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13 de julio, 2004
La pregunta 2 definirá quién tiene el control del gas
(La Paz - La Razón)
Si gana el Sí el Gobierno recuperará el control en boca de pozo y podrá negociar los contratos con las petroleras. Si es No todo será igual que ahora.
La ley vigente (1689) permite la libre comercialización de los hidrocarburos, por lo que el Estado pierde tuición sobre esos recursos.
La pregunta número dos del referéndum definirá quién se queda con la propiedad de los hidrocarburos una vez que salen de la tierra, y la nueva relación entre el Estado y las empresas petroleras. El Gobierno se juega porque el Sí le dé la posibilidad de controlar los precios, la comercialización y las exportaciones de gas, así como renegociar los contratos con las compañías petroleras.
Antes de la Ley de Hidrocarburos 1689, la producción, comercialización y exportación de estos recursos estaba a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la promulgación de la norma en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada los hidrocarburos producidos pasaron a propiedad de las compañías petroleras.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), los hidrocarburos son del Estado, sin embargo, la ley vigente y los contratos suscritos con las empresas permiten la libre comercialización y, por lo tanto, se entregan los productos hidrocarburíferos a las petroleras.
La idea es que con el SÍ el Gobierno tendrá la potestad para negociar con las compañías, revisar los contratos y retomar el control de los hidrocarburos producidos, “porque debajo la tierra son del Estado”, explicó Francesco Zaratti, delegado para la Revisión y Mejora de la Capitalización.
El analista Carlos Villegas no comparte esta visión. Asegura que al responder SÍ a esta pregunta sólo se recuperarán los recursos en boca de pozo en contratos futuros y no para las actuales 52,3 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas que tiene el país. Es decir se tendría que esperar 40 años.
Gustavo Torrico, diputado del MAS, coincide con Villegas en que la recuperación no será inmediata, pero también cree que se podría negociar con las empresas para mejorar la situación actual del país en el negocio petrolero.
“No se puede recuperar algo que no sea perdido, me refiero a los contratos nuevos, pero sí se pueden readecuar los 78 contratos actuales y tener la propiedad en boca de pozo”, dijo Torrico.
Para el Gobierno, una respuesta positiva a esta pregunta permitirá recuperar la soberanía en los hidrocarburos, aseguró Ricardo Paz, coordinador del Referéndum.
Al recuperar soberanía, el Estado tendrá la capacidad de utilizar los recursos para negociar “no sólo la parte económica, también de autoridad del Estado, de beneficio geopolítico y de política internacional”, sostuvo Zaratti.
Un ejemplo de lo que quiere recuperarse para el país mediante esta pregunta son los beneficios que se lograron en la negociación para la venta de gas a Argentina, donde el Estado definió la cantidad, el tiempo de venta de este recurso y el precio y pagos adicionales.
Torrico sostiene que si “el mandato del pueblo dice que SÍ (a esta pregunta), lo que hay que hacer es sentarnos con las petroleras y hacer modificaciones, también se deben anular aquellos contratos que no fueron cumplidos".
Esta es la nacionalización que busca el Gobierno, pero que no incluirá la confiscación ni expropiación. “Confiscar o expropiar puede ser un mal negocio para el país, por el bloqueo económico y otras consecuencias, lo importante es recuperar lo que hemos perdido”, señaló el diputado Torrico.
Si la respuesta es NO, la situación actual no cambiaría y la comercialización de hidrocarburos seguirá siendo libre.
El diccionario
Comercialización.-
Es la actividad de compra-venta de gas o petróleo y de productos resultantes de los procesos de refinación e industrialización de los hidrocarburos del país.
Boca de pozo.-
Es el lugar preciso donde los hidrocarburos (gas, gas licuado y petróleo) son medidos una vez que dejan la tierra. También es el lugar donde comienza su transporte.
Cadena productiva.-
Es el circuito que el gas sigue para ir del pozo a los hogares o fábricas. Es exploración y explotación (upstream). Transporte, refinación, distribución y comercio. (downstream).
Negociación.-
Según el diccionario de la Real Academia Española, negociar quiere decir tratar asuntos públicos o privados procurando el mejor logro para las partes involucradas.
Para comprender la pregunta 2
Actualmente los reservorios bajo tierra por mandato de la Constitución Política del Estado son de dominio del Estado, pero los hidrocarburos producidos (boca de pozo) son de las empresas petroleras que operan en el país. Las empresas adquieren la potestad de comercializar libremente los hidrocarburos a través de Ley 1689 de Gonzalo Sánchez de Lozada, y mediante los contratos de riesgo compartido suscritos con el Estado. Antiguamente, la propiedad de los hidrocarburos era del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) era la protagonista del negocio petrolero, estaba en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera, explicó el delegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti.
El analista económico Carlos Villegas dice que el resultado del marco legal vigente del país permite que los hidrocarburos cuando salen a la superficie de la tierra sean de propiedad de las empresas petroleras extranjeras. “Así lo dice la Ley 1689 y la cláusula tercera de los contratos de riesgo compartido, por lo tanto los 52 Trillones de Pies Cúbicos de gas, las reservas probadas y probables del país están en manos de las empresas extranjeras”. Al ser transferidos en boca de pozo, las empresas tienen la potestad de exportar y comercializar en el mercado interno con total libertad. También de exportar si quieren.
Según Villegas, la transferencia de los recursos hidrocarburíferos, mediante ley o contrato, es una violación a la Constitución Política del Estado porque la propiedad pasa a manos de terceros y el único beneficio que recibirá será sólo de carácter tributario.
Cómo cambiará con esta pregunta la propiedad de los hidrocarburos.
Si gana el SÍ en esta pregunta, el resultado permitirá que la comercialización de hidrocarburos deje de ser libre, como hasta hoy, “porque en el momento que yo la entrego (la propiedad de los hidrocarburos), la entrego condicionada a una política de Estado, donde recuperar los recursos significa que se los ha perdido, porque se los ha concedido con los contratos de riesgo compartido”, señaló Francesco Zaratti. El recuperar los hidrocarburos en boca de pozo implica que a partir del momento en que los hidrocarburos salgan serán del Estado boliviano nuevamente. Sin embargo, se tendrá que negociar con las empresas petroleras que operan en el país porque son los contratos los que les dan facultades para ejercer esta libertad en la venta de los hidrocarburos. Zaratti sostiene que la respuesta a esta pregunta introducirá un cambio en la actual política energética, porque con un nuevo marco las empresas tendrán que ingresar a una negociación con el Estado.
Según Carlos Villegas, nada cambiará, ya que los contratos de riesgo compartido suscritos en 1996 y aún vigentes son para los próximos 40 años, por lo tanto las reservas actuales de gas, tanto las probadas como las probables, quedarán como propiedad de las petroleras, mientras esos contratos permanezcan vigentes. El analista cree que al responder Sí a la pregunta lo único que quedará es que sólo mediante contratos nuevos el Estado tendrá la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. En tanto que Gustavo Torrico, del MAS, asegura que los cambios podrán darse a través de una negociación con las empresas petroleras que permita adecuar las reservas al nuevo marco vigente.
El responder SÍ significa que la recuperación del gas será inmediata.
La recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado llegará mediante una negociación con las empresas petroleras que operan en el país. El Gobierno obtendrá, mediante el voto, la potestad para negociar con las compañías y que se acomoden a la nueva política energética del país. Ricardo Paz, coordinador del Referéndum, explicó que los contratos de riesgo compartido con las petroleras serán revisados y adecuados de manera concertada. "Pese a que los contratos firmados son leyes entre partes, el Gobierno cree que mediante una negociación y revisión de estos documentos se podrá lograr retirarles esa concesión de ser dueños nuevamente de los hidrocarburos producidos”, dice Zaratti. La idea es controlar la comercialización, la exportación y los precios para el mercado interno, entre otros detalles estratégicos.
Qué podrá definir el Congreso sobre ese tema.
El Congreso tendrá la opción de definir que el Estado recupere de nuevo la soberanía sobre los hidrocarburos, dice Zaratti. En su proyecto de Ley de Hidrocarburos, el Gobierno introduce además una nueva forma de contratos: los de riesgo compartido en los que el Estado es dueño del 50 por ciento de las reservas, entonces el Parlamento podrá aprobar esta nueva modalidad de contratos para que el Gobierno pueda negociar con las compañías y lograr un traspaso de los contratos de riesgo compartido a estos nuevos tipos de relación que establecería la nueva ley.
Según Torrico, al abrogar la Ley 1689 en el Parlamento, las empresas no tendrán un marco legal vigente. “La base jurídica con la que vinieron las empresas petroleras al país y con la que suscribieron los contratos ya no estará vigente, por lo que las empresas estarán obligadas a adecuarse a los nuevos contratos”, explicó Torrico.
Qué es nacionalización responsable, como plantea el gobierno del presidente Mesa.
Para el MAS, lo que el Gobierno propone en vez de nacionalización es una recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo. “Es la manera responsable de tener en manos del Estado el control de la comercialización, porque de otra manera no seríamos consecuentes con el país, incluso existe la posibilidad de que si expropiamos nos castiguen con un bloqueo económico o no tener recursos para compensar a las empresas petroleras”, dijo. El Ejecutivo cree que su propuesta es una de las formas que existen para nacionalizar los hidrocarburos y la única viable, porque para expropiar se requieren más de 8 mil millones de dólares para retomar la propiedad y desplazar a las empresas petroleras. La suma calculada se refiere tanto a la inversión que se les tendría que devolver, como a los recursos que se requerirían para que el Estado invierta nuevamente en el sector y vender al exterior.
Si gana el NO en esta pregunta, qué ocurrirá con la propiedad de los hidrocarburos.
Si gana el NO la situación del negocio petrolero en el país seguirá como ahora, porque “quiere decir que a la gente le gusta como se lleva adelante la política hidrocarburífera en el país”, dice Ricardo Paz.
Sin embargo, el Gobierno ya comenzó a ejecutar una nueva política cuando restringió la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a las empresas petroleras y al negociar con las compañías el precio del barril del petróleo. Torrico, del MAS, cree que al responder NO el país quedaría en peligro de que las empresas sigan ejecutando la libre comercialización y por lo tanto el Estado no tenga tuición sobre los hidrocarburos producidos. La exportación y precios en el mercado interno seguirían siendo potestad de las empresas petroleras. Para Carlos Villegas, si la respuesta es negativa los próximos contratos con las empresas petroleras serán iguales a los actuales o tal vez más ventajosos.
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