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¿El
lustro perdido? 5 años y 5 presidentes
Cinco
años y cinco presidentes |
Se
intentó frenar la crisis económica con medidas
que al final sólo sirvieron de paliativos. En ese escenario,
la agenda nacional fue impuesta en las calles. Las protestas
sociales cobraron fuerza en los últimos años
y la de octubre de 2003 marcó una inflexión
de la política
El rostro de la crisis en el primer quinquenio de este milenio
se ve reflejado en los cinco presidentes que tomaron las riendas
del país.
El
bajo crecimiento de la economía, los altos porcentajes
de déficit fiscal, así como el deterioro de
la sociedad política producto del cuoteo y la corrupción
marcaron esas administraciones, lo que derivó en el
fortalecimiento de los movimientos sociales.
En
este primer lustro, otro asunto que se destacó fue
la aplicación de políticas hasta contradictorias
sobre la demanda marítima y su relacionamiento con
la exportación de gas.
Para
el economista Rolando Morales, los gobernantes no se ocuparon
de solucionar los problemas estructurales del país,
tal el caso de la reforma de pensiones, que ensanchó
el hueco fiscal, o la erradicación de coca. Según
Morales, el talón de Aquiles de la economía
boliviana fue y sigue siendo la falta de políticas
de desarrollo de la agricultura.
De
las medidas aplicadas por los Gobiernos para bajar el déficit
fiscal y lograr crecimiento, el economista reconoce el Impuesto
a las Transacciones Financieras (ITF), aprobado durante la
gestión de Carlos Mesa. De los otros Gobiernos ni recuerda
medidas que se hayan ejecutado, como el caso del denominado
"impuestazo" a la renta, del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, cuyo solo anuncio derivó
en un amotinamiento policial y en los hechos luctuosos del
12 y 13 de febrero de 2003.
Sobre
el tema, el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB)
Armando Méndez destaca el crecimiento, aunque insuficiente,
de la economía pese a los múltiples conflictos
sociales y políticos por los que atravesó Bolivia
en las cinco gestiones recientes, aunque lo atribuye a las
exportaciones de gas y al incremento del precio de las materias
primas en el mercado externo.
Resalta
también la estabilidad macroeconómica y los
incentivos de algunos Ejecutivos para acrecentar el gasto
público y fiscal, que ayudaron a que la economía
creciera, con la generación de empleo temporal. La
puesta en marcha del Plan Nacional de Empleo de Emergencia
(Plane) en la gestión de Jorge Quiroga es una muestra
de ello.
Lo
deplorable en este quinquenio, principalmente en las gestiones
de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de
Lozada, según el politólogo Raúl Prada,
es el pacto de gobernabilidad basado en el clientelismo, la
prebenda y la corrupción. "La democracia pactada
no es otra cosa que el pacto entre partidos neoliberales para
lograr una mayoría congresal. Dos poderes acuerdan
legalizar el manoseo del país", opina.
En
cambio, señala que los dos últimos Gobiernos,
el de Mesa y del actual presidente, Eduardo Rodríguez,
se condujeron por acuerdos políticos que emergieron
de la imposición de los movimientos sociales en las
calles. No obstante, ambos heredaron la estructura gubernamental
de Sánchez de Lozada.
La
analista y profesora de la carrera de Ciencias Políticas
de la UMSA, Jimena Costa, considera que la repartija de cargos
se consolidó en 1997 con la formación de la
denominada "megacoalición", cuyos efectos
fueron nocivos para la imagen del sistema político
"por el cinismo con el que lo hicieron". Otro ejemplo
es la coalición MNR-MIR tras los comicios de junio
de 2002, a la que un año más tarde se sumaría
NFR.
Costa
sostiene que este tipo de pactos no garantizaron la gobernabilidad,
aunque reconoce que fueron inevitables como parte de "su
cultura política prebendal y clientelar".
A
ello, dijo, habrá que sumar las demandas de los sectores
políticos que en determinado momento los apoyaron.
Costa cree que los partidos pudieron haber tomado la iniciativa
de seleccionar a mejores técnicos antes que a gente
que, en muchos casos, fomentó la corrupción.
El
analista Marcelo Varnoux señala que en las administraciones
de Banzer y de Sánchez de Lozada la gobernabilidad
fue entendida como la mera operación de constituir
una mayoría parlamentaria para distribuirse el poder
del Estado.
"Esto
desnaturalizó la idea de 'gobernabilidad' y generó
un creciente rechazo ciudadano a la política, pues
la corrupción fue asociada al cuoteo, y la ineficiencia
estatal para resolver los problemas cotidianos de la gente
fue vista como el producto directo de esa lógica de
pactos", afirma Varnoux.
Durante estos cinco años los movimientos sociales tuvieron
un protagonismo marcado. Prada y Costa coinciden en que el
fenómeno cobró fuerza a partir de la crisis
de la denominada "guerra del agua", en abril de
2000 en Cochabamba, paralelamente a las movilizaciones en
el altiplano paceño y también en el Chapare,
hasta llegar a la crisis de octubre de 2003, que precipitó
la caída de Sánchez de Lozada fruto de la represión
a la rebelión popular contra su Gobierno. La crisis
de junio de este año llevó al poder a Rodríguez
para que convocara a las elecciones generales y prefecturales.
Prada
sostiene que estas manifestaciones dieron un salto cualitativo,
pues ya no se trata sólo movimientos sociales, sino
también políticos. El analista indica que lo
único que hicieron las administraciones guy bernamentales
fue tratar de controlarlos con el diálogo, pero no
tuvieron más que ceder porque "eran demasiado
intensos e irreversibles".
Según
Costa, los movimientos políticos surgen en las calles
porque la gente aprendió a que en democracia puede
manifestarse y que hay libertad de expresión.
Varnoux
dice que las dirigencias que operan como portavoces de los
"movimientos sociales" lograron imponer una agenda
política, que no ha conseguido mejorar la situación
general del país.
"En
octubre de 2003 estalló en El Alto la 'guerra del gas'
con un saldo trágico y ¿hoy día el país
se beneficia realmente con sus enormes reservas de gas natural?",
cuestiona. <hr>
BANZER
NO EVALUÓ LA MAGNITUD DE LA CRISIS ECONÓMICA
Si algo cabe atribuir a la gestión del ex presidente
Hugo Banzer es la incapacidad de sus colaboradores para prever
que la crisis económica del mundo también afectaría
al país. Banzer comprometió un crecimiento anual
de 7 por ciento, pero un año y medio después
(1999) éste fue de sólo el 0,44 por ciento.
Influyeron
también los fenómenos naturales de El Niño
y La Niña, así como el terremoto de Aiquile,
Totora y Mizque (los recursos destinados a los damnificados
fueron supuestamente desviados por su ministro de Defensa
Fernando Kieffer). En 2000 se viabilizó la exportación
de gas a Brasil.
También este año se congeló el precio
interno de los carburantes pese al alza del petróleo
en el mercado internacional.
De
esta gestión es notoria la repartija de cargos a la
que fue sometida la administración pública por
los socios de la megacoalición: ADN, MIR, Condepa NFR
y UCS. Condepa se retiró antes de cumplirse un año
de gestión y NFR dejó la "mega" luego
de la "guerra del agua" de 2000. Los cargos que
dejaron estos partidos fueron disputados por el MIR y UCS.
En abril de 2000 estalló la "guerra del agua",
ni un estado de sitio (entre el 8 y 21 de abril) pudo sofocar
el levantamiento.
A
la protesta se sumó la movilización en el altiplano
de La Paz y Oruro, la demanda principal fue la anulación
de la Ley de Aguas, congelada en septiembre de ese año.
En junio de 2001 se anunció del proyecto LNG
-formado por las petroleras Repsol YPF, Britsh Gas y Britsh
Petroleum- que impulsaría la exportación de
gas a California a través de un puerto en el Pacífico,
pero fracasó.
TUTO
QUIROGA ACORDÓ LA VENTA DEL GAS POR PATILLOS
Jorge Tuto Quiroga se hizo cargo del Gobierno luego de que
Hugo Banzer renunciara por motivos de salud. Quiso mostrarse
como un nuevo Gobierno y para ello reemplazó el Plan
Operativo de Acción de Banzer, que se erigía
sobre cuatro pilares (Dignidad, Oportunidad, Equidad e Institucionalidad),
por el Plan 12 Meses, que consideraba cuatro agendas de trabajo:
Política, Económica, Social e Internacional.
En la agenda política logró la designación
de vocales electorales departamentales, se adoptó la
declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos
y la institucionalización de los servicios de Impuestos
y de Caminos y de la Caja de Salud.
En
lo económico aplicó el Plan Nacional de Empleo
de Emergencia (Plane) e impulsó Fondo Especial de Reactivación
Económica (FERE), aunque sin resultados visibles. En
2001 el crecimiento mejoró a 2,5 por ciento y en 2002
superó el 3,5 por ciento. El repunte en la economía
fue fruto del apoyo que recibió de la cooperación
internacional, con más de 90 millones de dólares
para el Plane, cuya finalidad fue crear 70 mil empleos de
emergencia.
En
el ámbito internacional acordó, en las negociaciones
con el Gobierno de Chile, la exportación de gas a California
por el puerto de Patillos. El plan fijaba un comodato de 99
años en dicho puerto pero sin una salida soberana al
mar. Luego de los comicios, Manfred Reyes Villa denunció
que el Presidente tenía listo el proyecto para exportar
gas por un puerto de Chile, versión que fue confirmada
por el presidente de ese país, Ricardo Lagos, en la
Cumbre de Monterrey, en enero de 2004.
LA CRISIS SOCIAL SE HIZO MÁS EVIDENTE EN LA GESTIÓN
DE GOÑI
Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que aliarse con el MIR
el 25 de julio de 2002 para viabilizar su Gobierno. Ambos
partidos se asignaron responsabilidades: el 40 por ciento
de la administración pública fue para el MIR
y el 60 por ciento para el MNR y todo bajo la modalidad de
alternancia.
Pese
al creciente descontento, Goni se alió, un año
más tarde, con NFR. En su afán de satisfacer
las exigencias de este partido, incluso creó para el
dirigente eneferista Dante Pino el Ministerio de Servicios
Financieros. Luego de una dura crítica por una primera
elección, junto al MIR, en septiembre de 2003, ambos
partidos designaron Defensor del Pueblo. Antes habían
hecho lo mismo con el Tribunal Constitucional.
Goni
dio continuidad al Plane. La reactivación económica
no llegó, a pesar de la reestructuración voluntaria
de empresas y el Código Tributario. A inicios de 2003
se diseñó el impuesto al salario, pero quedó
sin efecto luego de la convulsión del 12 y 13 de febrero
que terminó con 30 muertos.
Goni
no se animó a tomar una decisión sobre el puerto
de exportación de gas, aunque la empresa a la que pidió
un estudio concluyó que lo más conveniente era
Patillos, en Chile.
En
septiembre se comenzó a gestar la movilización
contra la venta de gas, pero inicialmente fue en defensa de
un dirigente campesino detenido por abigeato. En octubre se
precipitó una de las peores crisis. El Alto se paralizó
por una demanda regional que pese a ser atendida no cesó
y La Paz comenzó a sentir los efectos. El Gobierno
declaró emergencia y sacó a los militares, lo
que derivó en una masacre con un saldo de 59 muertos
y 400 heridos.
MESA,
VIENTOS FAVORABLES FUERA, ADVERSOS DENTRO
Carlos Mesa subió al poder tras la renuncia de Sánchez
de Lozada, el 17 de octubre de 2003. La Asamblea Constituyente
y el referéndum del gas fueron comprometidos y nació
la denominada agenda de octubre.
En
materia económica, el gran desafío era el saldar
la brecha fiscal con un recorte del gasto público y
el incremento de las recaudaciones nacionales.
Para ello puso en marcha un plan de austeridad que le ahorró
al Estado 35 millones de dólares. También impulsó
el Compro Boliviano para fomentar la industria nacional. Se
aplicó el Impuesto a las Transacciones Financieras
(ITF). Mesa recibió el país con un déficit
del 8,5 por ciento y lo redujo al
5,7 por ciento. En 2003 el crecimiento fue de 3,5 por ciento.
En
la relación con Chile, desestimó la firma del
TLC porque consideró que no era beneficioso para el
país. Cobró importancia la demanda marítima
y asumió la política de "gas por mar".
Las relaciones con Chile cayeron a su más bajo nivel
de los últimos años luego de que en el referéndum
del 18 de julio se aprobara la política de utilizar
el gas como un elemento estratégico para procurar un
acceso útil y soberano al océano Pacífico.
Producto
del referéndum fue derogada la Ley de Hidrocarburos
de Sánchez de Lozada. Se aprobó una nueva norma,
que sin embargo fue observada por Mesa, y el Legislativo tuvo
que promulgarla. En enero de 2005 fue impuesta desde Santa
Cruz otra agenda, la de las autonomías y la elección
de prefectos. Las dos agendas, la de octubre de 2003 y de
enero de 2005, chocaron en mayo y junio de este año.
Mesa tuvo que renunciar y asumió Eduardo Rodríguez.
A
RODRÍGUEZ LE TOCÓ LA TRANSICIÓN Y EL
LLAMADO A ELECCIONES
Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la Presidencia
de la República el 9 de junio de 2005 por sucesión
constitucional. Al ser un Gobierno de transición su
mandato fue claro: convocar a las elecciones generales.
Los
logros de esta gestión principalmente se traducen en
materia política, pues en el ámbito económico
dio continuidad a las medidas impulsadas en la gestión
del ex presidente Carlos Mesa, tal el caso del ITF, o el Plane
de Jorge Quiroga. Las recaudaciones por concepto de IDH también
son importantes.
En
materia política, el Jefe de Estado tuvo que afrontar
varios problemas. Primero, que los parlamentarios decidan
apoyar un mecanismo con el que se reforme la Constitución
Política del Estado para viabilizar los comicios generales
y recortarse el mandato que tenían hasta 2007. Se reformó
la Carta Magna y se convocó a elecciones para el 4
de diciembre y se postergó la elección para
la selección de prefectos también para esa fecha.
El
conflicto de junio que derivó en la salida de Mesa
fue frenado con el compromiso de realizar la Constituyente
en julio de 2006 junto al referéndum autonómico.
Otro problema fue la redistribución de escaños.
Parlamentarios de Santa Cruz interpusieron una demanda ante
el Tribunal Constitucional que les dio la razón. Sin
embargo el Congreso no pudo encontrar una solución
por la oposición de las brigadas parlamentarias. Al
final, Rodríguez, mediante decreto supremo, dio tres
escaños más a Santa Cruz y uno a Cochabamba
y le restó dos a La Paz, uno a Oruro y uno a Potosí
y fijó la nueva fecha de elecciones para el 18 de diciembre
de 2005.
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