Aplazada sin nueva fecha audiencia de Doria Medina

La audiencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debía decidir si enviar o no a prisión provisional al opositor Samuel Doria Medina, que denuncia una persecución política del Gobierno, fue aplazada por segunda vez debido a asuntos procedimentales que debe resolver el juzgado.

La magistrada del TSJ Norka Mercado explicó a los medios que se resolverán las excepciones de incompetencia presentadas por los imputados y posteriormente, si corresponde, se señalará una nueva fecha para la audiencia cautelar, prevista inicialmente para el pasado 3 de noviembre.

El también empresario Doria Medina y otros nueve exfuncionarios fueron imputados por la Fiscalía por supuestos delitos cometidos en un caso que se remonta a 25 años atrás, cuando el político era ministro de Planeamiento.

Algunos imputados presentaron hoy recursos relacionados con la prescripción del caso y con la competencia del TSJ, que utiliza un procedimiento reservado a expresidentes para procesarlos.

Los acusados observaron que la imputación del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien reside en EE.UU. desde 2003, fue efectuada después de la primera vista que se aplazó hace dos semanas.

Otros dos imputados, Germán Quiroga y Juan Demeure, ausentes en la anterior comparecencia, tampoco se presentaron hoy por problemas de salud debido a su edad avanzada y pidieron a través de sus abogados que se les aparte del proceso, confirmó a Efe una fuente de la Fiscalía General del Estado.

Doria Medina se presentó a la audiencia en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder judicial, acompañado de varios parlamentarios de su partido, Unidad Nacional (UN).

También acudieron a la vista judicial de hoy el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reina, y el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena.

El Gobierno ya criticó como "injerencia" la presencia del representante de la OEA en Sucre el pasado 3 de noviembre.

Doria Medina, que fue tres veces candidato a las elecciones presidenciales contra el actual presidente Evo Morales, ha denunciado en diversas ocasiones que enfrenta una persecución política que se dirige también contra otros líderes ajenos al oficialismo, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

"Ni mil juicios me van a alejar de mi patria Bolivia", afirmó el opositor al salir hoy del tribunal.

El empresario escribió en su cuenta de la red social Twitter que su lucha "trasciende lo personal y partidario" ya que "es una lucha para terminar con la injusticia y la persecución política".

"En la corte mis primeras palabras fueron para agradecer la solidaridad de todos y reafirmar que no le fallaremos a Bolivia y al NO del 21F", añadió, en alusión al referendo del pasado 21 de febrero, en el que ganó el rechazo a la posibilidad de que Evo Morales vuelva a postular a la Presidencia en 2019.

La Fiscalía ha acusado al líder de UN y a otras nueve exautoridades por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los cargos afectan a una presunta autorización irregular para crear la entidad de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a Fundapro, una entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha reiterado que la transferencia fue un préstamo a Fundapro que se devolvió íntegramente y un requisito de Estados Unidos para condonar a Bolivia una deuda de 361 millones de dólares.

Después de que la audiencia se aplazó por primera vez hace dos semanas, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, presentó documentación que presuntamente prueba que la familia del empresario utilizó una empresa panameña para evadir impuestos en la venta de acciones de una empresa cementera.

Ante esto, Doria Medina acusó al Gobierno de fabricar casos contra él con el fin de eliminar a sus contrincantes políticos para perpetuarse en el poder indefinidamente.

El TSJ debe pronunciarse ahora sobre las alegaciones procedimentales de la defensa de los acusados y decidir si aparta a los dos imputados con problemas de salud del proceso principal. EFE