El viceministro boliviano de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres hizo este anuncio al concluir este miércoles la reunión de autoridades del área de seguridad de ambos países que se celebró durante dos días en la ciudad oriental de Santa Cruz.
El viceministro señaló que Bolivia y Brasil darán "una guerra frontal contra las actividades del crimen organizado por tierra y aire y por los ríos", si bien se excusó de dar fechas de las operaciones "por cuestiones de seguridad de Estado".
Cáceres y la secretaria nacional de Seguridad Pública de Brasil, Regina Miki, firmaron un acuerdo que incluye esta decisión, que involucrará acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el contrabando.
Según el funcionario boliviano, también se decidió incrementar los controles migratorios e intercambiar información de las entidades de investigación financiera de cada país para actuar contra el "lavado" de dinero.
Miki explicó, por su parte, que Brasil ha identificado 34 "puntos vulnerables" en los 16.000 kilómetros de su frontera terrestre, entre ellos cinco o seis en los límites con Bolivia.
Resaltó que en su país son habituales las operaciones en la frontera en las que participan miles de militares y policías.
Según Miki, una de las mayores preocupaciones en Brasil son los homicidios ligados con el narcotráfico, pues se calcula que de las 50.000 muertes registradas anualmente en su país, cerca del 60 % está relacionado con esa actividad ilícita.
Agregó que también "hay una preocupación muy grande" por el tráfico de armas en Brasil, sobre todo porque en Bolivia no existe un registro de las personas que poseen armamento, inquietud que ha sido trasmitida al Gobierno boliviano.
El uso de aviones no tripulados en la lucha contra el narcotráfico será abordado en una próxima reunión prevista para el 2 y 3 de julio en Brasil.
Bolivia es un país productor de cocaína, al igual que Perú y Colombia, y también tiene plantaciones de hoja de coca, base para la fabricación de la droga.
Brasil ha expresado varias veces su preocupación porque un 60 % de la cocaína hallada en su mercado proviene de Bolivia, cuyo Gobierno asegura que un porcentaje similar de la droga que circula en territorio boliviano ha sido fabricada en Perú.
El presupuesto inicial para la lucha antinarcóticos en Bolivia este año era de 20 millones de dólares pero, según Cáceres, fueron agregados otros 16 millones para estas tareas. EFE