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15 de septiembre, 2006

Ministerio Público busca ser un órgano constitucional independiente

(Sucre - ABI)
El Fiscal General de la República, Pedro Gareca Perales, presentó este jueves ante la directiva de la Asamblea Constituyente las propuestas del Ministerio Público sobre las modificaciones a la Carta Magna en los artículos referentes a la Institución.

En la reunión que duró más o menos una hora, el jefe del Ministerio Público dijo que el cambio más importante que sugiere para la nueva Carta Magna es el reconocimiento de la institución como órgano constitucional e independiente.

“Son categorías la independencia, la unicidad y la indivisibilidad como también los conceptos de autonomía orgánica, funcional y financiera para garantizar la eficacia en el cumplimiento de las funciones de todos los fiscales que integran la familia del Ministerio Público”, explicó.

Otra reforma importante que propuso es que el texto de la Constitución Política del Estado recoja los principios del Ministerio Público que son los pilares básicos, como la legalidad, objetividad unidad de actuación y dependencia jerárquica.

“Es más, proponemos también que se coloque como algo sustancial para el Ministerio Público la Carrera Fiscal Institucionalizada, porque consideramos que a través de un sistema de selección y promoción se garantiza la estabilidad y permanencia de los Fiscales y permite al órgano constitucional contar con profesionales idóneos, de mayor experiencia y probos en el ejercicio de función en el cumplimiento de sus tareas”, remarcó.

Entre otras proposiciones está que los Policías Investigadores dependan directamente de la Fiscalía General de la República tanto en lo orgánico como en lo funcional, con el fin de darle mayor credibilidad a las investigaciones, fortalecer el Sistema de Coordinación en la Planificación estratégica que demanda todo proceso Investigativo.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de resguardar los límites de competencia de las instituciones que conforman el estado de derecho, refiriéndose en concreto a las funciones del fiscal que tienen que ver directamente con la responsabilidad de investigar y acusar, en tanto que las funciones de juzgar corresponden al poder judicial.

Esto significa tener que suprimir las competencias de investigación que actualmente le reconoce la Constitución Política a las comisiones legislativas, de esa manera se garantiza el respeto de la independencia de los Poderes y órganos del Estado.

Asimismo propuso la necesidad de suprimir del actual texto de la Constitución Política del Estado, “la defensa de los intereses del Estado”, toda vez que el objeto de reclamación patrimonial pudiera exceder la competencia propia del Ministerio Público en los ámbitos (civil, administrativo, coactivo y laboral) y, en otras ocasiones, los intereses generales de la sociedad pueden ser contrapuestos a los intereses patrimoniales del Estado.

Por esta razón consideró que la defensa de los intereses del Estado en los ámbitos señalados debería ser asumida por otro órgano distinto del Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación, como ocurre en otros países.

De la misma manera se propuso que el Fiscal General de la República sólo podrá ser destituido de sus funciones por delitos cometidos en el ejercicio del cargo por sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previa autorización de investigación de la Sala Penal del Tribunal Supremo y por autorización de dos tercios de votos del Congreso Nacional.

Con esta regulación jurídica Constitucional propuesta se garantiza no solo la objetividad y la legalidad en el debido proceso, sino en lo principal como es fortalecer la independencia, competencia del Poder Judicial y por ende de la institución del Ministerio Público. Regulación




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