Juristas creen que cambios en Justicia ocultan nueva reelección

Los juristas Carlos Alarcón y Jose Antonio Rivera y el politólogo Jorge Lazarte hicieron esta consideración durante una conferencia de prensa del Colectivo Una Nueva Oportunidad (UNO) en la que se planteó que la cumbre judicial, celebrada la semana pasada en Sucre, fue "fallida" porque no abordó la independencia del Poder Judicial respecto al poder político y sólo contó con afines al Gobierno.

Según los expertos, la propuesta realizada en las conclusiones de la cumbre y previamente sugerida por el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, de introducir la cadena perpetua para delitos de violación y muerte de menores, requeriría modificar la Constitución.

"Es un despropósito plantear una nueva reforma de la Constitución", sentenció Alarcón, abogado constitucionalista que fue viceministro de Justicia en el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005).

En la actualidad, la pena máxima en Bolivia es de 30 años de prisión sin derecho a indulto y se aplica en los casos de homicidio, feminicidio y traición a la Patria.

El también constitucionalista José Antonio Rivera afirmó que "el objetivo final (de la cumbre) era abrir la Constitución" para volver a plantear la reelección Morales, que el 21 de febrero perdió un referéndum para modificar la Carta Magna y optar a una tercera reelección a la Presidencia en 2019, en busca de un cuarto mandato consecutivo.

Según Alarcón, reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua requeriría de la convocatoria de una Asamblea Constituyente y de tres consultas populares: una sobre la convocatoria de Asamblea, otra para elegir constituyentes y la tercera para aprobar la reforma.

Estos tres procesos, a los que se debe añadir un cuarto para elegir miembros de la judicatura -que se escogen por voto popular desde que los bolivianos se dotaron de una nueva Constitución en 2009-, costarían al fisco en torno a 96 millones de dólares.

Además, Alarcón aclaró a Efe que una Asamblea Constituyente ni siquiera podría afectar a la reelección, porque ese artículo requiere otro trámite (la sanción de una ley mediante referéndum), una paradoja que en última instancia denota la improvisación del Gobierno, en opinión del jurista.

Lazarte, que fue parte de la Asamblea Constituyente (2007-2008), criticó la falta de operadores de la Justicia -jueces, fiscales, abogados-, expertos bolivianos y cooperación internacional en la cumbre, actores necesarios en su opinión para acometer una reforma como la que quieren.

Además, lamentó la falta de políticas a largo plazo para mejorar la Justicia, que a su juicio está mal "desde la fundación de la República" pero que ahora está en uno de sus peores momentos.

Rivera argumentó que para garantizar la independencia judicial es necesario respetar la autonomía financiera y administrativa de los jueces y criticó que en los últimos diez años la asignación presupuestaria a la judicatura ha pasado del 1,1 % al 0,26 % del gasto público.

Asimismo, sostuvo que se debe garantizar la estabilidad laboral de los jueces y que su cargo no esté condicionado a la aprobación de diversas instancias políticas.

Alarcón defendió, a título personal, una propuesta dirigida a "romper el monopolio de la Asamblea Legislativa para preseleccionar a los candidatos a la judicatura", que después se eligen por voto popular.

Así, el abogado propuso elaborar una iniciativa legislativa ciudadana para que once tribunales de mérito -seis de la sociedad civil y cinco de instituciones estatales- se encarguen de preseleccionar a los candidatos que después refrendaría la Asamblea.

La cumbre de Justicia celebrada el pasado fin de semana en Sucre, sede del poder judicial en Bolivia, tenía por objetivo buscar soluciones a la seria y prolongada crisis que atraviesa el estamento, y que ha sido reconocida y criticada por el propio Gobierno.

La retardación de los procesos, la corrupción, la injerencia política y la falta de acceso de la población son algunos de los principales problemas que afectan a la Justicia en Bolivia. EFE