CEPB cuestiona trato salarial diferenciado entre empresas privadas y públicas

La máxima representación de las empresas privadas de Bolivia criticó el decreto de incremento salarial que afectaría en mayor proporción a ese sector.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Foto: ABI
Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Foto: ABI

La máxima representación de las empresas privadas de Bolivia criticó el decreto de incremento salarial que afectaría en mayor proporción a ese sector.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas, reclamó que para definir el incremento salarial el Gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad cuando se trata de empresas públicas, mientras que en el caso de las privadas, lo decida en negociaciones bilaterales con criterios más políticos que técnicos.

"Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado", dijo citado en un boletín institucional.

El jueves, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana anunciaron que este año se incrementará 10,8% al salario mínimo nacional, que llegará a 2.000 bolivianos, y 7% al haber básico, en atención a la reivindicación de los trabajadores del país.

Nostas consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del incremento salarial, muestran que "el análisis careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo".

Además advirtió que el incremento pone en "serio peligro" el empleo de miles de bolivianos y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas.

El dirigente de los empresarios explicó que los datos oficiales del propio Gobierno muestran que la tasa de informalidad laboral supera el 60% y que la de trabajo no asalariado está por encima del 50%.

"Sabemos que esto responde en gran medida a la política salarial que opta por incrementos que no toman en cuenta la productividad y la capacidad para sostenerlos y a la política de ajustar al sector formal cuando existe un creciente sector informal, lo que deriva en una precarización de las condiciones de empleo", puntualizó.

Nostas remarcó que los empresarios nunca se opusieron a un incremento salarial, sin embargo, dijo que están en contra de aumentos que afecten la estabilidad de las fuentes de empleo.
ABI