proceso electoral fue una muestra de la fragilidad de las libertades

Esta situación se plasmó en la "restricción de derechos tan elementales como la libertad de expresar y proponer ideas, debatir propuestas y difundir el pensamiento de personas, agrupaciones sociales y partidos políticos de oposición", según el informe que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile.

El documento, elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señala que "cerca de seis millones de electores debieron esperar al último mes, antes de la consulta popular, para conocer las propuestas de los partidos políticos, presentadas en forma apresurada y con serias limitaciones de espacio y medios".

"Mientras el oficialismo vino difundiendo ideología y propaganda desde 2005, en una campaña proselitista permanente, el Tribunal Supremo Electoral impidió que la oposición, dispersa por problemas propios, tuviera el tiempo suficiente para difundir sus programas y propuestas", agrega.

La institución encargada de dirigir los comicios "ha quedado en duda", sostiene la SIP, porque "impuso a los medios y empresas encuestadoras la obligación de registrarse a fin de que fueran habilitados legalmente para realizar estudios de opinión y encuestas sobre preferencias electorales".

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a los principales medios impresos, calificó la medida de "censura previa", la cual está excluida del texto constitucional, que asigna al Estado el papel de garante del derecho a la libertad de expresión.

"La regulación de mensajes políticos ha respondido a un interés de limitar la expresión de ideas y propuestas de partidos opositores, mientras se ha mostrado ampliamente flexible con las campañas del Gobierno y la actuación del jefe de Estado (Evo Morales) durante la entrega de obras públicas en el país·", se dice en el informe.

Según la SIP, "los medios han buscado diversas formas para aproximar a la ciudadanía a los candidatos".

"El presidente y a la vez candidato ha rehuido al debate sobre su propuesta electoral. En la misma línea, la mayoría de los candidatos del partido gobernante, a cargos de senadores y diputados, rechazaron el debate abierto con la oposición·", agrega.

La SIP, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano, afirma que "los medios estatales (...) se abstuvieron de transmitir y difundir los debates organizados por los gremios periodísticos en los que participaron sólo los cuatro candidatos de oposición".

Por otro lado, "la presión oficial sobre los medios independientes, también incluyó condicionamiento sobre las entrevistas de los candidatos oficialistas", en opinión de la SIP.

También mostró su "preocupación por el uso indiscriminado de fondos públicos durante la campaña electoral, con enormes despliegues publicitarios y coberturas de medios estatales y paraestatales de los funcionarios del oficialismo".

"Además de esas restricciones en el período electoral, se mantienen otros procesos preocupantes para la libertad de prensa", asegura la Sociedad Interamericana de Prensa.

La organización que agrupa a los propietarios, editores y directores de los diarios de América afirma en su informe sobre Bolivia que "desde el inicio de su gestión, en enero de 2006, el presidente Morales acusó a la prensa de haberse transformado en un actor político opositor a su régimen por denunciar situaciones de abuso de poder y corrupción en el Gobierno".

Y agrega que el Ejecutivo "continúa con la creación de una red de medios estatales y progubernamentales que compiten con los medios privados (...), estos medios estatales -afirma- reciben publicidad oficial en detrimento de los medios privados".

"Tras la denuncia de casos de corrupción o hechos de interés público, el Gobierno inició demandas judiciales contra los diarios La Prensa y Página Siete de La Paz. Incluso abrió un juicio contra periodistas de La Razón, tras la publicación de una información sobre la demanda marítima boliviana", asegura la SIP.

A juicio de esta organización, "la Ley de Lucha contra el Racismo, aprobada en 2010, criminaliza el trabajo periodístico y prevé la posibilidad de encarcelar a un periodista o cerrar un medio de comunicación".

Pero "la amenaza más preocupante del Gobierno -a juicio de la SIP- es el impulso de una Ley de Comunicación que pudiera abrir la puerta a la intervención y el control de las organizaciones sociales en el trabajo de los medios". EFE