado martes 15 de enero. Evo Morales, Delfín Olivera y Luis Cutipa fueron identificados por el Gobierno como los autores intelectuales de los crímenes de uniformados.

Quienes sean detenidos serán procesados por sedición y asesinato, entre otros delitos graves, según fuentes policiales.
Los arrestos que comenzaron ayer y continuarán tensionaron más el conflicto social y alejaron la posibilidad de diálogo luego de tres días de violentos enfrentamientos que cobraron la vida de siete personas, dos cocaleros, cuatro soldados y un policía.

El Gobierno no está cerrado a una negociación, pero rechazó como interlocutores a Evo Morales, Luis Cutipa y Delfín Olivera, a quienes culpa por los asesinatos del subteniente Marcelo Trujillo y del policía Antonio Gutiérrez, quienes fueron brutalmente golpeados y ejecutados. Tampoco descarta la posibilidad de declarar un Estado de Sitio en la zona de conflicto.

Ayer por la mañana parecía que la tensión bajaba tras la decisión de los cocaleros de abandonar Sacaba y replegarse a la ciudad de Cochabamba.
Al parecer, el malestar en los mandos militares, cuyos efectivos fueron enviados a reprimir a los cocaleros sin armas de reglamento, precipitó los acontecimientos de ayer.

El presidente Jorge Quiroga señaló de manera tajante a media mañana que no habrá diálogo sobre los muertos y exigió la entrega de los presuntos asesinos. Anunció que el peso de la ley caerá sobre ellos. En la mañana había llegado a Cochabamba el fiscal general, Oscar Crespo, para iniciar las detenciones e investigaciones del caso.

Los cocaleros que deliberaban al mediodía acordaron exigir al Gobierno volver a las negociaciones y derogar el decreto que prohíbe y penaliza la comercialización de hoja de coca del Chapare y determina el cierre del mercado cocalero en esa población. Tras las detenciones, Morales dijo que la situación se complicará aún más. Sin embargo, no pudo ocultar su preocupación debido a que se encuentra cercado y casi solo. Pese a ello, se animó a señalar que los cocaleros no están dispuestos a replegarse al Chapare. Hoy dará una conferencia de prensa.

En el lado del Gobierno se anuncia que los 4.000 soldados y policías que llegaron al Chapare en noviembre siguen acuartelados para impedir el corte de la ruta Cochabamba-Santa Cruz.

El máximo líder de los campesinos, Felipe Quispe, dijo por su parte que su sector podría anticipar sus marchas escalonadas que deben comenzar en Sucre el día 24 en solidaridad con los cocaleros. El Gobierno descartó la posibilidad de que el conflicto se propague hacia otros sectores.