Relator de la ONU inicia visita en el país para verificar situación de racismo

Ruteere se entrevistó en reserva en la mañana con autoridades de los Ministerios de Exteriores, Culturas y Justicia, además del Consejo de Autonomías Indígenas, según el programa de actividades difundido por la Cancillería, mientras que la ONU no ha dado ningún informe al respecto.

En los siguientes días, el funcionario también tendrá reuniones con representantes de los Ministerios de Gobierno, Comunicación, Autonomías y Educación; con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena; con magistrados del órgano judicial, parlamentarios oficialistas y con organizaciones de campesinos e indígenas leales a Morales.

El jueves estará en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde se reunirá con el gobernador de Chuquisaca, el oficialista Esteban Urquizo, y al día siguiente tendrá un encuentro en la oriental Santa Cruz con el gobernador de ese departamento, el opositor Rubén Costas.

Ruteere asistirá el sábado a la ceremonia de rituales andinos que preparan los indígenas aimaras de la ciudadela prehispánica de Tiahuanaco, a 71 kilómetros de La Paz, por el matrimonio del vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y la presentadora de noticias Claudia Fernández.

Su único encuentro con la prensa está programado para el lunes 10 por la mañana, mientras que en la noche de ese día ofrecerá una charla académica en la Universidad Católica Boliviana.

Al día siguiente, Ruteere retornará a Ginebra en la madrugada.

Según la Cancillería boliviana, el funcionario de la ONU presentará un informe con los resultados de su visita ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo año.

Antes de llegar a Bolivia, Ruteere anticipó en un comunicado difundido por la ONU que durante su misión, prestará "especial atención a la situación de los pueblos indígenas, a las personas de ascendencia africana y a otros grupos vulnerables".

El funcionario llegará a Bolivia en momentos de tensión entre periodistas y el Gobierno por una denuncia de las autoridades ante la Fiscalía contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos Página Siete y El Diario por supuesta "incitación al racismo".

El Ejecutivo los acusa de haber distorsionado las palabras de un discurso del mandatario y con ello haber provocado que dirigentes regionales del oriente de país le criticaran.

Los medios afectados rechazan haber cometido un error o un delito en su trabajo y sostienen que la Constitución establece que para las denuncias de funcionarios contra las publicaciones debe aplicarse la Ley de Imprenta, de 1925, y no recurrir al Código Penal. EFE