Gobierno procesará a prefectos, por usar recursos del estado en consultas autonómicas

(ABI) El presidente interino, Álvaro García Linera, anunció este domingo que los prefectos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, serán sometidos a un proceso por malversar recursos del Estado en la realización de consultas para aprobar sus estatutos autonómicos.

"Aquellas personas que han utilizado, para hacer una encuesta carísima el día 4 de mayo; que han utilizado dineros públicos de los bolivianos, del IDH, sin permiso del Congreso, sin autorización de los procedimientos que mandan la utilización de esos dineros, tienen que responder de sus actos", sentenció el Dignatario.

García Linera, en declaraciones a la Red Patria Nueva, señaló que estas autoridades son protegidas "eventualmente" en la Cámara Alta por los senadores de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos), pero que no persistirá por mucho.

"Si no tenemos mayoría hoy (en la Cámara de Senadores), tendremos mayoría en tres meses, cuatro, cinco, ocho o diez meses y esos señores tienen que rendir cuentas de esa malversación de fondos", aseveró.

"Esas personas tendrán que rendir cuentas de sus ilegalidades", insistió.

García Linera dejó en claro que no se trata de una amenaza a los prefectos, sino una acción que deben cumplir.

"Sin ningún ánimo de amenazar a nadie, tengo la obligación de cumplir mi deber. Yo he jurado hacer cumplir lo que manda la ley y la Constitución, y tengo que hacerlo, pese a quien pese, más pronto o más tarde, con mayoría o con minoría congresal, este año o el siguiente, tengo que cumplir lo que la ley manda", aseveró.

GASTO MILLONARIO

Los prefectos de los departamentos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Tarija, Mario Cossío, y de Santa Cruz, Rubén Costas, en menos de dos meses - mayo y junio- gastaron 22.500.000 bolivianos, recursos de sus regiones, para realizar consultas populares ilegales que pretendían validar estatutos autonómicos.

La Ley de Hidrocarburos No. 3058, del 18 de julio de 2004, establece que los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) únicamente podrán ser utilizados para la ejecución de proyectos educativos, de salud e infraestructura.

Sin embargo, el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, utilizó 11.200.000 bolivianos del IDH para financiar su consulta para validar su estatuto autonómico el 4 de julio.

Su colega prefecto del departamento del Beni, Ernesto Suárez Sattori (Podemos), con recursos del IDH también utilizó 3.300.000 bolivianos para intentar dar legalidad a su estatuto autonómico el 1 de junio.

En esa misma fecha el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (Podemos), utilizó 3.500.000 bolivianos del IDH para pretender dar legalidad a su estatuto autonómico.

Mientras que el prefecto de Tarija, Mario Cossío, utilizó 4.500.000 bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para intentar legalizar su estatuto autonómico el 22 de junio.

En los cuatro casos, la convocatoria a esa consulta fue declarada ilegal por la Corte Nacional Electoral (CNE), porque ninguna contó con una ley aprobada por dos tercios de voto del Congreso Nacional como lo establece la Ley de Referendo y la Constitución Política del Estado.

Además, que la redacción del estatuto autonómico, en los cuatro casos, fue realizado por consultorías o consejos departamentales designados por el Prefecto de departamento y no por elección como lo establece la ley.