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15 de enero, 2005

Un decreto prevé el uso de los soldados en conflictos

(Bolivia.com)

El Gobierno ya cuenta con un instrumento legal que reglamenta la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno. Se trata de un decreto supremo que autoriza el uso de un manual militar, en el que se define que esta institución podrá utilizar armamento reglamentario, es decir armas de fuego, en situaciones extremas.

El decreto, que aún espera su envío a la Gaceta Oficial para recibir la numeración correspondiente, establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas intervendrán en conflictos internos cuando los mecanismos de negociación y la acción preventiva de la Policía Boliviana haya sido rebasada, y bajo instrucción precisa del Presidente de la República.

Asimismo, define distintos niveles de intervención, en proporcionalidad con el grado de agresividad de los sectores en conflicto. Es decir que si, por ejemplo, los efectivos militares reciben disparos de armas de fuego, quedan autorizados a responder de la misma forma.

"En caso de agresión ilegítima actual o inminente, el derecho de legítima defensa faculta a los integrantes de una fuerza a adoptar medidas de protección activas o pasivas y defensa de sus personas o la de los otros, incluyendo el empleo de su armamento reglamentario", señala el manual.

Sin embargo, precisa que este será el último escalón en el uso de la fuerza, ya que primero deberán utilizarse métodos persuasivos, equipos antimotines, agentes químicos y disparos con armas de fogueo.

"El uso de la violencia sólo será justificable en situaciones de extrema necesidad y como último recurso cuando fracasen todos los métodos de negociación y persuasión", señala el documento, que según las autoridades del Gobierno pretende evitar la discrecionalidad en el uso de la fuerza, como ocurrió en febrero y octubre del año 2003.

El manual militar que ahora está en vigencia y que este fin de semana será puesto en conocimiento de las unidades militares de todo el país, precisa también que los militares intervendrán en situaciones de conflicto interno únicamente cuando haya una orden escrita del Presidente de la República, en la que señale detalles de la intervención militar.

"Las instrucciones del Capitán General para el uso de la fuerza por las FFAA deberán ser escritas, debiendo referirse a situaciones específicas; en lo posible con descripción detallada de tiempo y espacio, pudiendo incluirse otras referencias puntuales como instrucciones para el repliegue o detalles referentes a coordinación con otros organismos de seguridad", señala el manual.

Los militares, desde los sucesos del 2003, exigieron al Gobierno la aprobación de este decreto, para evitar que el total de la responsabilidad de su accionar en tiempos de conflicto recaiga exclusivamente en sus efectivos.

El "Manual de Uso de la Fuerza en Conflictos Internos" recuerda además el deber constitucional que tienen las Fuerzas Armadas de mantener el orden público, cuando la Policía sea rebasada "o cuando la escalada del conflicto social hace prever la necesidad del empleo de dichas unidades militares".

Otros puntos del manual están referidos al respeto que deben tener las FFAA de los derechos humanos y otros establecen sanciones. "Si en el cumplimiento de su misión el personal militar se aparta de la ley cometiendo abusos o causando daños innecesarios, incurre en la comisión de delito".

Las FFAA no recibieron órdenes para actuar

DEFENSA • La idea es que el uso de la fuerza militar no sea discrecional, dice Arredondo.
El ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo, informó que actualmente no existe ninguna instrucción presidencial para la intervención de los militares en una situación de eventual conmoción interna del país.

La autoridad explicó que la norma aprobada por el gabinete busca establecer "límites" al accionar castrense en función y proporción a la dimensión de hipotéticos conflictos.

"Esta reglamentación orientará mejor a los comandantes (…) La idea es que el uso de la fuerza no sea discrecional", sostuvo el ministro Arredondo, quien aclaró que la presencia uniformada, si se diera el caso, ocurriría sólo si la Policía es rebasada y por instrucción expresa presidencial.

El análisis del reglamento permite señalar a la autoridad que su correcta aplicación evitaría hechos como los que sucedieron en octubre del 2003.
"En todos los casos queremos disminuir el caso que se pueda causar, queremos cumplir todas las normas antes de usar las armas de fuego" precisó.

En la coyuntura, Arredondo dijo que los militares podrían intervenir en el control de la infraestructura de los servicios básicos, pero aclaró que el Presidente aún no dio esa orden.

Las normas para el uso del poder militar

órdenes escritas • Las instrucciones del Capitán General para el uso de la fuerza deberán ser escritas, en la que debe referirse a situaciones específicas; en lo posible con descripción detallada de tiempo y espacio, pudiendo incluirse otras referencias puntuales como instrucciones para el repliegue o detalles referentes a coordinación en otros organismos de seguridad.

Armas • En caso de agresión ilegítima actual o inminente, el derecho de legítima defensa faculta a los integrantes de una fuerza a adoptar medidas de protección activas o pasivas y defensa de sus personas o la de otros incluyendo el empleo de su armamento reglamentario.

Último recurso • Sólo se abrirá fuego con munición de guerra, cuando se reciba agresión con armas de fuego tomando en cuenta el derecho de legítima defensa y los principios de empleo del uso de la fuerza.


Santa Cruz no se pone de acuerdo en las presiones


EL LíDER CÍVICO • Rubén Costas debe convencer a la COD y Cainco.
Luego del paro cívico de 48 horas, la unidad que pregonaron las instituciones cruceñas tiende a debilitarse, luego de que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) y la Central Obrera Departamental (COD) decidieron no apoyar la huelga de hambre decretada por el Comité Cívico exigiendo la reversión del alza del precio de los carburantes.

El secretario ejecutivo de la COD, Gabriel Helbing, que propuso a los cívicos realizar otro paro, pero de 72 horas, afirmó que los trabajadores esperaban medidas más contundentes. En tanto, el presidente de la Cainco, Zvonko Matkovic, también expresó su desacuerdo. "La huelga de hambre está desacreditada en Bolivia, para qué voy a ingresar en la medida si después voy a estar comiendo detrás de la puerta", afirmó.

Mientras tanto, el piquete de huelga de los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz crece con la adhesión de los fabriles. Desde el lunes se presionará para lograr la reversión del aumento de los precios del diesel y la gasolina.

Las marchas de protesta, los cacerolazos y una huelga general son las acciones previstas. Se anunció además el bloqueo de los ductos de Palmasola y la Terminal Bimodal.

Asimismo, la brigada parlamentaria de Santa Cruz interpelará a cuatro ministros del Gobierno para que expliquen los motivos técnicos y políticos del denominado "gasolinazo". Los ministros de la Presidencia, José Antonio Galindo; de Hidrocarburos, Guillermo Tórrez; de Hacienda, Luis Carlos Jemio, y de Desarrollo Económico, Horst Grebe, fueron los convocados para el martes 18 en el Congreso.





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