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31 de marzo, 2010

Evo Morales promulgó la ley anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”


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(Bolivia.com) El presidente Evo Morales promulgó la primera ley anticorrupción en Bolivia y defendió el principio de retroactividad que comporta la norma destinada a evitar la apropiación, por parte de particulares, de entre 200 y 300 millones de dólares año, y a recuperar alrededor de 10.000 millones de dólares sonsacados de las arcas públicas en las últimas cuatro décadas.

“Algunos organismos internacionales estaban un poco cuestionando el tema de la retroactividad de la ley. No pues (no es posible), para gente que roba, cómo no pues, no puede ser (la ley) sin retroactividad; la retroactividad está constitucionalizada”, defendió el gobernante que, a dos meses de asumir su segundo mandato, puso en vigor la norma que, proyectada en 1997 y remozada una década más tarde, fue congelada por la oposición senatorial entre 2007 y 2009.

La ley anticorrupción, que lleva el nombre de un insigne defensor social y los derechos públicos, Marcelo Quiroga Santa Cruz (1932-1982), y que se aplicará apenas sea publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, apunta a la recuperación de fondos apropiados por particulares, producto de cohechos groseros, desfalcos y peculados entre otras figuras penales.

“Es la única forma de recuperar, además, los bienes estatales. Por eso vamos a esperar a la comunidad internacional” para abordar sus cuestionamientos sobre la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”, especialmente reservada para funcionarios públicos, afirmó el gobernante que extendió una felicitación a Héctor Arce y René Martínez, respectivamente presidentes de las cámaras de Diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Nacional, donde se tramitó la ley en cuestión de semanas.

La promulgación de esta ley, la primera de su género en la economía jurídica y legislativa de Bolivia, que en 1999 se inscribió como el segundo país en el planeta con mayores índices de corrupción pública, fue antecedida por la huida, itinerante, a Chile y Perú, de Guillermo Fortún, ministro de Gobierno del ex presidente conservador y dictador militar Hugo Banzer, requerido por un fiscal para esclarecer el destino que, como autoridad, entre 1997 y 2001, dio a la partida de gastos reservados de entre 20 y 30 millones de dólares año.

La tradición de la ley financial de Bolivia contempló, entre 1982 y 2005, la partida de gastos reservados para efectos de seguridad interna y externa del Estado y el empleo y destino de ésta fue de conocimiento exclusivo, a veces verbal, del presidente en funciones.

Se estima que entre 1971, cuando Banzer asumió el poder por imperio de los fusiles, y fines 2005, cuando Morales sucedió al presidente transitorio Eduardo Rodríguez, los gastos reservados insumieron la friolera de 5.000 millones de bolivianos, alrededor de 750 millones de dólares, cuyo descargo desconoce hasta la Contraloría de Bolivia.

Luego a expedir la ley para que surta el tramo final de su trámite, la publicación, Morales declaró acabado el ciclo de políticos de viejo cuño enriquecidos a contrapelo de la ley desde diversas posiciones de la función pública.

“Tenemos la obligación de combatir este mal que daña al pueblo boliviano”, afirmó el gobernante que dirigió sus dardos contra “clase política” tradicional que administró el país andino amazónico, entre 1982, cuando se restauró la democracia, y 2005, período signado por gobiernos de corte liberal.

“Esa es la clase política, no es el pueblo-pueblo”, enfatizó Morales que -dado el amplio espectro de la ley que 10 días atrás rechazaron, en consorcio y rotundo, los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002) y Rodríguez (2005) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), por supuestas contravenciones al derecho internacional y a la misma carta política boliviana- clavará la crines de la corrección y la ley en el lomo de los políticos, de ayer y hoy, con propensiones a las corruptelas.

La ley que expidió Morales en un acto al que asistió el Ejecutivo en pleno, en el salón principal de la casona de gobierno, en La Paz, se registra 14 meses después que uno de sus colaboradores más cercanos, Santos Ramírez -al que encargó la administración de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, punta de lanza del proceso de cambio que impulsa en Bolivia- fuera descubierto en una corruptela de proporciones y enviado tras de rejas en consecuencia.

“Si nosotros aplicamos esta ley, seguramente nadie va a querer ser político, porque ya no se roba (por la rigurosidad de la ley), por tanto ya no se gana (a manos llenas). Ese es el futuro de los políticos en Bolivia”, servir al pueblo y servirse de él, arengó el gobernante, dispuesto a dar batalla, “en persona”, a la corrupción.






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