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7 de julio, 2010

Ley Marco: Alcaldes presentan los temas de mayor discrepancia con el Gobierno


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(Bolivia.com) Aparte de los consensos alcanzados con el Gobierno sobre la Ley Marco de Autonomías, para los municipios aún existen temas pendientes, francos desacuerdos, en importantes aspectos de la futura Ley, señala la Declaración de Tarija, documento emitido por los alcaldes de capital de departamento reunidos en Tarija el reciente fin de semana.

Los desacuerdos que se tiene con el Gobierno, señala la Declaración, serán “trasladados a las negociaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, a la cual ya fueron enviadas las correspondientes propuestas.

Desacuerdos en cuanto a las competencias de las autonomías, al régimen fiscal financiero de las mismas, a los distritos indígenas, a la coordinación con el gobierno central, y en torno a la suspensión judicial de las autoridades locales.

Competencias

En el tema de las competencias, la primera preocupación de los municipios son las denominadas Leyes de Armonización, aquellas que la Asamblea Legislativa Plurinacional puede emitir para “armonizar disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas, cuando así lo exija el interés general…” (Art.67)

Preocupa la redacción en este punto, señala la Declaración de Tarija, pues estas leyes alcanzan a las competencias exclusivas municipales, “es especialmente alarmante el carácter derogatorio de estas leyes, equiparando su poder al del Tribunal Constitucional Plurinacional, única instancia reconocida por la Constitución para la resolución de conflictos de competencias”.

En salud, la Declaración “requiere que se aclare la responsabilidad de los municipios respecto a la administración de los recursos humanos”, que esta responsabilidad sea integral y no sólo técnica, como señala el Artículo 82 del proyecto de Ley Marco.

En educación, la Declaración afirma que en el Proyecto hay “vacíos a ser corregidos”; por ejemplo, al abrogarse la Ley 1551 (tal como dispone el Proyecto en su parte final), las autonomías se quedarán sin sustento legal para ejercer sus responsabilidades en el área.

En el tema de transporte, si bien se llegó – destaca la Declaración – a un consenso en cuanto a la regulación de las tarifas del transporte, queda pendiente a quién corresponde la responsabilidad del registro de la propiedad de automotores. Cuando la Constitución reconoce que este registro es una competencia exclusiva de los municipios (Art.302), el Proyecto de Ley Marco dispone que sea responsabilidad del nivel central del Estado. (Art.95)

Régimen fiscal-financiero

Pese a que en el Régimen Fiscal-Financiero, el proyecto de Ley Marco “brinda continuidad a las relaciones fiscales entre los distintos gobiernos del Estado”, no dejan de haber temas en conflicto.

Es el caso de la inmovilización y congelamiento de las cuentas municipales. En este punto – señala la Declaración – el Proyecto es “excesivamente reglamentario” (Art.114), y la medida puede ser iniciada hasta por tres instancias: el Ministerio de Autonomía, el de Economía y Finanzas y los juzgados. Al respecto, existe una redacción alternativa que debería ser considerada, demandan los munícipes.

En cuanto al “débito automático”, mecanismo mediante el cual el gobierno central puede destinar los recursos de la autonomía al pago de alguna obligación que ésta tenga (Art.216), la Declaración de Tarija señala que “la redacción propuesta por el proyecto de ley pone en riesgo la gestión presupuestaria y de tesorería municipal, además que establece causales discrecionales y subjetivas para la aplicación de dicho mecanismo”.

En cuanto al dominio tributario municipal, si bien el Proyecto reconoce los actuales impuestos que cobran las alcaldías, aún existe, señala la Declaración, un vacío en la normativa “entre la abrogación de la ley 1551 y la (futura) promulgación de la ley de clasificación impositiva”.

Asimismo, la Declaración reclama que la potestad de los municipios sobre los impuestos que cobra debería ser plena, pero ocurre que algunas excepciones o mecanismos del proyecto de Ley Marco (como el dictamen técnico tributario) limitan esta potestad.

La Declaración también señala que para los municipios es de crucial importancia que se definan claramente el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión. En los municipios existen importantes gastos de mantenimiento de la infraestructura local que, por ejemplo, podrían ser solventados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que hoy son exclusivos sólo para “inversión”. Debería haber una mayor flexibilidad en el uso de estos recursos, lo cual mejoraría la planificación y el presupuesto de los municipios, insiste la Declaración.

También debiera verse con más cuidado la creación y uso del denominado Fondo de Desarrollo Productivo Solidario (Arts.117 y 122). La estabilización y el ahorro de recursos estatales no pueden ser excusa para la reducción de recursos autonómicos y su posterior uso discrecional, advierte la Declaración.

Finalmente, es necesario revisar el financiamiento de las mancomunidades, pues el Proyecto limita el tipo de asistencia económica que podrían recibir estas entidades vitales para el asociativismo municipal.

Distritos indígena originario campesinos

Con respecto a los distritos indígena originario campesinos (IOC) que se constituyan al interior de un municipio, la Declaración de Tarija, en primer lugar cuestiona la preferencia que el proyecto de Ley Marco tiene hacia el distrito IOC en desmedro del distrito no indígena: mientras el distrito IOC es descentralizado (Art.28), el distrito no indígena sólo es desconcentrado (Art.27).

La descentralización del distrito IOC – señala la Declaración – podría significar incluso la transferencia de competencias, lo cual va más allá de lo constitucionalmente reconocido para el distrito indígena; reconocimiento que consiste en la elección de sus autoridades según normas y procedimientos propios.

Hay que tomar en cuenta, destacan los municipios, que incluso la elección de manera distrital, territorializada del concejal indígena (a la que accederán los distritos IOC), es ya una excepción dentro de la forma generalizada de elección de concejales, que es por circunscripción única municipal.

Además, el proyecto de Ley Marco no señala desde cuándo el concejal indígena empieza a ejercer como tal: teóricamente debe hacerlo desde que es electo o designado por las comunidades, pero para poder entrar al concejo lo más probable es que deba haber una recomposición del concejo, mediante la reforma de la Carta Orgánica, lo cual debe ser aprobado por dos tercios del concejo, pasar el control de constitucionalidad e ir a referendo.

Tampoco está claro el punto en que en el proyecto de Ley se habla de la posibilidad de que distritos indígenas se agreguen a entidades territoriales indígena originario campesinas colindantes (Art.46.III).

Coordinación intergubernamental

A los municipios también les preocupa cómo queda compuesto el Consejo Nacional de Autonomías en el Proyecto. “El municipalismo estaría incorrectamente representado con sólo dos miembros – de veintiún totales con los que contaría el Consejo –, tomando en cuenta que existen actualmente 326 municipios; la representación es especialmente observable si se la compara con aquella de otros niveles de gobierno”. (Art. 126)

En cuanto al Servicio Estatal de Autonomías, reclama la Declaración, permanentemente se reiteró el carácter no vinculante de todos los dictámenes que emita, no sólo de aquellos referidos a conflictos de competencias. Esta determinación no está correctamente reflejada en el proyecto de ley. (Art.132)

Suspensión de autoridades

En cuanto a la suspensión de las autoridades ejecutivas, la Declaración insiste en que esto debe ser parte de la Ley Marco de Autonomías, toda vez que es un tema que “toca a la gobernabilidad autonómica, a la estabilidad política y, por último, a la democracia misma”.

Al respecto, señalan los municipios, existen propuestas de redacción de artículos específicos para esta figura, incorrectamente tratada por la Ley 2028 de Municipalidades.

Con relación a los actos de fiscalización a los municipios por parte de la Asamblea Plurinacional, se deben establecer los procedimientos. Asimismo, en cuanto a las funciones y roles del control social es otro tema que merece un análisis mas profundo.

Vea la Declaración de Tarija (formato pdf)





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