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9 de julio, 2009

Contraloría responsabiliza a 15 funcionarios de YPFB en caso Catler


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(ABI) La Contraloría estableció responsabilidad penal para 15 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos su destituido y encarcelado presidente Santos Ramírez, por el proceso de contratación, salpicado de corrupción, entre la empresa estatal y Catler Uniservice para la construcción de una planta de licuables en Río Grande, centroeste de Bolivia.

"Hay dos miembros del directorio de YPFB y los restantes son miembros de las comisiones que formaron parte del proceso en las comisiones de Calificación y Concertación. En todos ellos se encuentra indicios de responsabilidad penal", informó el contralor Gabriel Herbas.

Según el informe preliminar, revelado por el Contralor, la auditoría señala responsabilidad penal en funcionarios y contratistas de YPFB.

La lista que encabeza Ramírez consigna también a Julio Anagua Chumacero, Esther Rosario Carmona Nogales, Javier Ernesto Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, José Daniel Álvarez Gantier, María Linnet Schlink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván Saúl García Coca, Richard Darío Aguilera Montecinos, Federico Juan Galán Laime, Miguel O´Connor Darlach Taborga, Agustín Tomás Melano y Emil Leonardo Chiquie Nacif.

Ramírez y la abogada Carmona, ex asesora jurídica de YPFB, han sido encarcelados en La Paz, por sus vinculaciones con el proceso irregular de contratación para la construcción de la planta que envolvía la friolera de 86 millones de dólares.

El proceso de contratación adquirió coloración parda el 27 de enero último cuando unos matones interceptaron al propietario de Catler, Jorge O’Connor D’Arlach, cuando éste transportaba en una calle de La Paz 450.000 dólares en efectivo y luego de descerrajarle un disparo en el cuello se mandaron a cambiar con el dinero destinado a una coima para Ramírez.

Herbas dijo que la Contraloría notificará a todos los involucrados, quienes tienen un tiempo de 10 días para presentar sus descargos, antes de la elaboración de un informe complementario que se hará llegar a la Fiscalía para que se pueda ampliar el proceso de investigación contra estos funcionarios.





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