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3 de junio, 2006

El Gobierno modificará la Ley de Pensiones

(La Paz - ABI)

La comisión interinstitucional también evaluará el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En 30 días será entregado un proyecto de modificación a la Ley Pensiones 1732. La norma está siendo elaborada por una comisión interinstitucional conformada por organizaciones sociales y gubernamentales que comenzaron a trabajar en ese objetivo, tomando en cuenta el nuevo modelo económico que aplica esta gestión.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en conferencia de prensa anunció que el trabajo de la comisión incorpora también una evaluación a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) respecto a su rol y desempeño en estos últimos 10 años

“El debate comenzó y no se va imponer nada. Vamos a trabajar una propuesta con todas las organizaciones de manera abierta a la ciudadana y los medios de comunicación, pues es importante entregar un proyecto sustentable al Parlamento. Se tomará decisiones”, apuntó la autoridad.

Rada puntualizó que es importante realizar cambios en la norma, pues consideró que fue uno de los pilares en que se sustentó la política neoliberal tomando en cuenta que más que una reforma social fue una “reforma financiera” que tendía a disminuir los gastos de la seguridad social del Estado e impulsar una privatización de las empresas estratégicas.

De la misma manera, dijo que la Ley 1732 estaba dirigida a liberar a las empresas y la parte patronal de los aportes que erogaban para mantener las rentas de los jubilados.

Además obligaba a los propios trabajadores a ahorrar una importante parte de su salario durante toda su vida para así garantizar una renta para su vejez.

Cuestionó también el 0.5 por ciento de comisión que cobran las AFP por administrar los ahorros laborales, además de fijar la edad de jubilación en 65 años cumplidos cuando en el país la esperanza de vida es de 62 años.

A esto se suma, de acuerdo a Rada, las irregularidades e ilegalidades de descuentos mensuales a los trabajadores por parte de las empresas y que no son depositadas en las AFP y, que por el contrario, son utilizados como capital de operaciones por las propias entidades.

Estos aspectos, impulsaron al Ejecutivo a trabajar en la modificación de la norma en coordinación con las ocho organizaciones que conforman la comisión, entre ellas, la Asociación Nacional de Trabajadores sin Jubilación, formada por la llamada “generación sándwich” una de las más afectadas con la Ley 1732 y que protagonizó movilizaciones de protesta en anteriores gestiones.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud en Bolivia, la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia y la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia serán las encargadas de impulsar los cambios en la norma.





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