Tóásó denuncia violación de sus derechos

Tóásó comenzó hoy a dar su testimonio sobre la forma en que sus "derechos fundamentales" fueron violados tras su captura hace cuatro años en la ciudad oriental de Santa Cruz, informó a Efe su abogado defensor, Sergio Rivera.

El húngaro es uno de los dos sobrevivientes de un operativo policial realizado en Santa Cruz en abril de 2009, en el que murieron el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi.

Los tres, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, que también sobrevivió al operativo, fueron acusados por el Gobierno de Morales de ser parte de una supuesta trama para asesinar al gobernante y lograr la secesión territorial de Santa Cruz, motor económico del país.

Según Rivera, en la audiencia de hoy, Tóásó aseguró haber sufrido torturas a manos de las fuerzas de seguridad y se quejó de que no se le proporcionó oportunamente un intérprete profesional que le asista en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía, pues cuando llegó a Bolivia no hablaba español.

También denunció que tras su captura, estuvo aislado ilegalmente durante siete días, cuando las normas bolivianas establecen que un detenido no puede permanecer incomunicado por más de 24 horas, salvo por orden de un juez, lo que no sucedió en este caso.

El húngaro recordó, además, que ha denunciado al Gobierno boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las irregularidades durante la investigación del caso.

La declaración de Tóásó continuará mañana, según el abogado Rivera.

El Gobierno húngaro ha manifestado su preocupación por la situación de Tóásó porque la legislación boliviana establece un plazo máximo de tres años para que una persona sea sentenciada, pero en este caso se han cumplido ya cuatro años sin sentencia.

Las audiencias del juicio se han celebrado en cinco ciudades y el proceso ha atravesado numerosos problemas, incluida la renuncia del principal fiscal acusador, Marcelo Soza, en medio de denuncias de un supuesto vínculo de éste con un grupo de abogados del Gobierno detenidos por corrupción.

El Ejecutivo boliviano también ha criticado la lentitud con que el juicio se desarrolla porque asegura que sí hubo un plan de sedición y de magnicidio en 2008 y 2009, apuntalado por los extranjeros y financiado por líderes autonomistas cruceños.

Los 39 acusados en este caso han rechazado las denuncias y sostienen que toda la trama fue un montaje del Gobierno para perseguir a opositores. EFE

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