Heredarás la tierra

Decenas de personas murieron por la pelea de tierras.

El acceso y la tenencia de tierra sigue manteniendo en vilo al país. Los intereses y presiones sectoriales en la materia pusieron contra las cuerdas a los gobiernos e instituciones involucrados, y un clima parecido espera al siguiente mandato.

Los frentes campesinos, indígenas y empresariales siguen trabando el proceso de saneamiento agrario y los consensos, lo que subyugó el debate técnico a las premisas políticas. El panorama lleva a pronosticar un horizonte apocalíptico de más enfrentamiento. Un suicidio al que contribuyen los protagonistas inscritos en la realidad agraria boliviana.

¿LA CULPA DEL INRA?

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha incumplido los objetivos de su nacimiento (1996). Principalmente por no haber saneado, en los diez años establecidos por ley, los 106 millones de hectáreas (h@) de la superficie nacional.

Con 78 millones de dólares invertidos, los resultados son magros. Las superficies tituladas (8.574.576 ha) y por certificar (10.264.930 ha) sólo llegan al 17 por ciento del territorio, otro 30 por ciento se encuentra en proceso de titulación (28.349.800 ha) y aún resta por sanear 53 por ciento de predios agrarios (59.562.325 ha), para lo que se requerirían cinco años más de trabajo.

¿Razones? Según Kadaster, el brazo técnico de la cooperación del Reino de los Países Bajos, para contar con el título de saneamiento de una propiedad agraria, en Bolivia es necesario cumplir al menos 200 pasos, y después
-con suerte- esperar incluso más de un año para que se emita la resolución que garantizará seguridad jurídica sobre la tierra. "El 'cuello de botella' se centra en la burocracia del proceso de regularización de tierras.

A eso se suma que el INRA siga dependiendo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y la politización del tema", evalúa el experto agrario Iván Arias.

También influyó la corrupción en el INRA. Varios funcionarios emitieron informes que beneficiaron a partes en conflicto del proceso de saneamiento. "Fue un error no institucionalizar los cargos del INRA, eso la corporativizó en favor de los intereses empresariales. Por ello, ahora, las organizaciones de campesinos y los sectores afiliados al MST quieren aplicar la misma receta. El INRA debe ser manejado por profesionales técnicos, que unan sus facultades con los lineamientos judiciales", explica el investigador de la fundación Tierra, Paulino Guarachi.

El viceministro de Tierras, Luis Fernando Asturizaga, sostiene que los ex directores nacionales del INRA no tuvieron capacidad operativa para hacer viable un saneamiento rápido. Segundo, se obligó a participar al INRA en reuniones políticas en las que el Gobierno firmó acuerdos que no se podían cumplir. Y, por último, está el divorcio entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Viceministerio de Tierras y el INRA en desarrollar decisiones políticas y técnicas en el rubro.

CAMPESINOS Y EMPRESARIOS

A la par, el Movimiento Sin Tierra (MST) ha alimentado el problema con la radicalidad de sus medidas de presión, que incluso rayan en la delincuencia, y que llevaron a deslegitimar sus demandas iniciales. Basta mencionar que desde 2003 el INRA contaba 90 conflictos agrarios y 46 tomas de propiedades privadas, lo cual creó un ambiente de inseguridad jurídica que desembocó en enfrentamientos con propietarios y la Policía.

Este movimiento está fracturado: un frente es liderado por Ángel Durán y otro por Moisés Tórrez (MAS). Además, están los intereses personales que le hicieron perder la brújula ideológica, algo aceptado por su dirigente Vladimir Machicao. Las demandas se tornaron políticas, eso se vio cuando el Estado dotó de mil hectáreas a la comunidad de Durán, con 80 familias, en Gran Chaco, en Tarija. Al final, sólo tres permanecen en el sitio. "Las ocupaciones posibilitaron una figuración política personal. Hay líderes a los que conviene que el conflicto no se solucione", complementa Guarachi.
No obstante, Machicao asegura que se seguirá buscando una reforma agraria radical.

Otro sector no dispuesto a ceder es el formado por los pueblos originarios, que demandan tierras comunitarias de origen (TCO) en lugares donde han sobrellevado su vida económica, social y cultural a lo largo de la historia.

"Las demandas están, en muchos casos, sobredimensionadas, hechas con base en la presión, y la mayoría son incumplibles. Este punto se halla fomentado por líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y autoridades departamentales con fines políticos", comenta Arias.

Aparte, como dijo en su momento el ex ministro de Desarrollo Sostenible Gustavo Pedraza, en el conflicto agrario existe también un grupo radical empresarial -cuyas demandas coinciden, curiosamente, con las del grupo radical campesino- formado por grupos pequeños y excluyentes a los que no les interesa trabajar las tierras, porque se dedican al tráfico y comercialización de éstas. Sus miembros poseen grandes predios, por lo que no les simpatiza el proceso de saneamiento, a diferencia de los verdaderos productores (soyeros y ganaderos), que se someten a las normas y contribuyen al erario nacional y están interesados en que se regule la tenencia de la tierra.

En criterio de Arias, los empresarios agravan los desencuentros al dedicarse simplemente al "engorde" de tierras; en esto sobresalen los bancos. A juicio de Guarachi, los agroindustriales, sobre todo cruceños, "bloquean" el saneamiento en sus tierras y las fragmentan para evadir obligaciones con el Estado. En pos de ello, presionan al Instituto y fomentan que el proceso sea manejado de manera íntegra por el INRA departamental, supuestamente manejado por personas afines a sus intereses.

LA CULPA GUBERNAMENTAL

Arias añade que los distintos mandatos gubernamentales también alimentaron la crisis en el rubro, ante todo al politizar las demandas sectoriales y seguir manteniendo bajo su batuta al INRA, evitando su descentralización. En consonancia, Guarachi acusa a Desarrollo Sostenible por no fijar políticas agrarias y no definir los procesos de reversión y de la función económica social con reglamentos ágiles. Aparte, los sucesivos gobiernos, cada uno, aplicaron un enfoque distinto al problema desechando los ya elaborados.

Pero la culpa principal se ubica en que los gobiernos y las prefecturas no impulsaron la instalación de la Comisión Agraria Nacional (CAN) y las comisiones agrarias departamentales, instancias responsables de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. La CAN es un sitio ideal para hallar consenso social, donde debieran participar los sectores gubernamentales, campesinos, indígenas y empresariales.

"Ése el escenario para discutir el factor tierra, no así las calles. Y en esto es llamativo que los más interesados en solucionar el problema, los campesinos, no asistan a las reuniones convocadas, y así el Gobierno en vez de generar políticas en estos espacios esté apagando incendios. En estos nueve años hay culpa tanto del Ejecutivo, del INRA y de los sectores sociales y empresariales que echaron más leña al fuego", establece Antezana.
En conclusión, el director de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, recomienda llegar a acuerdos mínimos. "Si no hay un nuevo pacto entre las regiones del oriente y occidente, pequeños y grandes productores, la migración a las tierras bajas se intensificará con un nivel creciente de ocupaciones de tierras y de conflictividad. El tema debe ser resuelto de inmediato, sino la capacidad de reacción del Estado va a ser rebasada".

Los campesinos quieren una Reforma Agraria radical; los empresarios, obstruir el saneamiento Los Gobiernos y las prefecturas no apoyaron la instalación de las comisiones agrarias

CINCO AÑOS DE LUCHA INCESANTE

La pugna por la tierra siempre fue un barril de pólvora en la historia boliviana. La coyuntura se tornó difícil, más aún con la llegada del Movimiento Sin Tierra (MST).

Lo ocurrido en noviembre de 2001 en la provincia Gran Chaco (Tarija) fue el preámbulo de lo que se vendría, con la primera ocupación de tierras en Pananti, que tuvo como saldo trágico a siete personas fallecidas (seis campesinos del nuevo MST y un hacendado).

El cuadro se complicó de a poco. A mediados de noviembre de 2002, en la colonia La Merced y la comunidad Los Yukis, a 75 kilómetros de Yapacaní, en Santa Cruz, decenas de personas encapuchadas (mercenarios) mataron a cuatro colonos, esto fue antecedido por el secuestro de dos personas y la desaparición de otras tres. Desde ese momento, en contraparte, imperaron los avasallamientos de propiedades privadas, a pesar de ser ilegales. Las haciendas Cocayapu, Boopi Motacal, Maderal, Comanche, en La Paz, y Ulincate, en Cochabamba, fueron ocupadas en 2003.

Sin embargo, el oriente es el centro del enfrentamiento de intereses. Empresarios y propietarios de los fundos han solicitado mano dura al Estado para reprimir los avasallamientos de tierras, incluso alertando con asumir defensa con sus propias manos (¿y armas?). La situación se torna más oscura por la instrucción del MST, a sus afiliados, de tomar las armas y prepararse para la "guerra por la tierra".

DEOLOGÍA PERDIDA

Pese a la legtimidad de la demanda del MST, esta organización ha sido objeto de críticas por sus acciones recientes, que han rayado con la criminalidad. Un caso que involucra al líder altiplánico Gabriel Pinto tiene que ver con la muerte del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, el 15 de junio de 2004. Se suman dos hechos emblemáticos: la destrucción de la hacienda agropecuaria Collana, en la provincia Aroma, y del centro turístico la Posada del Inca, en la provinca Omasuyos. Pero, la gota que rebalsó el vaso en occidente fue el asesinato del hacendado de la finca de Munaypata, en los límites de La Paz y Cochabamba, Miguel Dupleich, cuyo cadáver fue hallado el 19 de agosto, año y medio después de haber sido victimado por campesinos del lugar asesorados por el MST.

En el oriente, el 20 de diciembre de 2004 se suscitó la toma del predio Pailas que derivó en la muerte de Medrín Colque. Otro acto violento fue la toma de los Yuquises, en Santa Cruz, el 10 de mayo, cuando miembros del MST capturaron a 67 personas como rehenes y montaron un "campo de concentración", donde los "secuestrados" eran considerados sicarios; los rehenes fueron liberados el 12 de mayo pero aún existe un desaparecido de 27 años. El más reciente hecho sangriento se presentó en la hacienda Sini, a unos 80 kilómetros de Ascensión de Guarayos, donde tras un enfrentamientos de 150 comunarios del MST con unos diez efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada, contratados por empresarios, fue muerto un uniformado con un disparo en el pecho.

El dirigente Vladimir Machicao argumenta que "se intenta criminalizar las acciones del MST", por ello 12 dirigentes están detenidos en las cárceles.

No hay excusas, en opinión del experto agrario Miguel Urioste, quien tilda a este movimiento de "conservador y retrógrado" y, asegura, que con estas acciones se le hace un favor a los terratenientes en Bolivia y, además, brinda una excusa al Estado para que emplee la fuerza pública, generándose así mayor enfrentamiento y violencia. El problema agrario se acentúa. Recientemente, en Cochabamba, adjudicatarios de Santa Bárbara se enfrentaron con policías; el saldo: seis heridos (cuatro policías, un poblador y un periodista).

EL MITO DEL SUELO SIN FIN

El ex viceministro de Tierras Carlos Valderrama alegaba que la solución parcial al problema agrario pasa por implantar una Política Nacional de Tierras. En esa línea, el actual viceministro del área, Luis Fernando Asturizaga, fomentó el Diagnóstico sobre acceso a la tierra y recursos naturales, que procura establecer información fidedigna del rubro, evitando caer en los "mitos" que alimentan los discursos políticos.
Se habla de la existencia de latifundios en el oriente. Asturizaga sostiene -sin desechar la existencia de éstos- que de acuerdo con las superficies saneadas en Santa Cruz el tamaño promedio de un predio llega a las 1.700 hectáreas; en el Beni, a las 3.200, y en Pando, a las 6.300 hectáreas. No obstante, la afirmación es rechazada por el MST, que alega que la tierra está fragmentada por los terratenientes.

Otro dato revela que Bolivia no tiene 109 millones de hectáreas para distribuir. Del total, solamente 106 millones son "área rural", de la que 60 millones son bosque (con buen porcentaje no apto para la ganadería y/o agricultura). A esto se suman las 19 millones de hectáreas inscritas bajo el régimen de "áreas protegidas" (son casi intocables). Entonces, 70 millones de hectáreas ya tienen restricciones al uso agropecuario, quedando sólo 27 millones para el empleo específico, que en su mayoría ya fueron dotadas.

Además existe el mercado de tierras rurales, a pesar de estar prohibido por ley. Solamente el 4 por ciento de los beneficiarios originales de la Reforma Agraria perviven en el altiplano y los Valles. Incluso el tráfico de tierras está en entredicho, a pesar de que el ex ministro de Desarrollo Sostenible Gustavo Pedraza entabló una denuncia sobre grupos empresariales chileno-bolivianos que traficaban con los predios en el oriente, que no llegó a probarse.

Al final, el director de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, argumenta que las políticas estatales están ya diseñadas y sólo falta mejorarlas. La Asamblea Constituyente será uno de los escenarios para ello, pero no debe ser el único.