La nueva ley del gas no acabó con la confrontación

En el nombre del gas se hicieron barbaridades

Su aprobación enfrentó a dos poderes del Estado, dividió a los partidos y al país. El Congreso la promulgó porque Mesa la rechazó. Su aplicación significó $us 500 millones anuales más para el estado. El debate continúa.

"Es una ley que muchos sectores rechazan, pero es mejor que la ley que está vigente", dijo el entonces presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, al promulgar la Ley de Hidrocarburos, el 18 de mayo pasado. Un día después, las petroleras tuvieron que empezar a pagar 500 millones de dólares adicionales al Estado por un nuevo impuesto al gas.

El entonces presidente Carlos Mesa se negó a promulgar esa norma, pese a que 10 meses antes, él había convocado a un referéndum vinculante con cinco preguntas, cuya interpretación derivó en un enfrentamiento irreconciliable con el Legislativo.

El Mandatario, que llegó al poder, tras la guerra del gas (octubre de 2003), prometiendo el cambio de la norma, rechazó la ley porque no respondía a su interpretación de los resultados del referéndum.

Para el Congreso, en cambio, esa norma traducía los resultados de la consulta popular de julio de 2004.

Los partidos instalados en el Parlamento se enfrentaron por la ley. Dos temas centraron el debate: subir los ingresos petroleros al 50 por ciento mediante regalías o creando un nuevo impuesto y recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, ya sea obligando o negociado para que las empresas cambien los contratos que firmaron con el Estado boliviano.

El presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, logró convencer a la mayoría parlamentaria con su propuesta para crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32% que, junto a las regalías del 18%, lograba recaudar el 50% de ingresos por el gas para el país.

Y, el diputado Santos Ramírez, del MAS, -partido en el que nació la demanda de una nueva Ley de Hidrocarburos y que cuestionó la legitimidad de los contratos de riesgo compartido- hizo que el Parlamento apruebe la conversión de contratos de riesgo compartido. Consensuados los dos temas centrales, pocos argumentos quedaron para las protestas de los sectores sociales, que eran recurrentes desde octubre de 2003, pues el planteamiento de las petroleras no fue escuchado. Nueve meses después del debate en el Parlamento, nació la norma que desató una guerra política más que técnica en el país.

De inmediato, el presidente de la Cámara de Hidrocarburos (CBH), Raúl Kieffer, hizo público el rechazo de las petroleras. Anunció el congelamiento de la inversión e incluso se abrió la posibilidad de que las compañías inicien juicios al Estado.

Las compañías no están de acuerdo con pagar 50 por ciento entre impuestos y regalías, más otros tributos de ley, pero, tomando recaudos, ya iniciaron el pago del IDH. Lo que resisten es el cambio de contratos.

A ello se sumaron otros conflictos. 21 días después de la renuncia de Mesa, el 28 de junio, el nuevo mandatario, Eduardo Rodríguez, lanzó los tres decretos, uno de ellos asignó 81,25% del IDH a los nueve departamentos y dejó para el Tesoro General de la Nación 18,25%, de donde debían salir las tajadas para la Policía, las Fuerzas Armadas y los indígenas.

Dos meses después, los 327 municipios y las nueve universidades públicas, reclamaron parte del IDH y tras tres semanas de presión al Gobierno lograron 124,7 millones de dólares, restando ingresos al TGN.

Con la salida de Mesa, la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo desapareció, pero la ley del gas volvió a enfrentar a ambos poderes en noviembre, cuando se cumplió el plazo de 180 días para el cambio de contratos, tarea que el presidente Rodríguez no pudo cumplir. El tiempo establecido para el cambio de contratos, el Gobierno se concentró en frenar posibles juicios contra el Estado, tras la notificación de ocho petroleras de iniciar "conversaciones amigables" antes de entrar a procesos arbitrales.

El día que Vaca Díez promulgó la ley, Carlos Mesa creyó cerrar ese capítulo que se llevó por delante a ocho ministros del sector. "Después de ese largo camino cerramos la página de la Ley de Hidrocarburos y nos proponemos a trabajar en temas que al país le importan", dijo.

Del 2003 al 2005 transcurrieron dos años, pero no por eso el debate está agotado. Al contrario, el gas es uno de los ejes de la campaña electoral y seguirá siendo motivo de conflicto, pues resta el cambio de contratos y es inminente una nueva modificación a la ley. Aunque está claro que el Estado recaudó este año al menos 400 millones de dólares adicionales por un nuevo impuesto y que Bolivia no pudo conseguir nuevos mercados, ni atrajo nueva inversión.

Cerramos la página de la ley del gas, dijo Carlos Mesa en mayo, luego de que Vaca Díez promulgó la norma.

LOS PROTAGONISTAS
Carlos Mesa
Prometió cambiar la ley de Goni. Hizo el Referéndum. Pero, dubitó y rechazó la norma que aprobó el Congreso.

Hormando Vaca Díez
Promulgó la Ley de Hidrocarburos. Se enfrentó al Ejecutivo. Dirigió el Parlamento que debatió 9 meses la norma.

Mario Cossío
Viabilizó el incremento de los ingresos del gas, proponiendo un nuevo tributo del 32% para el sector petrolero.

Santos Ramírez
Representante del MAS, propuso nacionalizar el gas en el Parlamento y aún piensa en hacer cambios a la ley.

Raúl Kieffer
Preside la Cámara de Hidrocarburos. Anunció el congelamiento de inversiones del sector y el rechazo a la ley. <hr>

OPORTUNIDADES PERDIDAS PARA EL GAS

El 2005 pudo haber sido el año en el que Bolivia se consolide como potencia gasífera de la región y el inicio para el mercado a ultramar, pero las empresas del sector congelaron sus inversiones y proyectos, mientras el Gobierno no pudo negociar con los países vecinos demandantes de gas.

Argentina esperaba firmar el contrato de compra de 20 millones de metros cúbicos (Mmmcd) de gas para comenzar la construcción de un nuevo gasoducto, pero sólo logró ampliar un contrato de 7,7 Mmmcd, porque las empresas del sector no quieren hacer nuevas inversiones para producir más gas y esperan cambios sustanciales a la Ley de Hidrocarburos actual.

Los empresarios brasileños deseaban avanzar con sus proyectos de valor agregado: la construcción de una petroquímica y viabilizar una planta termoeléctrica, además de la posibilidad de ampliar el gasoducto actual que lleva gas boliviano a ese país, pero los tres planes están en la congeladora, hasta que el "marco regulatorio esté claro", aseguran.

El país también perdió la oportunidad de ser centro energético de la región con el proyecto del anillo energético que nació en junio pasado, cuando los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) buscaban en Perú una alternativa al gas boliviano, pero luego comprobaron que la cantidad de reservas peruanas no era suficiente.

Bolivia también perdió el mercado de México, donde llegará el gas de Australia y posiblemente el de Camisea, mediante proyectos de LNG.

Con sus 48 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, 40 de ellos sin mercados, Bolivia no es viable por ahora, pues debe garantizar seguridad en el abastecimiento, la que se puso en riesgo en la crisis interna de junio pasado, cuando la exportación a Brasil estuvo a dos días de suspenderse.
El megacampo de gas Margarita produce el 10% de su potencial, por falta de mercados.

LA ESCASEZ DE GLP Y DIESEL PUSO EN JAQUE AL EJECUTIVO

La lucha por recuperar el gas involucró a gente del campo

Hace por lo menos dos años que en la frontera con Perú, el negocio es redondo. Las garrafas de gas licuado boliviano se venden a mitad del precio real en ese país, debido a la subvención boliviana.

Pese a que el contrabando era evidente, el Gobierno, la Aduana y la Superintendencia de Hidrocarburos sólo actuaron después de que la presión social se hizo insostenible por las cuatro semanas consecutivas de desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y diesel en La Paz y El Alto, en septiembre.

La decisión del gobierno de Jorge Quiroga el año 2000 empezó a pasar factura al país, puesto que, al haberse congelado los precios de los combustibles, los choferes empezaron a usar GLP en sus vehículos y se generó una red de contrabando que subvenciona a terceros países provocando un déficit al Estado.

La Aduana se incautó de millones de litros de diesel y miles de garrafas y la Superintendencia pidió a las petroleras producir más GLP.

YPFB QUEDÓ FUERA DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

La Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo pasado le asignó un nuevo papel a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero no le dio recursos para ser parte del negocio y repartió los nuevos ingresos del gas entre municipios, universidades, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En la distribución, el Tesoro General de la Nación quedó con el 18 por ciento de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero los 327 municipios y las universidades públicas le restaron 124,5 millones de dólares más, luego de un conflicto que duró tres semanas, en septiembre.

La petrolera estatal, a la que la ley le permite hacer cualquier negocio en el sector, debe esperar que el Congreso apruebe en el presupuesto de cada año, al menos 500 millones de dólares para que opere.

Por ahora, la estatal sólo podrá hacer los proyectos que tenía en sus planes: las redes de gas a domicilio y la importación de diesel.

CRONOLOGÍA
4 de marzo

Los diputados crean un impuesto petrolero para llegar al 50% de ingresos, sumando las regalías del 18%. Con esa acción, rechazaron la propuesta del presidente Carlos Mesa de crear un tributo progresivo que discriminaba campos y que pretendía llegar al 50% en varios años.

8 de marzo

El presidente Carlos Mesa pidió una Ley de Hidrocarburos "razonable" para quedarse en el cargo. Se armó una comisión conjunta entre Legislativo y Ejecutivo que fracasó en su intento de consenso. Al final fueron más importantes las posiciones políticas que los argumentos técnicos.

18 de mayo

El presidente Carlos Mesa devolvió la ley del gas al Congreso para que su presidente, Hormando Vaca Díez, la promulgue. Así fue, y la ley entró en vigencia al día siguiente. Las empresas petroleras reclamaron, pero al mismo tiempo comenzaron a pagar el nuevo impuesto.

17 de agosto

Nace una comisión para negociar con ocho empresas petroleras, que días después presentarían notificaciones al Gobierno para llamar a "conversaciones amigables" antes de interponer posibles juicios contra el Estado boliviano ante el cambio de la Ley de Hidrocarburos.

15 de noviembre

Se cumplió el plazo para el cambio obligatorio de contratos petroleros. Ninguna empresa hizo la modificación. El presidente Eduardo Rodríguez envió un informe al Parlamento en el que le dijo que hay deficiencias en la norma. El debate continúa y se prolongará hasta al próximo gobierno.

<b> 19 de diciembre </b>

el presidente electo de Bolivia, Evo Morales anuncia que habrán profundos cambios en la política de hidrocarburos; pero explica con prontitud que no se confiscarán los bienes de las petroleras y que sólo se ejecutarán políticas que permitan nacionalizar los recursos naturales. Una frase quedará en la historia: "Queremos socios, no patrones".