Gobierno defenderá al boliviano condenado a la horca en Malasia

El Gobierno boliviano inició con estas acciones para defender la vida del ciudadano boliviano.

Foto: ABI
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El Gobierno boliviano inició con estas acciones para defender la vida del ciudadano boliviano.

El Gobierno boliviano inició acciones orientadas a defender la vida del ciudadano boliviano, Víctor Parada Vargas, de 30 años, que fue condenado el 5 de enero, a morir en la horca, en Malasia, por intentar introducir a ese país 450 gramos de cocaína, informó el sábado el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.

"Ya se han efectuado gestiones, se ha tomado contacto con la familia, pues no tenemos propiamente una embajada de Bolivia en Malasia, pero puedo decir se han tomado acciones y se ha tomado el contacto con la familia del ciudadano Víctor Eduardo Parada Vargas, estamos en la obligación porque somos defensores de la cultura de la vida, estamos para defender la vida de todo boliviano dentro y fuera del país", informó en conferencia de prensa.

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Informó que desde la Cancillería se tomaron contactos y acciones con las embajadas de Bolivia en Japón y en Perú, tomando en cuenta que no se tiene una institución diplomática boliviana en Malasia.

Según medios de comunicación, Parada que atravesaba problemas económicos acepto la ayuda de una persona sudafricana, que resultó ser un narcotraficante, al no poder pagar su deuda lo amenazaron con su familia y lo obligaron a realizar un viaje con droga a ese país asiático.

En 2013, fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir la droga en cápsulas ingeridas y fue sometido a la justicia de ese país.

En Malasia rige la Ley de Drogas Peligrosas de 1952 que establece que la pena de muerte es de aplicación obligatoria en los casos de tráfico de drogas a quien sea detenido en posesión de más de 40 gramos de cocaína y no se conoce de ningún caso en que se hubiera revocado la extrema sanción.

Rada afirmó que el Gobierno boliviano asumirá acciones por las vías diplomáticas para salvar la vida de ese ciudadano boliviano en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que no contempla la pena capital y defiende la vida de las personas.

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