Glencore demanda a Bolivia por expropiación de Vinto y Colquiri

La Procuraduría General del Estado boliviano informó en un comunicado que el país fue notificado por el arbitraje por la supuesta existencia de una controversia sobre esos activos.

Imagen de febrero del año 2007, que corresponde a la nacionalización del Complejo Metalúrgico Vinto. Foto: ABI
Imagen de febrero del año 2007, que corresponde a la nacionalización del Complejo Metalúrgico Vinto. Foto: ABI

La Procuraduría General del Estado boliviano informó en un comunicado que el país fue notificado por el arbitraje por la supuesta existencia de una controversia sobre esos activos.

Una subsidiaria de la suiza Glencore presentó una demanda de arbitraje contra el Estado boliviano para buscar una indemnización por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, de la Planta Vinto Antimonio y de la concesión minera Colquiri, situadas en el oeste de Bolivia.

El Estado boliviano tomó el control del Complejo Metalúrgico Vinto en 2007, la Planta de Antimonio Vinto en 2010 y el centro minero de estaño Colquiri en 2012, detalló la Procuraduría.

La institución justifica la nacionalización señalando que los dos primeros bienes eran antes estatales pero fueron privatizados durante los "gobiernos neoliberales" a precios por debajo de su coste real y no recibieron las inversiones prometidas.

Sobre Colquiri, la Procuraduría asegura que fue el escenario de un conflicto social "por responsabilidad de la empresa que terminó cobrando una vida", en referencia a graves enfrentamientos entre grupos rivales de mineros producidos en 2012.

La entidad señala además que llama la atención que Glencore haya esperado casi diez años para plantear el arbitraje y que la empresa helvética, por medio de su filial Sinchi Wayra, tenga un contrato de asociación con el Estado para operar en las minas Porco y Bolívar.

La Procuraduría argumentará en su defensa que la transferencia de privatización de esos bienes fue hecha con una "serie de posibles irregularidades en la subasta" para su adjudicación.

Asimismo, la institución consideró "inverosímil" la presentación de la demanda argumentado que llevaba años negociando con la firma y anunció que responderá a la notificación hasta el 18 de agosto.

La entidad estatal boliviana cuestionó que la empresa use a una subsidiaria para plantear el arbitraje amparándose en un convenio de protección de inversiones entre Bolivia y el Reino Unido, en lugar de recurrir a un acuerdo existente entre el país andino y Suiza. EFE