El Alto para desde hoy, el Gobierno dice que no cederá

(La Paz - La Razón)

La medida es por tiempo indefinido. La Ministra de Trabajo, a quien los alteños ya no quieren como negociadora, dijo que el Ejecutivo no acordará nada que no involucre a las dos alcaldías.

Las exhortaciones y pedidos del Gobierno y los empresarios de La Paz y El Alto no lograron suspender el paro cívico. La Federación de Juntas Vecinales alteña retoma hoy la medida por tiempo indefinido, con bloqueos y con la exigencia de que Aguas del Illimani SA (AISA) sea intervenida de inmediato.

La medida de presión tiene como antecedente el paro del 10 de enero, que obligó al Gobierno a emitir un decreto el día 12, disponiendo la conclusión del contrato con la subsidiaria de la empresa francesa Suez.

El inicio de ese proceso de conclusión tomó más de un mes y costó la renuncia de dos superintendentes de Saneamiento Básico y el alejamiento de uno más que fue nombrado pero no ratificado. Asumió Eriko Navarro, a quien los alteños rechazan por haber sido él quien, como parte del gabinete de la ex alcaldesa Gaby Candia, participó del contrato con Aguas del Illimani.

Navarro emitió, el jueves 24 de febrero, las dos resoluciones gubernamentales para rescindir el contrato. Paralelamente defendió las cualidades de AISA y llegó a afirmar que era un error pedir su alejamiento.

Por esa razón, la Fejuve alteña pidió su destitución como condición para negociar. El lunes, la ministra de Trabajo, Audalia Zurita, luego de una reunión con una comisión de la Fejuve, encabezada por su vicepresidente Eliodoro Equiapaza, dio a entender que se podía escuchar ese pedido, pero si se dejaban de lado las presiones. Ayer, el ministro de Obras Públicas y Saneamiento Básico, René Gómez, dijo en conferencia de prensa que "no es momento para pedir destituciones sino de trabajar".

La Fejuve extendió por tanto su rechazo a Zurita, de quien comentó que no sabe negociar.

El ministro calificó de poco racional la actitud de los dirigentes alteños que desean la salida inmediata de la empresa. Semejante medida, dijo, demandaría un desembolso de millones de dólares también inmediato.

El lunes, el presidente Carlos Mesa calificó de irracional el pedido de echar de inmediato a AISA. "El Estado no puede pagar 40 ó 50 millones de dólares por el capricho de este sector", sostuvo desde Cochabamba.

La propuesta vecinal es la transferencia de los bienes de manos de AISA a SAMAPA, para crear en el corto plazo una empresa pública y social sin fines de lucro y con ayuda de la cooperación internacional. Gómez explicó lo que ya dijeron los representantes de los organismos de ayuda: que tal empresa será observada durante tres a cinco años antes de cualquier inversión. Y que, en cambio, una empresa mixta recibiría recursos en el acto, pues la exigencia es la sostenibilidad de la misma.

Gómez y Zurita abundaron ayer en argumentos para proceder a una conclusión de contrato paulatina, que no provoque obligaciones económicas imposibles de sostener para el país.

Zurita sostuvo que la competencia del Gobierno no puede ir más lejos, pues el tema de la nueva empresa es municipal. "No vamos a hacer acuerdos bilaterales con la Fejuve", afirmó, retomando la exigencia que hizo el alcalde Juan del Granado de que el Gobierno no asuma "soluciones" sin tomar en cuenta a La Paz.

Hay más piquetes de huelga

En El Alto hay 32 huelguistas distribuidos en cuatro piquetes en la misma Fejuve —un grupo está integrado por 11 mujeres— y otro se instaló ayer en la sede del Comité de Vigilancia. El primer grupo lleva ya nueve días privándose de comer. En él se halla el titular de la Fejuve, Abel Mamani, que como sus compañeros está muy debilitado.

El lunes, en Cochabamba se instalaron dos piquetes con varias exigencias dirigidas al Ejecutivo y al Legislativo, como la aprobación de la Ley de Hidrocarburos o la Constituyente. De paso, apoyan a los alteños. Uno de esos piquetes está encabezado por el líder de la Coordinadora por la Defensa del Agua, óscar Olivera, y otro por el líder de los regantes, Omar Fernández.

En La Paz, el ex mayor David Vargas —que fue candidato a la Alcaldía de La Paz en diciembre— encabeza también a un grupo con varias demandas; y en Oruro es la Fejuve local la que asume la medida.

VECINOS
La Paz y Viacha se distancian de la Fejuve alteña

La Federación de Juntas Vecinales de La Paz, reunida en asamblea la noche del lunes, asumió medidas "realistas, nada de sueños ni fantasías", dijo su presidente, Miguel Quispe.

Alrededor de 400 dirigentes de las zonas paceñas aclararon su posición: primero, su acuerdo con la salida de Aguas del Illimani; pero concertada "pues no queremos dañar a los paceños ni al país". Si se la echa ahora, "el Estado tendrá que indemnizarla y con dinero del mismo pueblo".

Segundo, "aceptamos las resoluciones de la Superintendencia, pero planteamos que en la verificación de las obras donde la empresa dice haber invertido, se incluya a una comisión vecinal".

Sobre la propuesta de una empresa nueva de tipo social, Quispe reiteró que "somos realistas; nos encantaría algo así, pero, ¿de dónde saldrá el dinero?".
En Viacha, municipio que también es atendido por Aguas del Illimani, el alcalde Arsenio Lamas informó de que su posición es la misma: que la empresa se vaya, pero amistosamente.

Presión
La dirigencia alteña asegura un paro total

Según el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Eliodoro Equiapaza, el paro indefinido afectará a toda la ciudad. "Será un paro pacífico con bloqueo de calles, incluyendo la autopista, donde cerraremos el paso al aeropuerto".

Todos los accesos hacia La Paz y el altiplano serán tomados por los bloqueadores.
Ayer, el ministro de Obras Públicas, René Gómez García, aseguró que el Gobierno cuenta con los mecanismos adecuados para garantizar la libre transitabilidad, en especial hacia y desde el aeropuerto internacional.

Ante esta afirmación, Equiapaza dijo que si el Gobierno provoca, ellos estarán listos "para sostener enfrentamientos con efectivos de la Policía".

El director de la Policía Técnica Judicial de El Alto, coronel José Luis Centellas, informó ayer de que sus efectivos tienen la orden de acuartelarse durante las jornadas de paro, en una labor que será netamente preventiva. Su misión es resguardar bienes.