Choferes interpondrán un recurso contra el plan “Puño de Hierro”

Publicidad (ABI) El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunció este miércoles que interpondrán un recurso legal en contra del plan “Puño de Hierro” por la ausencia de un reglamento que especifique cuánto de combustible puede llevar cada transportista.

“A causa de no existir un reglamento que nos indique cuánto de combustible puede llevar un transportista vamos a plantear un recurso legal porque no es posible que por llevar 10 por ciento más de combustibles seamos procesados por la Ley 1008 como narcotraficantes”, afirmó.

El martes tuvieron una reunión con representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la cual se comprometieron a trabajar en un reglamento junto a los transportistas, según declaraciones de Durán.

El Estado boliviano emitió el Decreto Supremo Nro. 29788 por el que se aplica el plan anticontrabando de combustibles denominado “Puño de hierro”.

Esta medida legal sanciona el contrabando de gasolinas, kerosene, diesel oil, y gas licuado de petróleo (GLP) bajo las penalidades establecidas en la Ley 1008 que sanciona el tráfico de sustancias controladas, que a su vez dispone que los infractores podrán ser sancionados hasta con 25 años de prisión.

De acuerdo a Durán, la medida contra el contrabando tuvo poco efecto en la normalización del abastecimiento de combustibles, puesto que el producto aún escasea en algunos días, mientras que otros la distribución es normal.

“Para nosotros el decreto no tuvo el éxito esperado, sobre todo el interior (...) este decreto no es factible, nos perjudica en varias cosas”, apuntó el dirigente del autotransporte.

La norma se incorpora en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Confiscados, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 26143 el 6 de abril de 2001, procedimientos complementarios a ser aplicados sobre la gasolina, kerosene, diesel oil y gas licuado de petróleo (GLP) en su calidad de sustancias controladas.

Establece que aquellas personas, surtidores o entidades que sean sorprendidas en posesión ilícita de los mencionados combustibles serán sometidos a un proceso penal en el marco del artículo 48 de la Ley 1008 de sustancias controladas y otras normas legales vigentes.

“Quienes no tengan autorización, la persona, sea el conductor o el ayudante, que incurran en este delito (de contrabando de carburantes) sin autorización de la Superintendencia tendrán la privación de libertad de 5 a 25 años, como establece el artículo 48 de la Ley 1008”, advirtió el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.

La medida busca resolver la escasez de gasolina, diesel y gas de uso doméstico, que generó protestas en algunas zonas del país, especialmente en Santa Cruz y que el Gobierno explicó que se debe a un excesivo contrabando hacia otros países, por la diferencia de precios.