Calma en la recta final
José Guillermo Justiniano*

Lamentablemente los tiempos electorales se trasladaron con la necesidad de realizar cambios fundamentales a la Constitución Política del Estado, ahora todo se mira bajo el prisma del cálculo electoral. La marcha indígena pidiendo un Congreso Extraordinario para que se apruebe la Constituyente con características corporativas, así como el derecho propietario sobre los recursos naturales no renovables, toca fundamentos que hacen a los cimientos de la conformación de Bolivia. Cuando algunos partidos llegaron a la conclusión que la Constituyente podría darles beneficios electorales, trabaron el acuerdo logrado por los partidos con mayor representación parlamentaria y la posibilidad de una aprobación rápida de las reformas constitucionales quedó a un costado.

La Constituyente es un tema manejado en el ámbito de elites, no es un tema del pueblo que clama por la solución a los problemas de la crisis económica. Pese a ello y debido a una marcha que tiene las características de contar con apoyo político y económico externo a las organizaciones indígenas, se corre el riesgo de arrancar decisiones sobre temas fundamentales para el país de manera apresurada. Hoy más que nunca necesitamos serenidad en la recta final previa a las elecciones del 30 de junio. La Constituyente planteada en términos corporativos, en la que sus integrantes son parte de grupos económicos, sociales o de etnias, sería la destrucción de la democracia representativa, que con defectos y limitaciones, es el mejor modelo de representación democrática. Bolivia es un proyecto de Estado Nación en proceso de consolidación, es por ello un país frágil en términos institucionales. Es un país diverso en varios factores, pero en especial en lo étnico. La conformación de un Estado que no se base en la unidad en la diversidad corre el riesgo de fragmentarse. No existe un proyecto de clase ni una mayoría étnica predominante para lograr hegemonía en la conducción del país. Necesitamos un pacto por un proyecto común, un contrato social renovado, pero sobre la base de una democracia representativa con los ajustes necesarios para lograr una efectiva participación ciudadana. El camino no es la Constituyente corporativa. El pedido del derecho propietario sobre los recursos naturales no renovables para los pueblos indígenas es el camino hacia la consolidación de dos regímenes de la propiedad diferentes y la separación de los bolivianos en dos categorías. Estamos yendo como el péndulo de un extremo al otro.

Desde una exclusión histórica de los derechos indígenas hacia el privilegio basado en el régimen de propiedad diferenciado para los derechos sobre los recursos naturales no renovables. Esto no será tolerado por el resto de los bolivianos que no pertenecen a pueblos indígenas, puede ser el principio de un conflicto mayor.

Estamos jugando con fuego motivados por la carrera electoral y la desesperación por obtener votos a cualquier precio y prometiendo cualquier cosa. El gobierno que se instale el 6 de agosto, nacido de ofertas irracionales, tendrá el grave problema que se las exigirán.

En ese momento se pueden fusionar problemas de una grave crisis económica con temas relacionados a cuestiones fundamentales de la organización del país.

No es momento para improvisaciones e imposiciones, el proceso electoral no debe ser afectado por esos pedidos. Se requiere una cumbre para lograr consensos, lo contrario sería una irracionalidad nacida del cálculo político a corto plazo.

*José Guillermo Justiniano
es subjefe del MNR.