Estudio: Autoridades mujeres suscriben documentos en contra de su voluntad
(Foto: ABI)
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(PIEB)
Una sistematización y análisis sobre 249 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres (2000-2009) logró identificar trece tipos principales de actos de violencia, de los que el principal, con un 41%, se refiere a la presión contra las autoridades electas para que suscriban todo tipo de documentos (incluso papeles en blanco) o avalen decisiones contrarias a sus principios e interés público.
Los trece tipos de actos de violencia identificados fueron incorporados en la propuesta de ley contra el acoso y la violencia política en razón de género, que finalmente se aprobó el 28 de mayo de 2012. La consultora legal de ACOBOL, Ingrid Davezies, explicó que de esa manera se cuenta ahora con un instrumento jurídico legal para exigir no solo que se protejan los derechos políticos de las mujeres, sino que se garantice no cometer más acoso y violencia política.
Del total de casos denunciados entre 2000-2009, el 40% fue derivado a instancias públicas de gobierno “pero quedaron impunes”: 32,4% no tuvo ningún tipo de respuesta, mientras que en 7,6% de los casos las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en la situación.
Las mujeres autoridades, titulares o suplentes, son principalmente forzadas a firmar documentos en contra de su voluntad (incluso papeles en blanco, que temen sean utilizados para presentar su renuncia), seguido de la coacción para el cumplimiento efectivo de sus funciones.
Davezies advierte que si bien se ha logrado promover la participación política de las mujeres, todavía no se ha alcanzado el 50% de esa presencia en espacios estratégicos de toma de decisiones, considerando puestos que van desde nivel central hasta el nivel departamental, regional y municipal.
Un hecho que marcó la situación de las mujeres que ejercen responsabilidad de cargos público fue el asesinato de la concejala Juana Quispe, el año pasado. La intervención del Programa Conjunto: Promoviendo el cambio en paz logró sistematizar la información sobre la intervención en la prevención de la violencia política, así como mejorar la prestación de servicios legales de ACOBOL.
A la vez se trabajó en el diseño de un protocolo de atención a las víctimas de acoso y violencia política en razón de género, después de un proceso de formación y sensibilización a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y del Órgano Electoral Plurinacional en esta temática.
Este trabajo se hizo en el marco del Programa Conjunto: Promoviendo el cambio en paz, impulsado por varias agencias de la Organización de Naciones Unidas. En este caso los actores centrales fueron la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), sus filiales en todos los departamentos del país, asociaciones municipales y otras instituciones gubernamentales interesadas en el tema.
En las conclusiones del estudio de caso se plantea que “la frágil posición de las mujeres se refleja en su necesidad de responder muchas lealtades: el electorado, las organizaciones de mujeres, otros concejales y con frecuencia a estructuras de partido sumamente jerárquicas y dominadas por los hombres”.
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