AI pide a Bolivia atender sin demoras demandas de las víctimas de dictaduras

El organismo internacional hizo la petición en un comunicado enviado a Efe a propósito de cumplirse hoy los 34 años del golpe de Estado del general Luis García Meza, que desde 1995 cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto enBolivia por los delitos cometidos durante su dictadura entre 1980 y 1981.

AI llama a las autoridades a dar atención a todas las víctimas de los gobiernos militares que tuvo Bolivia entre 1964 y 1982, período en el que se cometieron "graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias contra opositores políticos".

Agrega que, a pesar de algunos "pasos positivos" dados en los últimos años, "muchas de las víctimas siguen reclamando aún por la verdad, la justicia y la reparación".

Las autoridades "no están dando satisfacción a las víctimas y los familiares de las víctimas de los gobiernos militares, que observan con pesar cómo sus reclamos han sido desatendidos una y otra vez por los distintos gobiernos", sostiene AI en su comunicado.

"El gobierno boliviano debe tomar en cuenta este importante aniversario, y atender con prontitud las demandas de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes militares," según María José Eva Parada, investigadora para Bolivia de AI.

La época de las dictaduras en Bolivia comenzó en 1964 con el gobierno del general René Barrientos y duró 18 años, hasta que los militares entregaron el poder a civiles en 1982.

En marzo pasado, AI denunció en un informe esa supuesta falta de voluntad del Estado de Bolivia para garantizar justicia a las víctimas de ese período, lo cual condena a cientos de ellas a ser "borradas de la historia", según dijo entonces el organismo.

García Meza cumple parte de su condena en un hospital militar debido a que padece, según sus médicos, varios tipo de enfermedades, entre ellas cuatro problemas cardíacos y diabetes.

Durante las dictaduras militares en Bolivia, más de 150 personas desaparecieron de manera forzada, al menos 200 fueron ejecutadas y cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles más fueron obligadas a exiliarse, según el informe de AI de marzo, titulado "No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación".

La organización inició el pasado lunes una campaña de recolección de firmas en su página web con varias peticiones al presidente Evo Morales, entre ellas, "investigaciones inmediatas, independientes e imparciales" para que los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos en las dictaduras comparezcan ante la justicia.

Los miembros de una organización de víctimas de esa época llevan acampados en el centro de La Paz más de dos años reclamando que el Ministerio de Justicia atienda su demanda de resarcimientos y desclasificación de los archivos militares para buscar datos sobre las desapariciones forzadas y otros crímenes. EFE