Los planes para paliar la sensación de inseguridad pasan por diseñar un marco estratégico de seguridad jurídica, reformar la Policía, descentralizar roles, despolitizar instituciones y promover una mayor participación ciudadana.
La coincidencia es devolver al Estado el rol esencial de garantizar la seguridad ciudadana. También se precisó que la Policía no es la única entidad responsable del resguardo de la sociedad, pero su reestructuración es una tarea urgente.
Juan Ramón Quintana, sociólogo (sentado al fondo) hizo un comentario sobre cada una de las ponencias partidarias sobre seguridad ciudadana. En la foto, el delegado del MNR, Hugo San Martín expone su propuesta, al lado izquierdo lo escucha David Crespo, de NFR, y al frente Ximena Prudencio, de NFR y Róger Pando del MIR. UCS no asistió.
Sábado 9 de junio del 2001. Daniel Ortíz, de 21 años, es descubierto en una villa de la ciudad cruceña de Montero al intentar robar seis gallinas. Los vecinos lo atrapan, golpean y lo atan al palo diablo, un árbol del que salen hormigas venenosas.
Como ese caso, media centena de linchamientos ocurrieron en el país desde el año pasado hasta este primer trimestre. La gente empezó a tomar la justicia por mano propia y su actitud violenta no cesa.
En otros escenarios, la Policía pasa por una crisis, los políticos aún meten las manos en instituciones encargadas de la justicia y se mantienen viejos casos de corrupción sin castigo. El detalle es parte del diagnóstico de la inseguridad pública.
Cuatro representantes de partidos con mayor potencial de intención de voto —según encuestas— se reunieron en La Razón para proponer algunas acciones específicas.
La coincidencia es devolver al Estado el rol esencial de garantizar la seguridad ciudadana. También se precisó que la Policía no es la única entidad responsable del resguardo de la sociedad, pero su reestructuración es una tarea urgente.
Para Roger Pando, delegado del MIR y candidato a diputado, la inseguridad ciudadana es un componente de la inseguridad jurídica, que es en realidad el fondo del problema.
“Hoy la misión del Ministerio de Gobierno, de la Policía, de los jueces y de todos los organismos del sistema jurídico tiene disfunciones o superposición de funciones que deben ser corregidas a partir de una reingeniería de seguridad nacional. Lo central de la propuesta del MIR es reorganizar el sistema de seguridad jurídica”.
En su diagnóstico, la solución no pasa por entregar 10 revólveres más a los policías o por otra acción similar, inmediatista y represiva, sino por definir
una estrategia de Estado.
El concepto del ciudadano es destacado por ser el sujeto de la democracia y actor de lo que hoy se denomina sociedad civil.
“Nosotros identificamos la crisis entre la libertad y el orden. Parece un contrasentido que a más libertad tenemos menos orden y que si imponemos orden estamos tratando de coartar la libertad”.
Según Ximena Prudencio, candidata a la vicepresidencia por Justicia y Libertad, la delincuencia tiene como una de sus causas la crisis económica, por la cual algunos sujetos quebrantan la ley y otros toman la justicia por cuenta propia.
Su cuestionamiento apunta al abandono del rol del Estado de dar seguridad, lo que se manifiesta con la proliferación de mecanismos por los cuales esa necesidad se privatizó.
Como alternativa, propone la modificación de las medidas cautelares, la desconcentración de la Policía y la restitución de las atribuciones del Estado como responsable de la seguridad.
Hugo San Martín, del MNR, advierte que el tema es parte imborrable de la agenda política. En su análisis destaca que hay cuatro opciones, la primera es la acción represiva que consiste en agudizar las penas, la segunda es instalar medidas preventivas de vigilancia y control, con mecanismos electrónicos y adecuación de personal civil que preste guardia en los barrios, pero esto implica un costo para la población como ya sucede con los servicios de seguridad privada. San Martín subraya que el riesgo es el desplazamiento delictivo hacia otras zonas.
El tercer camino es la acción sociopreventiva y toma a la baja calidad de vida como uno de los elementos de incidencia delictiva. La cuarta opción, por la que su partido se inclina, es la reestructuración institucional.
En ese esquema, se menciona a la Policía como una entidad con un esquema militarizado y con intromisión política. Su propuesta habla de depurar a los implicados en corrupción, modernizar la Academia, crear un Instituto Científico Forense para restituir a la PTJ, reformar los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos, crear una procuraduría defensora de los intereses del Estado, quitar la atribución parlamentaria para la elección de los fiscales y promover la participación ciudadana a través de foros vecinales, municipales y departamentales de seguridad.
Para el diputado de NFR, David Crespo, lo que falta es la elaboración de una política contra el crimen que atienda el problema en sus componentes de prevención, protección y respuesta. La ausencia del rol del Estado es otra vez citado, lo que tiene como secuela el incumplimiento
de la ley.
En lo específico, NFR plantea intensificar el control en las fronteras para evitar la presencia de criminales de bandas internacionales, reestructurar el Ministerio Público, mejorar el comportamiento de los jueces y reponer al Consejo de la Judicatura su atribución de sanción. Como un componente adicional, propone garantizar la reinserción de los reclusos.
El analista y sociólogo Juan Ramón Quintana advierte, como contrapunto al planteamiento de los partidos, que la solución pasa por la emergencia de devolverle al Estado la autoridad y capacidad monopólica del uso de la fuerza, muchas veces ejercida por la Policía.
Los pilares sugeridos por Quintana son el fortalecimiento institucional con una concepción democrática que archive las prácticas vigentes heredadas de las dictaduras.
El otro soporte es la descentralización, porque “es insostenible pensar en una seguridad pública desde el Estado, cuando hay una geografía criminal que es heterogénea y que se corresponde con distintas culturas y formas de hacer justicia”.
La atención para la reinserción de los reos, presos de extorsiones policiales y de la discriminación social, es otro punto que requiere una acción inmediata. Dejar la situación como está contribuirá, dice Quintana, a que la seguridad sea un privilegio de poderosos y la inseguridad un castigo a los débiles.
Róger Pando
Dirigente del MIR y candidato a diputado plurinominal.
Lo central de la propuesta es reorganizar el sistema de seguridad jurídica que involucra a la seguridad ciudadana. Esta debe ser una política de Estado y no un asunto de pura represión, no se trata de darles más revólveres a la Policía ni tener sólo una visión represiva. Se requiere hacer una reingeniería y una visión estratégica.
Ximena Prudencio.
Candidata a la vicepresidencia
por Libertad y Justicia
La propuesta de LyJ pasa por la desconcentración de poderes, la desmilitarización de la Policía, la restitución del rol del Estado en temas de seguridad ciudadana y la revisión de las medidas cautelares. Los seres humanos se sienten en la necesidad de hacer justicia por mano propia y se ha privatizado el servicio de seguridad que es rol estatal. Hugo San Martín
Dirigente del MNR y candidato
a diputado uninominal.
Se debe reformar y depurar la Policía y despolitizar el Ministerio Público. En caso de ser Gobierno, en 90 a 120 días se tendrían los lineamientos de la reforma. La PTJ debe ser sustituida por el Instituto de Investigaciones Forenses y se habilitaría una oficina del Defensor del Pueblo en la Policía. Se impulsará la
participación ciudadana.
David Crespo.
Dirigente de NFR y diputado.
En la Policía se deben cortar los centros de corrupción como son Tránsito e Identificación, se debe crear una Policía ciudadana, intensificar el control en fronteras para evitar el ingreso de miembros del crimen organizado, se debe ejecutar un plan de reinserción de reclusos y devolver al Consejo de la Judicatura su atribución de sanción.
Las frases
“El Estado debe asumir un plan maestro para la seguridad jurídica. La seguridad ciudadana es parte de ella”.
Róger Pando
Representante del MIR
“Si hablamos de seguridad ciudadana, debemos analizar la pobreza, la inequidad y la discriminación”.
Ximena Prudencio
Representante de JYl
“Hay cuatro caminos, el más adecuado es la transformación en la Policía y en el aparato judicial”.
Hugo San Martín
Representante del MNR
“Se requiere una política contra el crimen con sus componentes de detección, prevención, protección y respuesta”.
David Crespo
Representante de NFR
Contrapunto
Es un enfoque menos convencional. Cuando se piensa en la seguridad ciudadana, inmediatamente se asocia a la Policía. Deberíamos pensar en una política de Seguridad Pública. Eso tiene que ver con el ejercicio de la autoridad pública. El Ministerio de Gobierno no es una entidad que garantiza la seguridad y se ha convertido en un mecanismo represivo. (Juan Ramón Quintana)
No es correcto hacer una relación causal entre pobreza y delincuencia. Lo que hemos visto es que los mayores márgenes de impunidad, autonomía y corrupción no están concentrados entre la gente pobre. Hay prácticas delincuenciales de cuello blanco, como la de algunos banqueros o empresarios evasores de impuestos, o parlamentarios cuestionados por sus prácticas delictivas. (JRQ)
Se debe modificar la institucionalización para devolverle al Estado, porque la perdió, la capacidad monopólica del uso de la fuerza. Una de las instituciones al margen del Estado es la Policía. Su capacidad deliberativa y conspirativa ha colocado a la democracia en una encrucijada y se ha convertido en un factor de inestabilidad y está generando crisis permanentes de gobernabilidad. (JRQ)
Cuando se habla de una política de Seguridad Pública se hace énfasis en la Seguridad Ciudadana. Es una idea interesante rediseñar una política criminal en Bolivia, pero debería tener los siguientes componentes: la justicia y la calidad de quien la administra, el rol de la Policía y un sistema penitenciario en el que el Estado tenga la capacidad de reinserción de quienes transgredieron la ley. (JRQ)
