Defensor presenta demanda contra dos artículos del decreto 2195

La Defensoría del Pueblo de Bolivia demandó por inconstitucionalidad un decreto del presidente Evo Morales que supuestamente vulnera derechos de los pueblos indígenas en la exploración de hidrocarburos o la construcción de infraestructuras en los territorios que habitan.

"Hemos analizado el decreto desde la perspectiva de las normas nacionales y los principios internacionales de derechos humanos y consideramos que existen vulneraciones muy graves a estos derechos y por eso hemos pedido al tribunal competente que declare inconstitucionales esos artículos", sostuvo la autoridad.

Según Villena, con una sola decisión "se está desconociendo más de cincuenta años de lucha de los pueblos indígenas" por ser sujetos activos del Estado, de ser protagonistas en su propio desarrollo y de ser propietarios de sus territorios.

Los artículos demandados por la Defensoría regulan la forma en que las petroleras o el Estado compensarán a los pueblos indígenas cuando se hagan actividades extractivas u obras de infraestructura en las regiones donde viven.

La demanda sostiene que las medidas del Gobierno son inconstitucionales porque establecen que un acuerdo entre empresa e indígenas debe determinar cómo se invertirá la compensación y porque se fijan plazos perentorios a las comunidades para lograr acuerdos.

Además, indica el Defensor, esos artículos señalan que los proyectos sociales o productivos podrán ser ejecutados por los pueblos indígenas o por medio de entidades públicas y privadas.

"Hay una clara distorsión de los principios constitucionales y legales respecto al derecho de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos y sin injerencia del Estado y mucho menos de empresas privadas, sobre cómo van a invertir los recursos de compensación o cuánto tiempo precisan para debatir entre comunidades estos aspectos", dijo Villena.

Según el Defensor, la normativa aprobada por Morales afecta tratados como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría del Pueblo también criticó hace unos días otros dos decretos, uno que afecta el derecho de los indígenas a ser consultados sobre obras en sus territorios y otro que permite la exploración de hidrocarburos en reservas naturales. EFE