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25 de abril, 2005

Santa Cruz peligra, sus ríos están contaminados

(Santa Cruz - El Nuevo Día)
La Prefectura no se inmuta antes los desastres. Un experto dice que les permite a las industrias vulnerar fácilmente la Ley del Medio Ambiente.

Desolador. Así es el panorama que deja en evidencia un informe sobre la contaminación en los ríos de Santa Cruz y los desastres que ocasionan los plaguicidas sobre la tierra y las personas, los residuos sólidos, la contaminación industrial, la quema de bosques, la minería y los ingenios azucareros. El Nuevo Día tuvo acceso a este documento, elaborado por una unidad de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la gestión 2004 y que era guardado celosamente por el director departamental de Medio Ambiente, Ricardo Saucedo.

Los ríos Piraí, Grande, Yapacaní, Parapetí, San Julián e Iténez se convierten en los colchones de todos los residuos tóxicos que desprenden las casi 300 industrias asentadas en los parques industriales de Santa Cruz y Warnes. La contaminación hídrica del río Piraí (pez del río) la generan la mayoría de las casi 200 industrias que se asientan sobre sus riberas, las que descargan sus aguas industriales, al igual que Saguapac, que descarga sus aguas con parámetros altos de contaminantes. Esto ha llevado a calificar a este curso como cuerpo de agua de “Categoría D”, es decir con la peor calidad. Las descargas de las aguas tratadas en las lagunas de oxidación de Saguapac tienen altos niveles de coliformes fecales, al igual que Cosmol de Montero, quien durante mucho tiempo ha venido derramando sus aguas de manera cruda al río.

A ambas se suman las Cooperativas de Aguas Florida Ltda., de Samaipata, y la de El Torno, que tienen sus lagunas en pleno cauce. Actualmente, los sedimentos tienen una gran cantidad de materia orgánica producto de la contaminación de las industrias y de las aguas servidas de las poblaciones asentadas a lo largo del río. El Río Grande sufre como consecuencias de las extensas plantaciones de soya donde durante la siembra y cosecha de invierno y verano donde se utilizan grandes cantidades de agroquímicos, provocando la mortandad de peces río abajo.

En la zona media a alta del río se han estado explotando áridos para la construcción de la carretera Abapó-Camiri, que dejaron algunos daños ambientales por parte de la empresa constructora Ferrovial. El río Yapacaní enfrenta la sobreexplotación de áridos trayendo consigo la destrucción de los defensivos destinados a impedir inundaciones. Esta zona productiva también recibe plaguicidas de la agricultura y además químicos que son utilizados por bandas que se dedican a la fabricación de sustancias prohibidas.
El río Parapetí presenta actualmente una contaminación de sus aguas por las descargas residuales crudas y basura, por poblaciones de Guacareta y Camiri. En San Julián hay problemas de mortandad de peces al comenzar la época de lluvia, ésto provoca una contaminación en el sistema de agua de consumo. Sus aguas presentan un alto contenido de mercurio debido al lavado de oro o de sedimentos en las serranías. Y por último, en el río Iténez se vienen produciendo una fuerte mortandad de peces como consecuencia de los agroquímicos que se utilizan en los campos de soya.

Estos resultados muestran -a juicio de funcionarios de la Prefectura- la incapacidad de los últimos años de la dirección, que ha sido manejada por abogados y administradores de empresas, y no por ingenieros o profesionales relacionados con la protección del medio ambiente.
El actual director es abogado y asumió durante la gestión de Carlos Hugo Molina. Hasta la fecha ningún delito ha sido sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo II, numeral 2 del Código Penal, con relación a los artículos 105 y 107 de la Ley del Medio Ambiente. La Prefectura del Departamento, a través de la dirección de Saucedo, maneja las Unidades de Recursos Naturales y Ordenamiento Territorial (Urnot); Unidad de Educación, Inspección y Vigilancia Ambiental (Ueiva); Unidad de Gestión Ambiental (UGA); Unidad Forestal y la Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

Todas cuentan con un limitado presupuesto económico, que en promedio llega a 30 mil dólares anuales, lo que significa un mínimo para actuar contra la degradación ambiental tanto hídrica como eólica que provocan diariamente las industrias. En este tema de acuerdo al Decreto Supremo No. 24176 del 8 de diciembre de 1995 se crea el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) establece que “el prefecto es la Autoridad Ambiental Competente a nivel departamental”, lo que le confiere la atribución de resolver los asuntos relativos a la infracciones de las disposiciones ambientales, así como imponer las sanciones administrativas, sin que hasta la fecha haya hecho cumplir la Ley. Incluso, la Unidad de Educación, Inspección y Vigilancia Ambiental podría desaparecer y convertirse en una Unidad de Control Ambiental.

Además, esta dirección no ha adoptado las acciones necesarias para poner en marcha la creación de una fundación patrocinada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España, que precisa la dotación de 13 hectáreas que fueron transferidas de los terrenos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Aún falta su inscripción en Derechos Reales, lo que ha frenado la conformación de la fundación y la llegada de los recursos europeos.




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