Investigador: Sin control, el 50% del territorio está en riesgo de degradación
Martes, 17 / Abr / 2012
(PIEB)
De no aplicarse medidas estrictas de regulación, control y protección del medio ambiente y los recursos naturales, los procesos de degradación ambiental podrían ocasionar una pérdida drástica de recursos y servicios eco-sistémicos en los próximos diez años, que llegarían afectar hasta el 50% del total del territorio nacional, advierte el biólogo e investigador, Marco Octavio Ribera.
En su libro “Primera aproximación a un inventario de Unidades Ecoregionales Amenazadas en Bolivia” el responsable del Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), ofrece información actualizada sobre el estado de conservación de los ecosistemas en Bolivia, pero a la vez, algunas proyecciones de continuar con las actuales tendencias.
Ribera sostiene que a partir de la aprobación de la Ley 1333 de Medio Ambiente (1992) y la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), paradójicamente comenzaron los procesos intensivos de colonización, se ampliaron de manera sustancial las fronteras de plantaciones de soya a la par de la deforestación de bosques, además de intensificarse las actividades extractivistas relacionadas a la explotación de minerales e hidrocarburos.
“No se tomaron precauciones más allá de las áreas protegidas, de cualquier manera avanzó la degradación, no hubo grandes contenciones ni políticas favorables para reducir los impactos ambientales a los ecosistemas”, explica.
Basado en información recogida de imágenes satelitales de las últimas tres décadas, bibliografía referente al tema, así como los informes la Liga de Defensa del Medio Ambiente sobre el Estado Ambiental de Bolivia 2008, 2010 y 2011 y el Perfil Ambiental País (PAP) de la Unión Europea, entre otras fuentes, el investigador advierte de la
expansión de la degradación y deterioro de la superficie territorial.
Señala que actualmente el 35% del territorio nacional se encuentra en buen estado de conservación al igual que sus servicios ecosistémicos, aproximadamente un 40% en estado intermedio, pero en franco proceso de reconversión del uso del suelo, mientras que más del 25% se encuentra en estado crítico, donde figura gran parte de las tierras bajas, la Chiquitanía cruceña, el Norte integrado del departamento de La Paz, Guarayos, Los Yungas, Guayaramerín y los alrededores de Cobija, las llanuras chaqueñas y las zonas semimontanas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), entre otros.
“Las políticas económicas del Gobierno han promovido directa e indirectamente las lógicas extractivistas, dando lugar a una transición de un extractivismo relativamente moderado -imperante hasta fines de 2010- a un extractivismo depredador, mucho más intensivo que ha dado como resultado un mayor marginamiento y debilitamiento de la gestión ambiental en el país”, señala.
El cambio de uso del suelo ha incrementado el número de eco-regiones, ecosistemas y comunidades naturales en estado crítico, debido principalmente a las presiones de avance de las fronteras agropecuarias, quemas extendidas, contaminación a gran escala o impactos de mega-proyectos
En su estudio Ribera advierte que el Gobierno bajó el perfil del discurso de protección de la “Madre Tierra” para dar fuerza al dirigido a las políticas desarrollistas y a la generación de capital, lo cual requiere de una reingeniería en la gestión ambiental si no se quiere que el país transite por la ruta de sus vecinos como Chile o Argentina, a nombre de desarrollo destruyeron importantes reservas ecosistémicas.
