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17 de agosto, 2006

En aprobación ley que protege a las mujeres del acoso y la violencia política

(ABI)
Con el objeto de prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en los ámbitos de representación pública para el cual fueron elegidas, la Cámara de Diputados aprobó hoy en su estación en grande el proyecto de ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género.

El proyecto de norma, que está compuesto por tres títulos, cuatro capítulos, 11 artículos y tres disposiciones finales, fue repuesta en la presente legislatura por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elizabeth Salguero. Este proyecto fue presentado por primera vez por el Viceministerio de la Mujer, el 1 de septiembre de 2005.

El documento dispone que la norma será aplicable a mujeres en cargos públicos comprendidos desde la Presidencia de la República, Vicepresidencia, Asambleístas, Senadoras, Diputadas, Alcaldesas, Concejalas, Agentes municipales, Prefectas Consejeras departamentales o integrantes de la directiva de cualquier instancia que la haya elegido democráticamente y que sean víctimas de acoso o violencia política.

El Acoso político es entendido como el acto ilícito cometido por una persona, o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia con el propósito de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público, de inducir a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones mediante actos de presión, persecución hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.

Entretanto, la Violencia política es definida como el acto ilícito cometido por una persona o a través de terceros en contra de una mujer o su familia con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público o de inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y de sus principios, a través de actos que causen daño físico, psicológico, moral o sexual.

El título segundo del proyecto de ley enumera los actos ilícitos cometidos que serán penalizados, las agravantes del caso, sanciones y las competencias de las distintas entidades nacionales y departamentales para hacer cumplir esta norma luego de que sea promulgada. También establece la obligación de denunciar estos hechos con o sin autorización de la víctima.




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