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 22
senadores, entre ellos 20 de la coalición de gobierno,
determinaron abrir causa en el Tribunal de Imprenta
contra el diario Extra que el 3 de enero informó sobre
el problema intrafamiliar en el que estuvo involucrado
el ahora ex ministro Wálter Guiteras. Una resolución
deplora la actitud del senador que incurrió en
generalizaciones al llamar bastardos a los periodistas.
Resoluciones
manuscritas y correcciones de último momento al
documento final fueron el preámbulo para que la comisión
especial pluripartidaria del Senado hiciera conocer su
informe en conclusiones sobre el caso Guiteras.
Cerca de las 13.00 de ayer el presidente del Senado,
Leopoldo Fernández, entró al hemiciclo de la cámara
para de inmediato conocer el esperado informe.
Horas antes, la junta de directores de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), reunida en
Fortaleza-Brasil, hizo conocer una resolución pidiendo
al Senado de la República que retire la inmunidad
parlamentaria a Wálter Guiteras.
22 de los 27 senadores (muchos de ellos suplentes)
aprobaron por unanimidad el informe de la comisión
especial del Senado y
una resolución en la que deploran "la
actitud del senador Wálter Guiteras que incurrió
—dice la declaración— en generalizaciones
impropias e incompatibles con la dignidad y
ecuanimidad de las cuales debe estar investido un
dignatario de Estado y senador de la República en todo
tiempo y lugar". Del total de senadores, 20
pertenecen a la coalición gobernante.
NO
SE INVESTIGÓ
El 4 de
enero Guiteras llamó bastados a los periodistas y
desafió a los efectivos de la Policía a que demuestren
las aseveraciones que hacía el periódico Extra.
La comisión especial respalda sus conclusiones sobre
los hechos del 2 de enero, que liberan de
responsabilidades al senador, en informes técnicos de
la Fiscalía de Distrito, cuando esta instancia aclaró,
en reiteradas oportunidades, que no investigó el asunto
y que sólo estableció los hechos relacionados con el
soborno a policías ocurrido la madrugada del 10 de
enero. Tras señalar que "si bien este problema se
origina
en un conflicto intrafamiliar, donde el supuesto
causante del mismo sería el ex Ministro de la
Presidencia", la comisión
afirma que esta autoridad no cometió los actos
que le imputó el periódico Extra. Asimismo
"estableció que no hubo signos de violencia física,
por las declaraciones expresas de la señora
Lourdes Arias de Guiteras", aunque no se conoce que
la comisión haya realizado exámenes periciales ni
haya recibido las declaraciones de la víctima ni
de dos radiotaxistas que atendieron el llamado de la señora
Arias, la madrugada del 2 de enero.
Sobre este asunto, aunque en un principio negó que
hubiesen ocurrido los hechos, el mismo senador Guiteras
terminó admitiendo que sí tuvo una riña familiar la
madrugada del 2 de enero.
El presidente de la comisión especial, Reynaldo
Venegas, explicó que ésta no profundizó en la
investigación de los hechos del 2 de enero. "Ese
tema no estaba bajo la competencia de la comisión. No
nos olvidemos del Código de Familia y del Código Niño,
Niña y Adolescente que dan determinadas protecciones,
que no permiten que nadie de oficio pueda incidir en
este tipo de problemas. Era un tema muy delicado,
felizmente no correspondía al ámbito de trabajo de la
comisión, por eso es que no lo hemos tocado. Puede
haber habido violencia psicológica, pero eso pertenece
al ámbito estrictamente privado, de la familia".
La resolución por la que fue creada la comisión
especial, señala que ésta debía investigar las
"causas, consecuencias, implicancias y
emergencias" de los hechos que motivaron el pedido
del senador Guiteras para que una comisión especial del
Senado estudie su caso.
Según lo que pudo establecer la Fiscalía de
Distrito de La Paz, los hechos ocurridos el 2 de enero
en el domicilio de la familia Guiteras derivaron, entre
otras cosas, en un hecho de soborno de parte del
teniente Renato Bellota, miembro del cuerpo de seguridad
del entonces ministro Guiteras al sargento Jesualdo
Choque, a la sargento Sthael Larrea y al policía
Eustaquio Achu. Después de conocerse este hecho, el
entonces ministro de la Presidencia renunció al cargo.
Sobre los hechos reflejados en los medios escritos y
televisivos, el informe señala "que es innegable
que esta situación generada como consecuencia de un
problema intrafamiliar del 2 de enero del 2001, ha sido
sobredimensionada, distorsionada, magnificada y
manipulada por algunos medios de comunicación".
Una vez que la comisión especial comenzó su trabajo, y
tras conocerse las declaraciones de algunos de los
involucrados, el presidente de dicha instancia prejuzgó
en más de una ocasión adelantando criterios acerca de
la actuación del senador Guiteras y
el papel de los policías que atendieron el caso.
Ayer, el presidente de dicha comisión señaló que no
hubo presiones por parte de Guiteras ni menos se
pretendió tapar los hechos. "Se procedió de la
manera más transparente posible. Aunque reconoció que
en algún momento hubo situaciones encontradas entre los
miembros de la comisión en la elaboración del informe
"porque a veces estaba queriendo aflorar el interés
político-partidario, pero los miembros de la comisión
dejaron a un lado sus intereses".
"Hemos querido ser ecuánimes. En lo que ha
correspondido censurar a Guiteras, lo hemos hecho y
ahora será la justicia ordinaria la que establezca
hasta dónde van las denuncias y hasta donde tienen
validez".
De acuerdo con las resoluciones aprobadas ayer
en el Senado, aquellas denuncias que tienen que
ver con delitos económicos pasarán a las instancias
que correspondan.
Paralelamente a la resolución lamentando la actuación
del senador Guiteras, los senadores determinaron pasar
al Tribunal de Imprenta al director y periodistas del
matutino popular Extra.
SOBRE
LA SIP
Ante el
pedido de la SIP de retirar la inmunidad al senador
Guiteras debido a que periodistas y directivos de
medios, como el director de La Palabra de Trinidad,
fueron hostigados y hasta agredidos por hablar del caso,
los senadores aprobaron una resolución rechazando esa
solicitud. Argumentaron que el Senado actuó de acuerdo
con el artículo 52 de la Constitución Política del
Estado por el que ningún parlamentario puede ser
procesado por un delito civil durante el ejercicio de su
mandato. Está en curso una invitación a los directivos
de la SIP para que conozcan la situación sobre la
libertad de prensa en Bolivia.
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