ONU pide garantizar los derechos del abogado León

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia pidió a las autoridades bolivianas que garanticen los derechos del abogado Eduardo León, quien defendía a la expareja del presidente Evo Morales y que fue demandado por cuatro ministerios.

El organismo expresó preocupación por el "excesivo tiempo" en que el abogado estuvo detenido sin que se defina su situación jurídica.

También cuestionó las excusas presentadas por jueces de tres ciudades para conocer el caso, lo que contribuyó a las demoras, y recomendó al Consejo de la Magistratura "proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro".

La OACNUDH mencionó el hecho de que no se haya cumplido una orden judicial que determinó el arresto domiciliario del abogado bajo custodia policial, dentro del proceso que le inició el Gobierno de Evo Morales por supuesta trata de personas.

Estos hechos alargaron "arbitrariamente la permanencia" de León en celdas policiales, indicó el organismo y resaltó la importancia del cumplimiento "sin demora" de las órdenes judiciales emitidas.

León, que afronta acusaciones de los ministerios de Defensa, Educación, Justicia y Transparencia, fue hasta su detención defensor de la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata, que también está en prisión preventiva desde febrero pasado, acusada de varios supuestos delitos económicos.

El abogado defendió a Zapata en un juicio iniciado por Morales para obligar a su expareja a presentar al hijo que tuvieron en 2007, ya que la mujer aseguraba que el menor estaba con vida y no había muerto tras nacer como sostenía el mandatario.

Una jueza dictaminó que el hijo de Morales y Zapata no existe, lo que activó un juicio contra León y su defendida por el supuesto delito de trata de personas al haber supuestamente intentado engañar a la Justicia con la presentación de un menor como si fuera hijo del mandatario.

Mientras León estuvo detenido por ese caso, los cuatro ministerios citados le iniciaron otros procesos por la supuesta falsificación de su libreta de servicio militar para tramitar luego su título de abogado.

Una jueza determinó el miércoles enviarlo a la cárcel de San Pedro de La Paz, aunque sus abogados adelantaron que apelarán la decisión, basados en un diagnóstico médico que señala que el jurista, que se ha declarado un "preso político" del Gobierno, padece de problemas digestivos.

La defensa de León presentó una acción de libertad que fue negada hoy por un tribunal, según la Fiscalía.

"La aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos", señaló la OACNUDH.

El organismo también llamó la atención sobre la decisión del Gobierno de anular el título profesional y la matrícula de León, además de su exclusión del Registro Público de Abogacía, y consideró que estas acciones "podrían vulnerar seriamente las garantías del debido proceso".

Además, manifestó preocupación por el "deterioro del estado de salud" del jurista. EFE