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9/11/2003

Desequilibrio en el Régimen Simplificado

(La Razón)

Tomar una decisión drástica para el caso del Régimen Simplificado es algo urgente. El país necesita mensajes claros para recuperar la fe en el sistema tributario, cultivar una cultura de cumplimiento y respeto, y contribuir a su recuperación.

La idea de crear el Régimen Simplificado fue demagógica, pues buscaba atraer la simpatía de los que habrían de beneficiarse con esa forma de evasión autorizada. Pero ha crecido mucho, más rápidamente de lo que los más optimistas políticos que la crearon habían podido soñar.

Con las ventajas de virtual exención de obligaciones impositivas que detenta, pasó de cobijar a 280 personas en 1990 a un total de 97.480 a fines del año pasado. Lo que aportan estos señores al sistema tributario equivale a 0,08 por ciento de todas las recaudaciones.

El sistema funciona como un búnker en que un apreciable universo de comerciantes, que deberían estar directamente entre los Grandes Contribuyentes, por la magnitud de las operaciones que tienen, se escudan entre los vendedores ambulantes. El Gobierno actual trató de dividir a ese grupo ofreciendo a los verdaderos gremialistas, que necesitan un régimen especial, un tratamiento privilegiado. Pronto se percataron de ello los grandes evasores que figuran en la lista y volvieron a cerrar filas. Las marchas de los gremialistas, que inundan las calles en todo sentido, son financiadas por alguien, y es probable que lo sea por los grandes evasores.

En la lista están empresarios que deberían figurar en la lista de los millonarios del país. Por ejemplo, los propietarios de las flotillas de autobuses que hacen viajes al interior. Las empresas medianas de ese tipo tienen hasta 200 vehículos que cuestan, en promedio, alrededor de 150.000 dólares cada uno.

El Gobierno ha lanzado en las últimas semanas una nueva reforma tributaria, que nace entre otras cosas de su impotencia ante las siempre bajas recaudaciones, pero lo hizo apretando las mismas teclas del sistema tributario, presionando a los mismos contribuyentes de siempre, para que incluso acepten haber presentado facturas que no eran verdaderas. Les ofreció una amnistía.

Pero los empresarios del país, aquellos que siguen pagando impuestos, han pedido que el Gobierno amplíe de una buena vez la base tributaria porque, como van las cosas, los pocos bolivianos que tienen la rara costumbre de pagar impuestos no podrán seguir aumentando su aporte de manera indefinida.

Está claro que, sin embargo, para las autoridades de Estado, esto de controlar el Régimen Simplificado está resultando tanto o más difícil que controlar el Chapare. Ahora que hay un superintendente de Recaudaciones y que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) está decidido a mejorar sus resultados, es el momento de acabar con la aberración legal de la existencia de este régimen. Quizá convenga anular totalmente el pago de impuestos para los verdaderos gremialistas, a cambio de aislar a los grandes evasores que se esconden entre ellos.

Tomar una decisión drástica para el caso del Régimen Simplificado es algo urgente. El país necesita mensajes claros para recuperar la fe en el sistema tributario y contribuir a su recuperación. Del mismo modo, la sociedad boliviana necesita que el Gobierno dé señales de compromiso y reduzca los gastos excesivos a los que ha acudido para atender los caprichos de sus muy exigentes socios políticos.




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