Ruptura de dique minero provoca vertido tóxico en el río Pilcomayo

La ruptura del dique de contención de una empresa minera en el departamento andino de Potosí, provocó un vertido de residuos tóxicos en el río Pilcomayo, cuyas aguas discurren también por Argentina y Paraguay, informó una fuente oficial.

La ruptura del dique de contención de una empresa minera en el departamento andino de Potosí, provocó un vertido de residuos tóxicos en el río Pilcomayo, cuyas aguas discurren también por Argentina y Paraguay, informó una fuente oficial.

El colapso, por causas que aún se desconocen, del dique de cola, perteneciente a la minera privada Santiago Apóstol, propició que se filtraran al cauce del río desechos de plomo, plata y zinc, confirmó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Madre Tierra y Agua de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, Shirley Espada.

Las autoridades de los departamentos de Chuquisaca y Potosí han enviado comisiones a la zona del vertido para evaluar los daños ambientales y su repercusión en las comunidades que viven en la ribera del río.

El fiscal José Luis Ríos dijo por su parte a radio Erbol que se ha ordenado la paralización cautelar de la actividad de la empresa minera y la apertura de una causa de oficio.

El Pilcomayo, cuya cuenca se extiende en más de 2.000 kilómetros, atraviesa cuatro de los nueve departamentos de Bolivia y sirve de frontera natural entre Argentina y Paraguay, país en el que lleva el nombre de río Araguay.

Autoridades del Tribunal Agroambiental de Bolivia, encargado de los delitos contra el medio ambiente, han denunciado en numerosas ocasiones la contaminación minera en el Pilcomayo y el deterioro ambiental del lago Titicaca como los casos más graves de daños ecológicos en el país andino.

A esta situación contribuye la proliferación de concesiones mineras sin control estatal y la expansión del número de cooperativas en conflicto continuo unas con otras.

El Gobierno de Bolivia aprobó este año una Ley de Minería para intentar poner orden en el sector y ampliar significativamente el control estatal sobre la concesión de explotaciones. 

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