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11/20/2002

Las cárceles en Bolivia están hacinadas

(La Paz - La Razón)
Los sentenciados y detenidos preventivamente llenan más los penales. Morros Blancos de Tarija tiene capacidad para sólo 80 personas, pero hay 229. San Pedro de La Paz fue diseñado para 400 y habitan 1.011.

El Gobierno pidió al Poder Judicial a no enviar más detenidos a las cárceles con mayor índice de hacinamiento. La directora de Régimen Penitenciario, Agueda Burgos, dijo que las cortes de Distrito deben remitir detenidos a los penales donde aún hay capacidad para albergar a internos.

“En La Paz tenemos el penal de San Pedro totalmente hacinado. Mientras que Chonchocoro es una cárcel con una capacidad para aproximadamente 400 personas, sin embargo apenas contamos con 98 internos”, dijo Burgos.

El hacinamiento es un problema social producto de la herencia del viejo sistema procesal. Con la puesta en vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal sólo entran a las cárceles los que tienen sentencia y detenidos en forma preventiva cuando se determina si hay riesgo de fuga u obstaculización en el avance del proceso judicial. Antes los jueces remitían a las cárceles a las personas sospechosas de haber cometido un determinado delito.

Otra medida que se aplicará para evitar el hacinamiento es la clasificación de los reos. Los que tienen sentencias por delitos muy graves serán remitidos a penales de máxima seguridad.

Asimismo, serán separados los mayores de los menores, los que tienen sentencia ejecutoriada, los que están detenidos por menor gravedad. Paralelamente se tiene previsto realizar nuevas construcciones de centros penitenciarios.

Un informe de la Dirección de Régimen Penitenciario indica que la cárcel de Morros Blancos, de Tarija, es el centro con el mayor índice de hacinamiento, con el 186.25 por ciento. Le sigue San Pedro de La Paz con 152.75 por ciento y Palmasola de Santa Cruz con el 144.6 por ciento.

Los reos de la carceleta de Yacuiba, cuyas instalaciones se encuentran en dependencias del Comando de la Policía, aprobaron un voto resolutivo para no permitir el ingreso de un interno más. Entre las

cárceles que no registran el problema están: San Sebastián-varones, de Cochabamba, Cantu- marca de Potosí, Centro de Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores de La Paz.

Al problema del hacinamiento se suma la falta de recursos económicos. La Dirección de Régimen Penitenciario tiene un techo presupuestario de 15.281.000 bolivianos para la gestión 2002. A la fecha los gastos sobrepasan en 20 mil bolivianos. El presupuesto de la próxima gestión registrará un decremento mayor a los 5.000.000 de bolivianos.

Respecto a la seguridad penitenciaria, la cárcel de San Pedro de La Paz tiene el mayor número de efectivos policiales, con 1.426 uniformados, le sigue Palmasola con 1.009 policías.

Los centros penitenciarios que registran menos de 10 guardias son: San Martín de Porres, en Pando, y San Roque de Sucre. En las 19 cárceles del país hay 4.946 efectivos policiales.

La transferencia no avanza

En 11 meses, los ministerios de Justicia y Gobierno de la anterior y actual gestión conformaron dos comisiones de trabajo orientadas a concretar la transferencia de los centros penitenciarios a tuición de la cartera de Justicia, proceso que deberá concluir en agosto del 2003.

Estas instancias comenzaron la elaboración de un plan estratégico quinquenal para el funcionamiento del nuevo régimen penitenciario del país. Este proyecto comprende la clasificación de la población penitenciaria, capacitación del personal interno de las cárceles para la implementación de la Ley de Ejecución Penal.

Además, la aplicación del Seguro Materno Infantil en el interior de los centros de reclusión, la realización de una consulta a nivel nacional sobre la infraestructura en los 87 centros penitenciarios del país, 17 en capitales de departamento y 70 en el área rural.

El nuevo Código da resultados

A un año y medio de vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), la cantidad de presos sin sentencia, que en su mayoría corresponden al viejo sistema, bajó del 90 al 75 por ciento en el país.

La afirmación corresponde al abogado Reynaldo Imaña, quien dijo que la actual población carcelaria se incrementó con reos sentenciados o acusados que, por riesgo de fuga u obstaculización de la investigación, deben permanecer con detención preventiva. De acuerdo al abogado, el último informe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, que señala que de 5.055 internos en las 19 cárceles del país, sólo 1.372 tienen sentencia, mientras que 4.133 no, se debe a la herencia dejada por el anterior sistema de procedimiento penal. “Dentro de dos años no existirán más resabios del viejo sistema inquisitivo donde se mandaba a la cárcel sin ninguna consideración”, dijo.




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