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14 de agosto, 2003

Las tierras para la castaña en Pando están a punto de revertirse al Estado

(La Razón)
El saneamiento en ese departamento está a punto de concluir y no existe una definición acerca de qué es lo que se hará con las barracas de castaña, porque la Ley Forestal dice que esos terrenos sólo pueden concesionarse y no darse en propiedad.

Debido a que no existe un procedimiento legal para adecuar las áreas de los castañeros a la Ley Forestal, esas tierras están a punto de revertirse al Estado, en vista de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está a un paso de concluir el saneamiento de toda la superficie del departamento de Pando.

Los castañeros utilizan tres millones de hectáreas del nortino departamento para la producción de castaña —en las denominadas “barracas”— que luego se industrializa y se exporta. Pero aquéllas no han sido adecuadas a las leyes.

El INRA está haciendo un saneamiento de toda la región para verificar si la tierra cumple la denominada función económico-social y que —habiendo avan- zado un 95 por ciento de ese trabajo— está a un paso de revertir las tierras de la castaña al Estado, porque los empresarios no han regularizado la situación de las barracas pandinas.

A pesar de que hubo un intento de los latifundistas, entre los que figuraban —según la información que cursa en el INRA— los ex parlamentarios Peter Hecker y Sandro Giordano, entre otros, de obtener la propiedad de las barracas a través del INRA, esa posibilidad se negó primero porque generó un conflicto con las comunidades indígenas de la zona, pero además, porque la Ley Forestal establece que los recursos forestales son de propiedad exclusiva del Estado y ese derecho no pueden transferirse, salvo en concesión. Como no hubo pedidos de concesión ante la Superintendencia Forestal, el Estado no tiene otro camino que revertir esas tierras a su dominio, sobre la base del saneamiento ya hecho por el INRA, situación que ha generado ya un conflicto.

“Ese conflicto ya existe, porque no hay un procedimiento específico sobre cómo debe hacerse la migración de las barracas a concesiones forestales. Eso puede generar un foco de tensión, por eso tenemos que ponernos de acuerdo cuanto antes para encontrar una solución a este problema, ahora que tenemos la oportunidad”, señaló al respecto el viceministro de Tierras, Henry Oporto.

En realidad, ya en 1999 se intentó consolidar la propiedad de las barracas mediante un decreto supremo que fue revertido ante el rechazo indígena, porque las comunidades suponían que esta norma afectaría su territorio.

Según Oporto, ahora que el saneamiento está casi concluido, ya se ha identificado a las comunidades indígenas que recibirán títulos de propiedad y ellas no tendrán problemas. Pero los castañeros quedarán en medio de un vacío legal, con el riesgo de que cunda la inseguridad jurídica en Pando, cuando el Estado debería preservar las inversiones.

Según admitió el viceministro, el conflicto ya es una realidad y existe presión en Pando para que este problema se solucione de una vez. El arreglo vendrá, aseguró, a través de una norma que respete la Ley INRA, la Ley Forestal y que no altere la propiedad de las comunidades indígenas asentadas en todo el departamento de Pando.

La mitad de Pando se encuentra en conflicto

El departamento de Pando tiene una superficie total de 6,2 millones de hectáreas, la mayor parte de ellas sometidas al saneamiento que hace el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Tres millones de hectáreas del terreno en saneamiento son utilizadas para la explotación de castaña, es decir que la mitad de la superficie de este nortino departamento está en conflicto por la propiedad de las llamadas barracas.

Esta situación agrava el problema en que se encuentra ahora el Gobierno, que según el viceministro de Tierras, Henry Oporto, puede agravarse si es que no se encuentra una solución cuanto antes para el conflicto de las barracas que no regularizaron su situación legal.

Pese a todo, el INRA está pronto a entregar títulos de propiedad de 2 millones de hectáreas a diversas comunidades indígenas que recibirán tierra.
El departamento de Pando no es el único en que se produce castaña. En la provincia Vaca Díez del Beni, 1,2 millones de hectáreas se destinan a ese fin. Lo mismo ocurre en el norte de La Paz. Allí, 2 millones de hectáreas también son castañeras.

Ambas regiones son también posibles fuentes de conflicto cuando el INRA llegue con el saneamiento a esas zonas, donde tampoco se han regularizado las concesiones forestales.




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