Medios y periodistas denuncian ante ONU agresiones gubernamentales

La denuncia se efectuó mediante una carta entregada el lunes durante una reunión al representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Denis Racicot, documento al que accedió hoy Efe.

La misiva está firmada por el director de Página Siete, Juan Carlos Salazar; el de la Agencia de Noticias Fides, el sacerdote jesuita Sergio Montes, Peñaranda y Gómez, que denuncian una campaña en su contra de autoridades gubernamentales.

"Esa campaña intenta amedrentarnos a fin de reducir nuestra capacidad crítica, impedir que realicemos nuestro trabajo periodístico de manera libre e independiente y, en definitiva, acallarnos", sostienen en la carta.

Los informadores afirman que tienen "la grave preocupación de que la exaltada retórica y acusaciones" de las que son objeto acaben tornando en "en acciones y hechos, como de algún modo ya ha ocurrido en el pasado, con acciones criminales contra medios de prensa".

Asimismo, los medios y periodistas afectados piden que la ONU envíe un relator especial para la libertad de prensa.

En su misiva, recuerdan que fueron atacados con dureza por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante su comparecencia en el Legislativo el pasado 19 de mayo, en la que fueron calificados de "mentirosos", "vendidos" y "traidores", "dominados por intereses de Chile y Estados Unidos".

Quintana y el vicepresidente de país, Álvaro García Linera, sostienen que esos medios y otros mintieron para conspirar debido al tratamiento informativo que dieron a los problemas de la expareja de Morales, Gabriela Zapata, que está presa desde febrero pasado.

Según el Gobierno varios medios formaron un "cártel de la mentira" y una "mafia mediática política" junto con opositores para desacreditar a Morales usando el "caso Zapata". Las denuncias han sido rechazadas por todos los aludidos.

Zapata está acusada de varios delitos, entre ellos el de supuesto enriquecimiento ilegal y el haber presentado ante una jueza a un niño como si tratara de un hijo de ella y Morales.

La mujer, sin formación profesional, fue contratada a los 26 años como gerente comercial de la empresa china CAMC, que consiguió contratos del Estado por 566 millones de dólares, la mayoría por adjudicación directa.

Según el Gobierno, el caso fue manipulado supuestamente para perjudicar a Morales y provocar su derrota en el referendo del pasado 21 de febrero, cuando los bolivianos votaron mayoritariamente en contra de modificar la Carta Magna para permitir al mandatario presentarse a los comicios del 2019 en busca de un cuarto periodo consecutivo.

Con el mismo argumento han sido objeto de ataques la periodista Amalia Pando y el comentarista televisivo Carlos Valverde.

Valverde fue quien en febrero reveló la relación de Morales y Zapata mostrando un certificado del hijo de ambos.

Zapata admitió hace poco que el niño nació en 2007, pero murió en 2009, tras haber insistido durante meses que estaba con vida.

Pando ha pedido esta semana protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ella, su colaboradora Roxana Lizarraga y para Valverde, que decidió irse a Argentina ante el temor de ser detenido y procesado. EFE