Defensor saliente acusa al oficialismo de querer una Defensoría "funcional"

El defensor del Pueblo, que finaliza su mandato en mayo, acusó al Gobierno de pretender que ese cargo lo ocupe alguien que le resulte "funcional" al poder, para lo cual se estarían restringiendo las candidaturas a esa institución.

El defensor del Pueblo Rolando Villena participa en una rueda de prensa en la ciudad de La Paz. Foto: EFE
El defensor del Pueblo Rolando Villena participa en una rueda de prensa en la ciudad de La Paz. Foto: EFE

El defensor del Pueblo, que finaliza su mandato en mayo, acusó al Gobierno de pretender que ese cargo lo ocupe alguien que le resulte "funcional" al poder, para lo cual se estarían restringiendo las candidaturas a esa institución.

Rolando Villena señaló, durante la presentación de su informe anual sobre Derechos Humanos ante el Legislativo, que "gente que tenía alta cualificación ha sido desechada" porque no sabía una lengua indígena, un requisito legal supuestamente imprescindible para ocupar el cargo.

El ombudsman boliviano finaliza su mandato en mayo próximo, y el Legislativo abrió este mes el proceso para sustituirle, que incluyó la presentación de más de un centenar de candidaturas de ciudadanos para ocupar el puesto, aunque la mayoría de las postulaciones fueron rechazadas por incumplir los requisitos.

"Detrás de esto hay una clara intencionalidad de restringir y de limitar, evidentemente con criterios que vayan más en la línea de elegir un defensor o defensora (del Pueblo) funcional", afirmó.

Villena consideró que en el proceso parlamentario para designar al nuevo titular de la Defensoría existe un "desproporcionado interés en el apego a la interpretación estrictamente legal", un criterio que "queda subsumido cuando se está olvidando cuál es el propósito por el cual ha sido creada" la institución.

"Pareciera que ya haya algunos candidatos que el actual régimen tiene para este cargo", dijo, aunque reconoció que no tiene pruebas para sustentar esta afirmación.

El defensor mostró su preocupación porque el Gobierno no tenga interés en perpetuar el legado de dieciocho años del cargo, que es "un referente de la democracia".

Villena ha recibido en los últimos dos años duras críticas del Gobierno, que lo ha acusado de politizar su cargo cada vez que la Defensoría ha opinado negativamente sobre alguna política estatal.

En su informe ante el Legislativo, aseguró que en los sectores más vulnerables, como las mujeres y la niñez, "ha habido un avance" en el cumplimiento de los derechos humanos.

Sin embargo, denunció el aumento de la indefensión en ámbitos como la violencia contra las mujeres, las niñas y los pueblos indígenas "sin respetar el derecho que tienen a vivir y convivir en su propio hábitat".

"No hay una consistencia en las medidas que se toman (...) porque son medidas que solamente están pensadas para una coyuntura, carecen todavía de una visión en términos de gestión de Estado", criticó.

En 2015, la Defensoría recibió 19.097 denuncias por vulneración de Derechos Humanos.

De ellas, la mayoría se referían a la vulneración de derechos en términos de acceso a la justicia (17 %), integridad personal (13 %), derechos laborales (12 %) o propiedad y patrimonio (9 %).

Las instituciones más denunciadas fueron el Órgano Judicial, la Policía, la Alcaldía de El Alto y el Ministerio Público.

Villena instó al poder legislativo a aprobar leyes sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia con enfoque de género, sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas con orientación sexual distinta, acceso a la información y los delitos de linchamiento, entre otras.

El defensor también se refirió a la marcha de cientos de discapacitados hacia La Paz en demanda de un aumento del subsidio estatal y pidió a las dos partes "sentarse a la mesa de diálogo" y flexibilizar sus posturas.

También manifestó su preocupación porque el Gobierno esté emitiendo en la televisión publicidad negativa sobre esa protesta.

"Todas las marchas han sido descalificadas", lamentó, lo que a su juicio supone "atentar" contra el "derecho legítimo" de los pueblos a exigir sus derechos. EFE