Choferes paran en oposición a decreto que sanciona a chóferes borrachos al volante

(ABI) El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia (CCHB), Franklin Durán, confirmó por la noche el paro de 48 horas que su sector aplicará, entre miércoles y jueves en oposición al decreto que sanciona a los chóferes borrachos al volante y que el gobierno del presidente Evo Morales deploró sin ambages.

“Hemos reiterado que la medida de presión va adelante. Nosotros hemos mandado una respuesta, hemos trabajado por 20 días, hemos escuchado y agotado todas las instancias de diálogo, sin embargo hemos sido objeto de burla por parte de los ministros”, afirmó el dirigente.

Por su parte el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, argumentó, en conferencia de prensa, que el diálogo se rompió por la “intransigencia de algunos de dirigentes” del transporte que obstaculizaron el acuerdo.

Aseguró que no se modificará el decreto 420 de Seguridad Vial.

Explicó que los choferes habrían incumplido el acuerdo que se había establecido la mañana del martes y que garantizaba la vigencia del decreto sin modificaciones.

“Volvieron en la tarde, retrocedieron y no quisieron aceptar el compromiso”, explicó el ministro, además de recalcar que el Gobierno “tiene la obligación de defender la vida”.

“Lo que quieren es que retrocedamos en el decreto para que tengan una licencia libre para farrear y para matar”, ironizó la autoridad a tiempo de manifestar que este es un paro para “borrachos” y para que sigan existiendo episodios que enluten a familias bolivianas.

La medida de presión se registra luego de una serie de negociaciones entre la Confederación de Chóferes de Bolivia, que preside Durán, y el gobierno, que se fueron por tierra.

En declaraciones a una estación de televisión, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, dijo que el decreto que rechazan los transportistas detuvo en seco la seguidilla de accidentes de tráfico que sólo en enero último se cobró la vida de 79 bolivianos y chilenos en carreteras del país.

“El decreto ha tenido buenos resultados. Al menos un 60% de los accidentes ha sido parado”, citó.

Dijo que los intentos del gobierno por concertar el reglamento al decreto no fueron entendidos por los transportistas públicos, opuestos al retiro definitivo de la licencia de conducir a todo chófer sorprendido en estado de ebriedad al volante.

El gobierno, según Delgadilo, postuló, en las negociaciones fracasadas, un reglamento concertado y racional que remate en una ley específica.

“Una nueva ley de seguridad vial” en base del decreto expedido por el Ministerio de Gobierno, buscó un acuerdo racional, proporcional y equilibrado con los chóferes, afirmó.

El ministro consideró llegado el momento de adquirir, particularmente en el gremio de los transportistas, una cultura de respeto por la vida, factor que precisamente defiende el ministro Llorenti, blanco de duras críticas de los transportistas que pretenden retroceder la medida en base de presiones.

“Tenemos que empezar a adquirir una cultura de respeto a la vida”, enfatizó Delgadilo que calificó de “peligro” o “asesino potencial” al conductor que se monte en un coche a manejar en estado de embriaguez.

“Nos hemos sentado (a la mesa de diálogo con los transportistas para acordar) en la reglamentación y ahí es donde nos hemos trancado”, comentó.

Antes de ponerse en práctica, el paro sufría la misma noche del martes desmoches.

El gremio de los transportistas en el área interprovincial anunció su decisión de no acatar la medida de fuerza.

El líder de los transportistas interprovinciales, Wilfredo Arias, declaró que su sector tiene un acuerdo ad portas con el gobierno y que los afilados no pararán el miércoles y menos el jueves.

“Con el gobierno tenemos un acta de compromiso para la elaboración de un reglamento”, explicó Arias al tiempo de patentar su acuerdo con la ecuación chófer borracho, chófer sin licencia”.

“Estamos de acuerdo. Debemos reconocer la irresponsabilidad que existe”, afirmó.

A contrapelo de los chóferes del servicio interprovincial, los del Transporte Libre, que ejerce en el radio urbano de las principales ciudades bolivianas, se cuadraron ante la orden de la CCHB.

El dirigente Juan Escóbar pidió, a manera de reivindicación, que, en todo caso, el decreto se extienda a los “transportistas particulares”.

El pasado 3 de febrero el Gobierno promulgó el Decreto 420 que establece drásticas penalidades contra los transportistas sindicalizados, luego que en el país se registraran graves accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de ebriedad.

Embarcado en la medida de fuerza, Durán advirtió que todas las federaciones a nivel nacional están organizadas y que posteriormente se convocará a un ampliado nacional de emergencia para asumir otras determinaciones.

No se descartan bloqueos de caminos a nivel interdepartamental.

“Hay unidad en los choferes y en consecuencia el paro va a ir adelante, porque es una decisión de todas las bases que han asistido al ampliado nacional”, indicó Durán.

A su turno, Llorenti advirtió con sancionar a conductores y vehículos que suspendan el servicio y sean sorprendidos bloqueando carreteras, con la emisión de una resolución para suspender la tarjeta de operaciones.