Después de la fuga nadie hizo nada para mejorar la seguridad y el control del penal. Autoridades locales responsabilizan a las nacionales.
Un día después del brutal asesinato de Humberto Gil Suárez, el ambiente en la cárcel de Palmasola era el de siempre. Reos paseando de un lado a otro, algunos trabajando en su talleres o negocios y varios haciendo deporte en la cancha principal.
Aunque no era día de visitas, varios familiares de los reos pudieron entrar. En la puerta de ingreso, como siempre, los policías exigieron carnets de identidad, anotaron los datos personales y para devolver los documentos pidieron “5 bolivianos” a cada visita. El Nuevo Día también pasó los controles.
Después de caminar unos 500 metros hasta llegar al PC-4, Régimen Abierto, nos encontramos con otro puesto de control, donde los policías volvieron a pedir los carnets de identidad, sellaron los brazos de las visitas, preguntaron a quién veníamos a ver y al devolver los documentos, nuevamente cobraron “5 bolivianos”, a cada persona.
Aunque El Nuevo Día fue testigo de los cobros que, según las normas, son ilegales, nadie hace nada al respecto. El director de Régimen Penitenciario, Carlos Gutiérrez, dijo que “personalmente no ha visto cobros, pero que si alguien tiene pruebas que se las haga conocer para aplicar el reglamento”.
“Mi responsabilidad es administrativa”, argumentó pasando la pregunta al gobernador, Gróver Campero. Éste a su vez, estaba en reunión con los internos del PC-3 y no pudo atender la llamada de este diario.
La Prefectura también deslinda responsabilidad sobre lo que sucede en la cárcel.
Adalberto Tórrez, director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura reconoció
que después de la fuga de reos, el 22 de septiembre pasado, lo único que se hicieron son promesas y que en Palmasola no ha cambiado nada. El tema está siendo manejado por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Régimen Penitenciario. “Lo único que conozco es que se está preparando un proyecto para la construcción de una cárcel de alta seguridad, pero eso depende directamente del Ministerio de Gobierno”, explicó.
“La Prefectura tiene como responsabilidad garantizar la seguridad del departamento, pero eso no incluye el tema de las cárceles. Es más, el Director Regional de Penitenciarías sólo nos visitó una vez”, justificó.
Por ahora sólo anunció una reunión para el próximo viernes con subprefectos, alcaldes, subalcaldes y dirigentes de barrio para hablar de inseguridad ciudadana.
A su vez, Herlan Camacho, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Municipal, afirmó que dicha institución no maneja para nada el tema de Palmasola, pues es responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de la Policía.
Si de seguridad ciudadana se trata, explicó, la Alcaldía sólo controla los mercados, plazas y parques, venta de bebidas alcohólicas, bares, restaurantes y la iluminación de las vías públicas, aspectos relacionados a este tema. “La Alcaldía destinó un millón de bolivianos para la seguridad, con eso hemos contratado 400 guardias municipales, lo que significa un guardia por cada 3.000 ciudadanos y eso es irracional”, admitió.
Finalmente, el director de Régimen Penitenciario, Carlos Gutiérrez, pidió paciencia para que lo dejen trabajar, pues en un país pobre como Bolivia, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana.
¿Crimen
premeditado?, los reos hablan de Gil
El asesinato de Humberto Gil Suárez, acusado de narcotráfico, habría sido planificado con tiempo y desde afuera de Palmasola.
Todas las versiones recogidas por El Nuevo Día, en los pasillos de la penitenciaría, coinciden en que el “trabajo” le habría sido encomendado al reo Roberto García, alias “el Killy”, por 5 mil dólares y que éste, después de darle unos pesos al brasileño Francisco Dorado Oliveira, le ordenó que asesine a Gil Suárez.
Eran las 15.00 del lunes cuando todos los presos estaban descansando después del almuerzo. Humberto Gil se encontraba en el interior de su celda en el Pabellón 1 cuando fue visitado por Dorado, quien purga una condena de 30 años por asesinato y robo agravado.
Entre ambos hubo una discusión y el brasileño sacó de su cintura un cuchillo carnicero y atacó a Gil provocándole 48 heridas en diferentes partes del cuerpo.
“Los internos corrieron hacia mí y me avisaron que había problemas en el Pabellón 1. De inmediato me fui hasta allá y me encontré con el cuerpo ya sin vida de Humberto Gil. Los compañeros después dijeron que el autor era un tipo que escapaba corriendo. Llamé a los otros encargados de seguridad y lo atrapamos para entregarlo a la Policía, pues los otros presos querían lincharlo”, relató Carlos Alberto Calderón Salazar, encargado de disciplina del penal.
Francisco Dorado, quien es portador del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), está detenido desde el 19 de julio de 2002 y ahora está aislado en la celda de castigo. Trabajaba como móvil (interno que se encarga de mostrar el camino a los visitantes del penal) y así se ganaba unos pesos para subsistir.
Pero
al parecer, Humberto Gil no es el único que estaba en la mira. Otros reos que fueron detenidos en la operación Galpón en enero de este año, también temen correr la misma suerte.
Después del crimen, el piloto José Gualberto Suárez Olivera, acusado por el Ministerio Público de ser parte de una banda internacional de narcotraficantes, decidió encerrarse en su pabellón porque tiene miedo “ser el próximo”. Sin embargo, asegura desconocer las causas de la muerte de Gil Suárez, a quien calificó de un “hombre muy querido y respetado, que no tenía enemigos y trabajaba con la madre Betty Luján en el Área Social ayudando a los internos necesitados”.
La versión de los reos contradice a la del gobernador de Palmasola, Gróver Campero, quien el día del crimen aseguró que “de acuerdo a versiones de los testigos del hecho” Francisco Dorado intentó cobrarle a Gil Bs 15 que le debía, pero éste lo golpeó, provocando la reacción del brasileño quien lo mató con un cuchillo. Ayer, Campero dijo que aún no se encontró el arma que utilizó el recluso.
Antecedentes
Humberto Gil Suárez estaba detenido en Palmasola desde el 12 de enero de este año acusado por el Ministerio Público de narcotráfico. También purgó una condena de 11 años por el mismo delito en una cárcel argentina.
Roberto García alias “el Killy” es miembro de la “pesada de Palmasola” y purga una condena por asesinato. También es el principal sospechoso de matar en Palmasola al ex recluso Coco Villalobos.
Francisco Dorado Oliveira purga una condena de 30 años por asesinato y robo agravado. Es portador del Sida. Trabajaba en el penal como “móvil” y se cree que mató a Gil Suárez por encargo de “Killy”.
