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1/14/2002

La flamante Ley Penal no tiene financiamiento

(La Paz - La Razón)
Los ministerios de Justicia, Gobierno y Hacienda iniciaron los contactos con Usaid y GTZ para financiar programas de reinserción social de los reclusos. El Estado destina actualmente 11 millones de bolivianos para las cárceles del país.

La modernización del sistema carcelario es un ambicioso proyecto que no cuenta con financiamiento para ejecutarse.
El presupuesto anual del Ministerio de Justicia asciende a ocho millones de bolivianos, monto que no le permitiría administrar las 19 cárceles del país, según dispone la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada hace un mes.

El Estado destina anualmente 11 millones de bolivianos para atender a los 6.903 reclusos de las 19 cárceles de las nueve capitales de departamento.
Esa cantidad se distribuye en 5,2 millones de bolivianos para prediarios; 2,8 millones de bolivianos para el mantenimiento de los penales y 3 millones de bolivianos para inversiones.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece fundamentalmente la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, la clasificación de los reos para someterlos a un proceso de rehabilitación adecuada y la transferencia de los centros carcelarios del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Justicia.

Esta disposición tiene por objeto regular la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos competentes, el cumplimiento de la suspensión condicional de los procesos y de las penas, y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal.

El éxito de la transformación del sistema penitenciario dependerá del financiamiento, los ministerios de Justicia, Gobierno y Hacienda iniciaron contactos con Usaid y GTZ en busca de créditos, aunque la cantidad requerida se conocerá luego de realizar un estudio de consultoría, según la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

“Este Ministerio es yesca, tenemos un presupuesto un poco superior a los ocho millones de bolivianos. Es el que tiene menos recursos”, afirmó el titular de Justicia, Mario Serrate.

Al concluir la transferencia de las cárceles, los 11 millones de bolivianos actualmente asignados a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario pasarán a ser administrados por el Ministerio de Justicia.


La transferencia del sistema penal avanza lentamente
TAREAS • La clasificación de reos y un estudio de la infraestructura penitenciaria se ejecutan.
Aunque lentamente, ha comenzado el proceso de transferencia de las cárceles del Ministerio de Gobierno al de Justicia.

El viceministro de Justicia, Alberto Goitia, informó que para el efecto, ambas secretarías de Estado comenzaron el intercambio de información sobre la población penitenciaria (número de reos, sentencias ejecutoriadas y detenciones preventivas).

Para la clasificación de los reos se tomará en cuenta sus antecedentes personales y criminales, la formación y el desempeño laboral, el cumplimiento de las normas internas, la convivencia con los demás internos, las iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad y participación en las actividades culturales y deportivas.

De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal y Supervisión los centros de reclusión se clasificarán en centros de custodia, penitenciarías, establecimientos especiales y establecimientos para menores de edad imputables.

Está en marcha también un estudio sobre la infraestructura de las cárceles, además de que la Ley ordena la construcción de penales de alta seguridad.

Los futuros centros deberán contar mínimamente con celdas adecuadas, servicios médicos, sanitarios y de higiene, talleres, bibliotecas, guarderías para niños y espacios para visitas conyugales.

Adicionalmente, se realizan los trámites para la transferencia de los centros penitenciarios, para lo que será necesaria la aprobación de varios decretos.
Estas labores se iniciaron en diciembre del 2001 y se estima que el proceso terminará a mediados del 2004.





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