A 20 años, asoma el cambio del 21060
Actualidad - Domingo, 28 / Ago / 2005
(La Razón)
Hace 20 años, un día como hoy se instalaba el gabinete, que 24 horas más tarde daría vida al Decreto Supremo 21060 que, en los hechos, era la nueva política económica de Bolivia.
Analistas y políticos entrevistados por La Razón coinciden que las medidas del 21060 no ha llegado a cumplir con todos los objetivos trazados en 1985. Y, dependiendo con el cristal con el que se mire el pasado, hay quienes dicen que eso se debe a que los diferentes gobiernos perforaron el decreto con medidas estatistas o que el decreto en sí mismo era inadecuado.
Todos coinciden que es momento de hacer cambios, ya sea para darle más protagonismo al Estado o para quitárselo, dependiendo, también, del lado en el que se ubiquen los entrevistados.
“El país se nos muere”, dijo Víctor Paz Estenssoro al ser posesionado como presidente de la República en agosto de 1985. Estas palabras describían a cabalidad la crisis económica por la que atravesaba Bolivia.
Para evitar que el país se muriera, Paz Estenssoro reunió a un grupo de empresarios, políticos y economistas, quienes diseñaron la Nueva Política Económica (NPE), en el 21060.
En el texto Estabilización y Desarrollo, el economista Juan Cariaga —uno de los gestores del decreto— explica que dicha norma estableció las principales disposiciones fiscales, monetarias, cambiarias y arancelarias de emergencia que se adoptarían para detener el proceso inflacionario y reordenar la economía.
A agosto de 1985, la tasa de inflación de precios alcanzó el 23.500 por ciento de incremento anual. El economista Carlos Villegas apunta que uno de los resultados más significativos es que con la aplicación del decreto 21060, se pudo controlar y eliminar el proceso hiperinflacionario.
El analista Armando Méndez coincide con Villegas, y agrega que mediante el decreto se establecieron dos criterios que se deben mantener para que el país pueda desarrollarse: el control del déficit fiscal y de la inflación.
La aplicación de la NPE fue resistida por diferentes sectores sociales —mineros, fabriles, maestros y otros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB)—, que a la fecha mantienen una postura crítica.
Para el diputado masista, Santos Ramírez, el decreto 21060 no consiguió ninguno de los objetivos trazados. “Después de 20 años, el pueblo reclama mejores días, recuperación del gas y los recursos naturales, pide Asamblea Constituyente, y esto es por el fracaso del 21060”.
A juicio de Carlos Villegas, uno de los aspectos adversos del decreto 21060 fue que aumentó la informalidad en la economía. “También aumentó el desempleo, la inestabilidad y flexibilización laboral”.
El analista agrega que se creó una economía dual, conformada por dos segmentos: “uno, minoritario, de modernas empresas extranjeras y nacionales; y el otro, tradicional y atrasado, que es la mayoría excluida”.
Méndez, por su parte, señala que si bien la estabilidad macroeconómica es importante, no es suficiente para garantizar el desarrollo. Añade que un segundo problema —que no es atribuible al decreto en sí— es la falta de institucionalidad.
En entrevista con La Razón, Juan Cariaga comenta que, desde su creación, el decreto 21060 ha sido perforado, por lo cual no pudo cumplir con sus otros objetivos (reactivación económica y generación de empleo).
“Este modelo iba a poder generar superávits en vez de déficits, pero los malos políticos le han cargado más de $us 1.000 millones anuales (...) Le han hecho una terrible avería al decreto 21060 para que no funcione”.
Estos “agujeros” —prosigue Cariaga— han sido causados por la sobredimensión del Estado, cuyos gastos actuales ascienden al 30% del Producto Interno Bruto (PIB). La subvención a los carburantes, la reducción de la edad para la jubilación, la indexación de las pensiones, la exclusión de los gremiales de la tributación y la introducción de la deuda interna fueron los otros aspectos que impidieron cumplir con todos los objetivos de la NPE.
Y ahora viene la coincidencia de hacer los ajustes necesarios.
Armando Méndez manifiesta que, si bien la norma no tiene deficiencias, requiere ser complementada en otras áreas de las políticas públicas. Esto, con el objetivo de que el decreto pueda lograr el desarrollo económico que hasta ahora no se ha dado.
Para Carlos Villegas, “el modelo se agotó por completo”. “El país está frente a un gran reto: ratificar su actual funcionamiento y dar lugar a mayor tensión social o ingresar a un cambio de modelo”. Este tema —añade— será parte del debate de las próximas elecciones generales y deberá continuar en la Asamblea Constituyente.
A decir del candidato presidencial de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, el aspecto que se debe cambiar es el patrón de desarrollo para crecer “de abajo hacia arriba”. Esto implica dar un rol más activo al Estado para que apoye con recursos y capacitación a pequeños productores y microempresarios.
Santos Ramírez es más radical al afirmar que no hay nada que ajustar en el decreto, sino que hay que desecharlo para darle más protagonismo al Estado en el control y administración de los recursos naturales, lo cual permitirá superar la pobreza.
El analista Napoleón Pacheco no considera acertado cambiar el actual modelo económico porque no existe un proyecto alternativo que dé las soluciones que requiere el país. Lo que sí —concluye Pacheco— se debe rediseñar el Estado, darle mayor protagonismo, pero no en el ámbito económico, sino en el social.
Juan Cariaga advierte que el volver a un Estado proteccionista y paternalista podría crear más subvenciones y, por ende, un retorno a la hiperinflación.
Puestas así las cosas, uno de los grandes debates de las elecciones del 4 de diciembre y las Asamblea Constituyente es el modelo económico del país.
Opiniones
“Los burócratas nunca entendieron el Decreto 21060”
Juan Cariaga, economista.
“El 21060, desde su creación, ha sufrido agujeros del 12,6% del PIB. Esto implica un costo de más de mil millones de dólares. Después de 20 años, este modelo —que fue hecho para atacar la hiperinflación, estabilizar la macroeconomía, generar ahorros para reactivar la economía y generar empleo— no ha podido cumplir este último objetivo, porque los políticos se han encargado de hacerle muchísimos agujeros. Los burócratas nunca entendieron el 21060, nunca entendieron que podía ser un poderoso instrumento para reactivar la economía. Por el contrario, han contribuido a que el modelo no funcione, y hoy son los primeros en argumentar que el modelo está agotado. Este no es un problema de alta economía, es un problema de aritmética. Si se le mete a un modelo todos estos gastos que ascienden a más de mil millones de dólares, es obvio que no va a funcionar. (...) La hiperinflación sí tuvo un costo social muy importante. Una quinta parte del país se volvió más pobre, el PIB per cápita se redujo en un 20%. El 21060 revertió esa tendencia y a partir de 1986, Bolivia tuvo un crecimiento positivo en la economía. El problema es que el modelo ha sido mal manejado en función a las presiones políticas y al desconocimiento”.
“Regresar a la economía estatal es como un salto al vacío”
Napoleón Pacheco, analista económico.
“La memoria corta de los bolivianos no les permite ver lo que pasaba a principios de los 80 y cómo hemos ido cambiando, cómo han mejorado algunas cosas. El modelo está siendo criticado, pero no creo que se deba pensar en un cambio, porque no tenemos un proyecto alternativo que nos diga de qué de manera diferente a lo que se hizo hasta hoy se pueden solucionar los problemas económicos. Cuando se habla de cambio de modelo y se dice que hay que regresar a la economía estatal de antes, es como un salto al vacío. Ese planteamiento debería expresarse en un proyecto económico que nos muestre la viabilidad del cambio. Y no tenemos eso. Los países que están teniendo éxito en su crecimiento no lo están haciendo porque tengan al Estado como protagonista del desarrollo, sino al mercado. Y ese es el rumbo que se tiene que seguir. Se debe rediseñar el Estado, hay que darle mayor protagonismo pero no en el ámbito económico, probablemente en el social. Necesitamos un Estado fuerte, que haga cumplir las leyes y que dé seguridad jurídica a la inversión. En la medida en que no suceda esto tendremos que seguir lamentando caídas de la inversión, pérdida de confianza, incertidumbre, y eso daña al crecimiento y al empleo”.
“Si es un modelo de corrupción, esperemos esté agotado”
Armando Méndez, economista.
“El 21060 es un programa de estabilización, que trata de corregir el exagerado gasto en la economía que era financiado exclusivamente con emisión del BCB. Impulsó un conjunto de medidas para poder aplacar esta situación, para disminuir el gasto excesivo. En su inicio, no toca las empresas estatales. En 1993, comienza el segundo ciclo con el proceso de capitalización de las empresas públicas. Aquí hay una disminución del Estado en la economía nacional. Esta etapa acaba con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003. (...) Si entendemos el 21060 como el modelo que presenta las bases para el desarrollo económico, para la modernización del Estado, en absoluto está obsoleto. Si se lo entiende como un modelo de corrupción, de rentismo, de patrimonialismo, esperemos que esté agotado. Pero estas deficiencias no son propias del decreto, estas deficiencias son tan viejas como la República. El gran drama del Estado es que hasta ahora no podemos tener un Estado que cumpla las condiciones mínimas de cualquier Estado moderno, que son la seguridad interna y la jurídica”.
“El 21060 aumentó la informalidad en la economía”
Carlos Villegas, economista.
“Un resultado significativo es que con la aplicación del 21060 se controla y elimina el proceso hiperinflacionario. A través de políticas macroeconómicas se logró una bajísima tasa de inflación. A lo largo de los 20 años, por primera vez se logró la presencia de transnacionales, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos. El ingreso de estas empresas logró el descubrimiento de reservas importantes de gas natural y de petróleo. Uno de los aspectos adversos de la aplicación del decreto fue que el proceso de reformas ha generado en el ámbito de las finanzas públicas un déficit significativo, resultado de la privatización de la seguridad social de largo plazo. Además, aumentó la informalidad en la economía, aumentó el desempleo, la inestabilidad y flexibilización laboral. Aumentó la pobreza en el ámbito rural. Pese a que la exportación era el objetivo principal, prácticamente los valores de exportación estuvieron estancados. El saldo que deja el neoliberalismo contradice los objetivos planteados en agosto de 1985. Fue un error considerar que al achicar el Estado iba a florecer la empresa privada”.
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Analistas y políticos entrevistados por La Razón coinciden que las medidas del 21060 no ha llegado a cumplir con todos los objetivos trazados en 1985. Y, dependiendo con el cristal con el que se mire el pasado, hay quienes dicen que eso se debe a que los diferentes gobiernos perforaron el decreto con medidas estatistas o que el decreto en sí mismo era inadecuado.
Todos coinciden que es momento de hacer cambios, ya sea para darle más protagonismo al Estado o para quitárselo, dependiendo, también, del lado en el que se ubiquen los entrevistados.
“El país se nos muere”, dijo Víctor Paz Estenssoro al ser posesionado como presidente de la República en agosto de 1985. Estas palabras describían a cabalidad la crisis económica por la que atravesaba Bolivia.
Para evitar que el país se muriera, Paz Estenssoro reunió a un grupo de empresarios, políticos y economistas, quienes diseñaron la Nueva Política Económica (NPE), en el 21060.
En el texto Estabilización y Desarrollo, el economista Juan Cariaga —uno de los gestores del decreto— explica que dicha norma estableció las principales disposiciones fiscales, monetarias, cambiarias y arancelarias de emergencia que se adoptarían para detener el proceso inflacionario y reordenar la economía.
A agosto de 1985, la tasa de inflación de precios alcanzó el 23.500 por ciento de incremento anual. El economista Carlos Villegas apunta que uno de los resultados más significativos es que con la aplicación del decreto 21060, se pudo controlar y eliminar el proceso hiperinflacionario.
El analista Armando Méndez coincide con Villegas, y agrega que mediante el decreto se establecieron dos criterios que se deben mantener para que el país pueda desarrollarse: el control del déficit fiscal y de la inflación.
La aplicación de la NPE fue resistida por diferentes sectores sociales —mineros, fabriles, maestros y otros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB)—, que a la fecha mantienen una postura crítica.
Para el diputado masista, Santos Ramírez, el decreto 21060 no consiguió ninguno de los objetivos trazados. “Después de 20 años, el pueblo reclama mejores días, recuperación del gas y los recursos naturales, pide Asamblea Constituyente, y esto es por el fracaso del 21060”.
A juicio de Carlos Villegas, uno de los aspectos adversos del decreto 21060 fue que aumentó la informalidad en la economía. “También aumentó el desempleo, la inestabilidad y flexibilización laboral”.
El analista agrega que se creó una economía dual, conformada por dos segmentos: “uno, minoritario, de modernas empresas extranjeras y nacionales; y el otro, tradicional y atrasado, que es la mayoría excluida”.
Méndez, por su parte, señala que si bien la estabilidad macroeconómica es importante, no es suficiente para garantizar el desarrollo. Añade que un segundo problema —que no es atribuible al decreto en sí— es la falta de institucionalidad.
En entrevista con La Razón, Juan Cariaga comenta que, desde su creación, el decreto 21060 ha sido perforado, por lo cual no pudo cumplir con sus otros objetivos (reactivación económica y generación de empleo).
“Este modelo iba a poder generar superávits en vez de déficits, pero los malos políticos le han cargado más de $us 1.000 millones anuales (...) Le han hecho una terrible avería al decreto 21060 para que no funcione”.
Estos “agujeros” —prosigue Cariaga— han sido causados por la sobredimensión del Estado, cuyos gastos actuales ascienden al 30% del Producto Interno Bruto (PIB). La subvención a los carburantes, la reducción de la edad para la jubilación, la indexación de las pensiones, la exclusión de los gremiales de la tributación y la introducción de la deuda interna fueron los otros aspectos que impidieron cumplir con todos los objetivos de la NPE.
Y ahora viene la coincidencia de hacer los ajustes necesarios.
Armando Méndez manifiesta que, si bien la norma no tiene deficiencias, requiere ser complementada en otras áreas de las políticas públicas. Esto, con el objetivo de que el decreto pueda lograr el desarrollo económico que hasta ahora no se ha dado.
Para Carlos Villegas, “el modelo se agotó por completo”. “El país está frente a un gran reto: ratificar su actual funcionamiento y dar lugar a mayor tensión social o ingresar a un cambio de modelo”. Este tema —añade— será parte del debate de las próximas elecciones generales y deberá continuar en la Asamblea Constituyente.
A decir del candidato presidencial de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, el aspecto que se debe cambiar es el patrón de desarrollo para crecer “de abajo hacia arriba”. Esto implica dar un rol más activo al Estado para que apoye con recursos y capacitación a pequeños productores y microempresarios.
Santos Ramírez es más radical al afirmar que no hay nada que ajustar en el decreto, sino que hay que desecharlo para darle más protagonismo al Estado en el control y administración de los recursos naturales, lo cual permitirá superar la pobreza.
El analista Napoleón Pacheco no considera acertado cambiar el actual modelo económico porque no existe un proyecto alternativo que dé las soluciones que requiere el país. Lo que sí —concluye Pacheco— se debe rediseñar el Estado, darle mayor protagonismo, pero no en el ámbito económico, sino en el social.
Juan Cariaga advierte que el volver a un Estado proteccionista y paternalista podría crear más subvenciones y, por ende, un retorno a la hiperinflación.
Puestas así las cosas, uno de los grandes debates de las elecciones del 4 de diciembre y las Asamblea Constituyente es el modelo económico del país.
Opiniones
“Los burócratas nunca entendieron el Decreto 21060”
Juan Cariaga, economista.
“El 21060, desde su creación, ha sufrido agujeros del 12,6% del PIB. Esto implica un costo de más de mil millones de dólares. Después de 20 años, este modelo —que fue hecho para atacar la hiperinflación, estabilizar la macroeconomía, generar ahorros para reactivar la economía y generar empleo— no ha podido cumplir este último objetivo, porque los políticos se han encargado de hacerle muchísimos agujeros. Los burócratas nunca entendieron el 21060, nunca entendieron que podía ser un poderoso instrumento para reactivar la economía. Por el contrario, han contribuido a que el modelo no funcione, y hoy son los primeros en argumentar que el modelo está agotado. Este no es un problema de alta economía, es un problema de aritmética. Si se le mete a un modelo todos estos gastos que ascienden a más de mil millones de dólares, es obvio que no va a funcionar. (...) La hiperinflación sí tuvo un costo social muy importante. Una quinta parte del país se volvió más pobre, el PIB per cápita se redujo en un 20%. El 21060 revertió esa tendencia y a partir de 1986, Bolivia tuvo un crecimiento positivo en la economía. El problema es que el modelo ha sido mal manejado en función a las presiones políticas y al desconocimiento”.
“Regresar a la economía estatal es como un salto al vacío”
Napoleón Pacheco, analista económico.
“La memoria corta de los bolivianos no les permite ver lo que pasaba a principios de los 80 y cómo hemos ido cambiando, cómo han mejorado algunas cosas. El modelo está siendo criticado, pero no creo que se deba pensar en un cambio, porque no tenemos un proyecto alternativo que nos diga de qué de manera diferente a lo que se hizo hasta hoy se pueden solucionar los problemas económicos. Cuando se habla de cambio de modelo y se dice que hay que regresar a la economía estatal de antes, es como un salto al vacío. Ese planteamiento debería expresarse en un proyecto económico que nos muestre la viabilidad del cambio. Y no tenemos eso. Los países que están teniendo éxito en su crecimiento no lo están haciendo porque tengan al Estado como protagonista del desarrollo, sino al mercado. Y ese es el rumbo que se tiene que seguir. Se debe rediseñar el Estado, hay que darle mayor protagonismo pero no en el ámbito económico, probablemente en el social. Necesitamos un Estado fuerte, que haga cumplir las leyes y que dé seguridad jurídica a la inversión. En la medida en que no suceda esto tendremos que seguir lamentando caídas de la inversión, pérdida de confianza, incertidumbre, y eso daña al crecimiento y al empleo”.
“Si es un modelo de corrupción, esperemos esté agotado”
Armando Méndez, economista.
“El 21060 es un programa de estabilización, que trata de corregir el exagerado gasto en la economía que era financiado exclusivamente con emisión del BCB. Impulsó un conjunto de medidas para poder aplacar esta situación, para disminuir el gasto excesivo. En su inicio, no toca las empresas estatales. En 1993, comienza el segundo ciclo con el proceso de capitalización de las empresas públicas. Aquí hay una disminución del Estado en la economía nacional. Esta etapa acaba con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003. (...) Si entendemos el 21060 como el modelo que presenta las bases para el desarrollo económico, para la modernización del Estado, en absoluto está obsoleto. Si se lo entiende como un modelo de corrupción, de rentismo, de patrimonialismo, esperemos que esté agotado. Pero estas deficiencias no son propias del decreto, estas deficiencias son tan viejas como la República. El gran drama del Estado es que hasta ahora no podemos tener un Estado que cumpla las condiciones mínimas de cualquier Estado moderno, que son la seguridad interna y la jurídica”.
“El 21060 aumentó la informalidad en la economía”
Carlos Villegas, economista.
“Un resultado significativo es que con la aplicación del 21060 se controla y elimina el proceso hiperinflacionario. A través de políticas macroeconómicas se logró una bajísima tasa de inflación. A lo largo de los 20 años, por primera vez se logró la presencia de transnacionales, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos. El ingreso de estas empresas logró el descubrimiento de reservas importantes de gas natural y de petróleo. Uno de los aspectos adversos de la aplicación del decreto fue que el proceso de reformas ha generado en el ámbito de las finanzas públicas un déficit significativo, resultado de la privatización de la seguridad social de largo plazo. Además, aumentó la informalidad en la economía, aumentó el desempleo, la inestabilidad y flexibilización laboral. Aumentó la pobreza en el ámbito rural. Pese a que la exportación era el objetivo principal, prácticamente los valores de exportación estuvieron estancados. El saldo que deja el neoliberalismo contradice los objetivos planteados en agosto de 1985. Fue un error considerar que al achicar el Estado iba a florecer la empresa privada”.
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