Legalización de más cocales a contramano de la lucha antidroga

La legalización de más cultivos de coca en Bolivia con la dudosa justificación de que se industrializarán y se exportarán contradice el esfuerzo de la lucha antidroga en el país y amenaza con resentir su relación con la comunidad internacional.

Plantaciones de coca. Foto: ABI
Plantaciones de coca. Foto: ABI

La legalización de más cultivos de coca en Bolivia con la dudosa justificación de que se industrializarán y se exportarán contradice el esfuerzo de la lucha antidroga en el país y amenaza con resentir su relación con la comunidad internacional.

El parlamento, controlado mayoritariamente por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una norma que sube el volumen legal de los cultivos de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, modificando una ley que estuvo vigente durante 29 años, desde 1988.

La nueva Ley General de la Coca, que debe ser promulgada por Morales en las próximas horas, permite a los campesinos de los Yungas y de otras zonas de la región de La Paz cultivar 14.300 hectáreas y a los del Chapare (centro), 7.700 hectáreas.

En la Constitución de Bolivia, la coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y la masticación de la hoja o "acullicu" que practican algunos sectores sociales, pero parte de la producción mezclada con químicos se transforma en cocaína.

Los cocales de Yungas son conocidos como tradicionales porque nutren la comercialización para el masticado y otros usos lícitos, mientras que sobre gran parte de las toneladas de coca del Chapare cae la sospecha de que son desviadas al narcotráfico.

Esa presunción tiene como base el dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de que el mercado legal de La Paz capta un 93 % de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7 % de lo producido en el Chapare.

La conclusión de opositores, medios y analistas, y que también ha sido reconocida algunas veces por las autoridades, es que los narcotraficantes se benefician de las plantaciones del Chapare, aunque nada garantiza que toda la producción que pasa por los mercados legales tenga finalmente un destino legal.

"Si antes de esta ley la mayor parte de la hoja de coca del Chapare estaba destinada a la producción ilícita de la cocaína, con este aumento de 10.000 hectáreas más queda claro que se va aumentar la cantidad que vaya desviada a esa actividad", opinó el analista crítico con el gobierno Carlos Alarcón, en declaraciones a Efe.

Los nuevos volúmenes aprobados son superiores a los que la UNODC registró en su último informe sobre los cocales de Yungas y el Chapare, que eran de 14.000 y 6.000 hectáreas, respectivamente.

El Gobierno de Morales defendió durante años que el límite legal de los cocales debería subir de 12.000 a 20.000 hectáreas, pero para sorpresa de todos en cuestión de horas aprobó el viernes conceder 2.000 hectáreas más ante la presión de las protestas de cocaleros.

Para Alarcón, que también es abogado, la nueva normativa es una violación de la convención antidroga de las Naciones Unidas de 1961, a la que Bolivia pidió volver a adherirse en 2013 después de que el organismo reconoció el "acullicu" como una práctica cultural.

La convención considera a la coca como estupefaciente y prohíbe su exportación o de sus derivados si contienen los alcaloides.

A juicio de Alarcón, la nueva ley puede ser interpretada como "una mala señal" por la comunidad internacional, que apoya y financia parte de la política antidroga de Bolivia y había mostrado su "buena fe" con la excepción al veto a la masticación de la hoja.

Además, la reducción de los cocales ilegales, que se hace a mano y con machete, siempre ha sido una de las columnas de la lucha antidroga así como el incentivo a cultivar productos alternativos, algo que ha sido financiado con recursos de la Unión Europea (UE).

La nueva norma también ha sido cuestionada porque un estudio financiado por la UE, que realizaron estadísticos del Gobierno, estableció que se necesitan 14.705 hectáreas para el consumo legal en hogares, establecimientos económicos y el comercio fronterizo.

A Morales también se le critica "el conflicto de intereses" que representaría el hecho de que, pese a su condición de presidente, siga siendo máximo dirigente de los sindicatos del Chapare, algo que que supuestamente pesó para conceder cocales extras a esa zona.

Al contrario de los estudios, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, afirma que solo para el "acullico" hace falta 18.000 hectáreas y asegura que el resto se usará en la industrialización productos y para exportar la planta a Ecuador y Argentina.

Morales también ha anunciado varias veces que estudiaba con Cuba el uso de la hoja para producir medicamentos, pero ninguna iniciativa industrial notoria ha sido desarrollada.

Los contados ejemplos en esa área se refieren siempre a las infusiones de coca para combatir el mal de altitud, que tiene cierta presencia en el mercado local, y a proyectos de energéticos, analgésicos, ungüentos o harinas, que no han tenido éxito. EFE/Javier Aliaga

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