El país renovó en 2014 su confianza en Morales, pese a los fracasos sociales

Los bolivianos acudieron a las urnas el 12 de octubre y respaldaron con un apoyo del 61,36 % a Morales frente a una oposición fragmentada y con programas débiles que no lograron oscurecer los contundentes resultados económicos esgrimidos por el actual Gobierno, que incluyen una notable reducción de la pobreza extrema.

Sin embargo, tanto la oposición como la prensa crítica con el oficialismo cuestionaron la legitimidad de este tercer mandato, ya que la Constitución promulgada en 2009 por el propio Morales limita a dos los mandatos consecutivos que puede ejercer un presidente.

El principal temor con que los opositores cerraron 2014 es que, reforzado con esta nueva mayoría absoluta, el oficialismo impulse una reforma constitucional que despeje el camino a la reelección indefinida del actual mandatario. La bonanza económica boliviana, que en el 2013 logró un crecimiento récord del 6,5 %, se mantuvo en el 2014 con una previsión superior al 5 %, el mayor crecimiento de la región, propiciado sobre todo por las ventas de gas a los vecinos Brasil y Argentina.

A lo largo del año se impulsaron las prospecciones de yacimientos de hidrocarburos en zonas no exploradas del país, última esperanza para enfrentar el impacto que tendrá sobre las arcas estatales del país andino la tendencia bajista de los precios del crudo y el gas. Las boyantes finanzas permitieron precisamente que Bolivia tirara en junio pasado la casa por la ventana para recibir en la ciudad de Santa Cruz a los líderes del G77 y China para celebrar los 50 años de la creación del grupo y discutir una agenda de desarrollo internacional post 2015.

Este foro también permitió al país andino afianzarse como uno de los más combativos miembros del bloque bolivariano Alba y de la Unasur, pero profundizó la brecha entre Bolivia y los países que conforman la Alianza del Pacífico.

Entre ellos se encuentra el vecino Chile, con quien la relación bilateral empeoró este año a cuenta del diferendo marítimo entre los dos países, que dirime en la actualidad la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

No pasó una semana de 2014 sin que Santiago y La Paz cruzaran reproches a cuenta de este asunto, sobre el que ambos países lanzaron una ofensiva diplomática internacional para defender sus respectivas posturas.

También con Brasil hubo momentos de tensión pues este país parece ser el refugio preferido de quienes se consideran perseguidos políticos del Gobierno de Evo Morales.

Si el año pasado fue el senador opositor Roger Pinto, acusado por la justicia boliviana de cargos de corrupción, quien escapó a Brasil tras año y medio refugiado en la Embajada brasileña en La Paz, en marzo de este año siguió sus pasos el exfiscal Marcelo Soza, también acusado de corrupción en un polémico caso judicial.

Sin embargo, no fue la política exterior sino las graves lacras sociales dentro del país el asunto que más quebraderos de cabeza causó al Gobierno boliviano en los últimos meses. Bolivia mantuvo este año el triste honor de encabezar las tasas de violencia machista en la región, según datos de la ONU, y también las agresiones contra los niños ocuparon numerosos titulares y estremecieron a la sociedad boliviana.

Aunque el año pasado se promulgó una ley contra la violencia machista que tipifica el feminicidio y lo castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la mayor pena de la legislación boliviana, la normativa no sólo no ha frenado el problema, sino que los asesinatos de mujeres aumentaron en el 2014. Evo Morales, sin embargo, niega que la violencia machista se haya incrementado y atribuye el alto número de casos a que ahora estos delitos se denuncian; no obstante,ha pedido a la población una reflexión para eliminar este problema.

Según datos del Centro de Información de la Mujer (Cidem), de enero a octubre 169 mujeres murieron de forma violenta en el país, pero en ese mismo periodo las sentencias dictadas por feminicidio no llegaron a la decena.

Esa situación entronca directamente con la grave crisis que atraviesa la Justicia en este país, reconocida por el propio Ejecutivo, que ha llegado a calificarla de "vergüenza" y a amenazar con encarcelar a los jueces y fiscales que no cumplan adecuadamente con sus obligaciones.

De hecho, uno de los primeros pasos que el Gobierno pretende dar en la nueva legislatura pasa por una profunda reforma del sistema judicial, aunque expertos juristas han advertido de que dicha transformación radical podría poner a la Justicia bajo el control directo del Ejecutivo. EFE