Lo sé, pero me lo guardo
Raúl Garáfulic Lehm.*

Los últimos días de la campaña electoral se caracterizarán por una serie de denuncias, acusaciones y contraacusaciones entre los diferentes candidatos presidenciales, en particular contra Manfred Reyes Villa y Gonzalo Sánchez de Lozada, que aventajan a sus contendores, según todas las encuestas. La motivación es simple: obtener más votos quitándoselos a un adversario, porque a estas alturas la torta ya está dividida –hay pocos indecisos- y para que uno suba, otro debe bajar.

Pero, el abuso que se ha estado haciendo de esta llamada guerra sucia durante los últimos días de la campaña tiene dos inevitables secuelas. Primero, la saturación comunicacional que se genera termina por cansar a todos y hace que la gente preste menos atención a lo que se dice. Y segundo, los candidatos que cuentan con la preferencia de la gente tienden a convertirse en víctimas porque los electores prefieren no creer lo que se dice contra sus favoritos, algo así como: "pobrecito, le dicen todo esto porque va ganando".

No obstante, esta guerra comunicacional es necesaria y forma parte de las reglas de juego de la democracia, porque es imprescindible que si un candidato cometió hechos reñidos con la ética, la moral o la justicia, ello sea de conocimiento público, para que el voto ciudadano sea consciente de sus consecuencias.

La vida privada de un candidato deja de serlo desde el momento en que se postula. El votante tiene derecho a conocer cualquier detalle sobre el pasado de un presidenciable que le resulte relevante para decidir su voto. Así, es lícito que los contrincantes publiquen detalles tan diversos como la religión, los amigos que frecuenta, el origen de la fortuna personal, el estado civil, los vicios y los pecados, pecadillos o pecadotes que pudiera haber cometido un candidato.

Pero, un aspecto censurable de la guerra sucia es que aquellos hechos de carácter delictivo, que son utilizados como arma electoral, a menudo son descubiertos con mucha anticipación y, sin embargo, se ocultan a la justicia, que es donde corresponde su presentación como lo indica la ley. ¿Cuál es la ética de aquel que acusa cuando le conviene, para hacer un show, y no para que se haga justicia? Y para colmo de males, a veces, el acusador termina aliándose con el acusado al término del proceso electoral para conformar una coalición gobernante, archivando las denuncias previas. Esto, señores, es encubrimiento.

Otro aspecto oscuro y censurable de nuestro proceso electoral es que algunos partidos políticos claramente manipulan las encuestas para influir sobre la opinión pública. Es una práctica habitual mantener en secreto la encuesta verdadera y publicar una versión manipulada.

Este hecho puede comprobarse fácilmente por lo disparatado de algunos resultados que, incluso, alguna vez son adjudicados a empresas fantasmas. ¿No es esto una especie de fraude electoral?

La Corte Nacional Electoral debe censurar esta mala práctica porque las encuestas son imprescindibles en una democracia moderna y no deben desvirtuarse por su mal uso.

Me adhiero a la propuesta de La Razón en sentido de que la publicación de las mismas deba ser autorizada por la Corte, sólo a empresas cuya ética y capacidad técnica estén debidamente comprobadas.

Deseo aclarar que atribuyo la disparidad de resultados de las encuestas elaboradas por medios de comunicación serios a factores técnicos y de muestreo.

*Raúl Garáfulic L. fue director de La Razón. Trabaja en el grupo Prisa.